Los acreedores votan la continuidad de Santal

Mármoles Santal seguirá en el mercado. No en el lugar donde ha estado emplazada, al borde de la Ría de Solía, ni con la misma actividad. Probablemente se convertirá en una mera comercializadora de mármoles y, a lo sumo con algunos procesos de pulido, pero la compañía no se liquidará.
Así lo han aceptado los trabajadores y los acreedores. Una solución que para la familia gallega Fernández Sousa, principal accionista, puede ser más cara, pero que le evita el duro trance de pasar por los juzgados. Los propietarios de Santal, que también lo son de Pescanova –una de las diez mayores compañías pesqueras del mundo– y de la farmacéutica Zeltia, invirtieron en la empresa cántabra como lo han hecho en muchas otras compañías no cotizadas, con el ánimo de sacarla de la crisis en que se encontraba y rentabilizarla, pero el resultado en este caso ha sido muy poco productivo y bastante incómodo, sobre todo si los jueces consideraban que había habido una gestión dolosa.

Vuelta a la crisis

La empresa astillerense de mármoles, que tradicionalmente ha pertenecido a la familia cántabra Fernández-Escárzaga se encontraba en una situación crítica cuando fue vendida a finales de 2003 por un euro simplemente para evitar la suspensión de pagos. Los propietarios de Pescanova suscribieron una ampliación de capital por importe de un millón y medio de euros, que les dio una holgada mayoría y confiaron la gestión a un gerente que no sólo no resolvió los problemas sino que los amplió, con decisiones muy cuestionables.
La empresa no tardó en volver a la situación de crisis y en esta ocasión ya no pudo eludir la suspensión de pagos. La juez que recibió la situación concursal en 2005 nombró a dos administradores, Dámaso López de Atalaya, presidente del colegio de Titulados Mercantiles, y el abogado Juan Madrazo. El tercer administrador fue nombrado por uno de los principales acreedores, Banesto, en la persona del abogado Luis Bastida.
Sin liquidez siquiera para adquirir mármol, los gestores de la suspensión de pagos no han podido hacer otra cosa que mantener abierta la empresa con meros trabajos de maquila y una regulación de empleo que afectaba a dos tercios de la plantilla. En un mercado donde el silestone está arrebatando una buena parte de la clientela al mármol, y donde cada vez es más frecuente la importación de la piedra en tableros ya cortados desde China, el papel de Santal era poco viable y, menos aún con la maquinaria de que dispone. No obstante, uno de los administradores, Dámaso López de Atalaya, emitió un informe positivo de viabilidad que los acreedores finalmente han respaldado, lo que ha representado una pequeña sorpresa, ya que los otros dos administradores proponían la liquidación y que se sustanciasen las posibles responsabilidades ante el juzgado, para que los accionistas respondiesen con su patrimonio a la totalidad de la deuda.
López de Atalaya confiaba en que con la actual plantilla –apenas ocho trabajadores– y la acreditación de la marca, la empresa puede tener viabilidad convertida en una comercial.
Santal llegó a tener 140 trabajadores, pero desde la suspensión de pagos apenas quedaban 25. En los últimos meses, los propietarios han llegado a acuerdos con los sindicatos para indemnizar a más de la mitad de los operarios, de forma que el problema social estaba prácticamente resuelto antes de llegar a la junta de acreedores donde, no obstante, los trabajadores también estaban representados.
El obstáculo más significativo para el acuerdo era, aparentemente el de los bancos, pero la mayoría de ellos votaron en favor de la propuesta de López de Atalaya, que suponía cobrar el 66% de la deuda en diez meses. Sólo se opusieron Caja Cantabria, su filial Bancantabria y Banesto.
A la junta había concurrido medio centenar de acreedores a los que la compañía adeuda 4,2 millones de euros y para aprobar el convenio era imprescindible que votase a favor al menos el 51% de los titulares de créditos ordinarios, porcentaje que quedó muy sobrepasado.
Hubiese bastado una alianza de los bancos para haber creado un serio problema a los accionistas, dado que la administración judicial ha puesto de relieve que, como ocurre en muchas otras empresas que trabajan con marmolistas dedicados a la fabricación de lápidas o a la instalación de cocinas, una parte significativa de las ventas no se declaraban.

Venta de los terrenos a Capilsa

Los propietarios han realizado recientemente una ampliación de capital por importe de 600.000 euros y tenían comprometida la venta de los terrenos donde se asienta la fábrica al empresario Ramón Cano Pila (Capilsa) en seis millones de euros, con lo que la empresa consigue recursos suficientes para hacer frente a la deuda en las condiciones que finalmente se han aprobado.
Los propietarios de Pescanova reducirán el capital de Santal a cero, lo que supondrá la salida definitiva de los accionistas tradicionales, que apenas conservaban un 8%, y harán una nueva ampliación de 600.000 euros. Además, la cortadora de mármoles tendrá que irse de los terrenos que ha ocupado durante medio siglo, cuyo valor estratégico es tan alto como incierto.
En realidad, una parte significativa de los 29.000 m2 que ocupa es una concesión de Costas y, en teoría, debe retornar al Estado en el 2018. Este hecho ha frenado a muchos interesados en la compra. No obstante, Capilsa dispone de informes jurídicos para defender con éxito en los tribunales la conversión de la concesión en propiedad, pero no hay una certeza absoluta de que eso ocurra. De consolidarse, el valor de estos terrenos será muy superior al que ahora se ha fijado, ya que además de su gran valor paisajístico, se encuentran muy próximos al núcleo urbano de Astillero y a uno de los mayores ejes de comunicaciones de la región.