Editorial

E l Tribunal Supremo ha acabado con los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades vasco, una derrota que ha sido acogida con satisfacción en el resto del país. Y es probable que sea bueno para todos, pero también es probable que se haya mitificado su importancia sólo por el hecho de venir de donde viene, sin tener en cuenta que empiezan a aparecer diferencias cada día más notables entre las autonomías.
Las medidas que hasta ahora ha tomado el Gobierno vasco en el terreno impositivo, cuando las ha podido aplicar, que no ha sido siempre, han demostrado tener una eficacia muy diferente a la que cabía imaginar. Ni las vacaciones fiscales convirtieron Vitoria en el Luxemburgo español ni la reducción del Impuesto de Sucesiones animó a asentarse en Euskadi a los ricos del país. Es más, a día de hoy, la balanza con una de las comunidades aparentemente más perjudicadas por los cambios en el Impuesto de Sociedades, la nuestra, es claramente beneficiosa para Cantabria y las empresas vascas que han venido a la región superan a las cántabras que optaron por los aires vascos.
Eso no justifica, en absoluto, la competencia fiscal, que cambia las reglas de juego para las empresas dentro del ámbito español y comunitario. Si Francia o Alemania decidieran por su cuenta rebajar los impuestos que pesan sobre sus sociedades para hacerlas más competitivas frente a las de otros países europeos, todos lo tomaríamos como una deslealtad incompatible con el espíritu comunitario y no cabe entenderlo de otra manera cuando este mismo hecho se produce en el ámbito interno de un país.

El problema es que casi nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Quienes han festejado en Cantabria la decisión del Tribunal Supremo, debieran mirarse a sí mismos con más sentido autocrítico. Ellos mismos han utilizado esa política para competir deslealmente con otras regiones españolas al anular en la práctica el Impuesto de Sucesiones en parte con el inconfesable fin de atraer a la región los domicilios fiscales de ciudadanos con grandes patrimonios que residen en otros lugares. Una herencia media, que en la España común paga alrededor de 6.000 euros por este impuesto, en Cantabria apenas ha de abonar 60 y, si en este terreno modesto la diferencia ya es significativa, en el caso de las grandes fortunas el ahorro para los beneficiarios de la herencia puede alcanzar varios miles de millones de pesetas. Con un sentido de la justicia social bastante dudoso, el Gabinete de Martínez Sieso decidió compensar esta pérdida de ingresos subiendo la fiscalidad sobre la vivienda, de forma que quienes han pagado el pato –alguien ha de pagar siempre, porque este juego no es gratis– son las familias jóvenes que se compran un piso, por si no tuvieran ya bastantes dificultades para aquirirlo. Lo que resulta más sorprendente es que los socialistas, que ahora gobiernan, lo hayan dado por bueno con tal de captar esas hipotéticas fortunas que, en el mejor de los casos, sólo tendrían aquí su domicilio fiscal y no sus actividades productivas.
Es decir, que Cantabria y La Rioja –que siguió su ejemplo– actúan con el resto de las regiones españolas de la misma forma que tanto han criticado en el País Vasco, algo que, obviamente, no tienen mayor interés en significar. Pero conviene reconocerlo y ser más coherentes en las críticas porque, de lo contrario, se puede sacar la conclusión de que no se rechaza lo que se hace sino quién lo hace.

Las autonomías tienen derecho a mejorar las pensiones o añadir prestaciones sanitarias si tienen capacidad económica para hacerlo y están dispuestas a asumir el coste político de recaudar previamente esos recursos. Pero no tienen derecho a entrar en una subasta de impuestos que, en un mercado transparente, resulta inadmisible. Para atraer a empresas y a empresarios se pueden hacer muchas cosas pero no el ofrecerles gibraltares fiscales en medio de la Península. Bastante tenemos con soportar la competencia desleal y desvergonzada del que ya tenemos en la bahía de Algeciras.