Dedicación no tan exclusiva

La ley es para todos, pero a condición de que se aplique. A usted o a mi nos puede caer la del pulpo por utilizar una base de clientes para enviarles una comunicación comercial sin pedirles previamente su autorización, pero el comisario Villarejo, después de jubilado, ha entrado con toda normalidad 122 veces en la base de datos más secreta de la policía española (que tiene cinco con distintos niveles de restricción) sin que nadie le retirase la clave, ni le llamase al orden. Y lo hacía, como hemos sabido ahora, para vender esa información a banqueros, políticos y a cualquiera que pagase bien. Con esta información en la mano, podían conocer los puntos flacos de sus rivales y utilizarlos en sus disputas de poder. Que eso lo hiciese el policía más laureado, y que esté chantajeando ahora a todos los poderes del Estado es un síntoma de a dónde habíamos llegado. Villarejo estaba por encima de la ley, utilizaba en su beneficio los resortes más delicados y se hacía rico. Afortunadamente, nada de eso está sirviéndole ahora para salir de la cárcel, lo que indica que algo ha cambiado. Quizá porque había tirado demasiado de la cuerda.

Han hecho falta jueces comprometidos, pero hará falta mucho más empeño para cambiar un sistema demasiado proteccionista hacia sí mismo. Mientras que el ciudadano empieza a ser sospechoso por todo, y especialmente para Hacienda, en las estructuras de poder se han cocinado demasiados chanchullos, y no solo de políticos, que fueron los primeros en salir a la luz. La grabadora de Villarejo empieza a demostrar con qué facilidad se puede trabajar de policía por las mañanas y vender esa misma información por la tarde al partido o al empresario que pague más.

Tres de los miembros del Supremo tenían cosas mejores que hacer el día en que se resolvía el mayor tsunami jurídico-tributario-financiero. Su voto hubiese sido decisivo

Si Villarejo no hace mucho por el prestigio de la policía, el Supremo tampoco le anda a la zaga a la hora de investir de autoridad a los jueces, una extraña moda de dinamitar las instituciones desde dentro, como si no faltasen quienes quieren cargárselas desde fuera. Es tedioso volver a referirse a la inconsistencia de quienes ante un mismo hecho pueden decir hoy negro, mañana blanco y pasado negro otra vez. Quizá sean meras diferencias de criterio unidas a una catastrófica gestión del caso. Lo que resulta más indignante es que, ante la decisión más importante de su vida profesional, en la que se jugaban miles de millones de euros de bancos, clientes y administraciones públicas, tres votos decisivos de otros tantos jueces del Supremo no llegaran a emitirse porque los señores magistrados ese día tenían mejores cosas que hacer. Uno de ellos por un asunto familiar, otro por un viaje y un tercero porque ese día tenía una reunión de la Junta Electoral Central. Cualquiera de esos tres votos hubiese desequilibrado el resultado y poco menos que cambiado la historia jurídico-económica del país. Un asunto menor para quien tenía cosas mucho más importantes que resolver ese día.

Es evidente que en la empresa privada, a ningún ejecutivo que le pagan por su trabajo hubiese podido ausentarse en un tema decisivo para el futuro de la compañía, porque ese día tenía un viaje, pero parece que en la Administración puede haber ocupaciones más prioritarias que resolver –y mojarse– sobre el mayor tsunami jurídico-tributario-financiero de los últimos años. Y no conviene olvidar que cualquiera de esos tres votos podía haber cambiado el resultado.

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