Editorial

Usted y yo estamos separados por la misma distancia, la mida usted o la mida yo. Pero si aplicamos la vara de medir de la burocracia puede resultar que los metros sean muy distintos si la medida se hace en un sentido o en otro. El ejemplo más ilustrativo es el de Ferroatlántica, una fábrica que lleva cerca de un siglo emplazada en el mismo lugar y que, a pesar de todas las medidas que ha tomado para controlar la contaminación, sigue siendo una industria siderúrgica y, por tanto, insalubre, molesta y peligrosa. Esa etiqueta legal obliga a separar cualquier nueva instalación 2.000 metros de los núcleos habitados, lo cual puede parecer excesivo en una región como Cantabria, donde prácticamente es imposible no encontrar una vivienda en un radio tan grande, pero esa es la ley. Ahora bien, por alguna clase de lógica incomprensible, las viviendas que luego se construyan pueden instalarse a cualquier distancia de la fábrica. El Ayuntamiento de Astillero ha podido conceder, sin mayores problemas, una licencia para que los nuevos bloques puedan edificarse a sólo seis metros de la factoría. Como se puede ver, la distancia no es ni mucho menos la misma según se mida de la fábrica a las viviendas o de las viviendas a la fábrica. Y si bien es cierto que, por realismo, hoy resultaría imposible mantener sin uso urbanístico un perímetro de dos kilómetros en una región donde la mayoría de las industrias están en el entorno costero, hay una enorme distancia física y conceptual entre los 2.000 metros de la ley y los seis metros de la licencia que, después de muchos tiras y aflojas, han acabado siendo 50.

Hay que dejar claro que circunstancias semejantes se dan en muchos otros sitios de Cantabria, aunque el despropósito no alcance tal grado. Las actividades industriales se han entremezclado irresponsablemente con las urbanas, en unos casos por incapacidad de quienes estaban obligados a hacer un planeamiento racional y, en otros, por un afán especulativo del que han participado tanto los propietarios de suelo como las propias instituciones. El resultado es que casi nadie está dispuesto hoy a preservar ni siquiera una mínima parte de esos cinturones de salubridad que la ley reclama.
Todo ello no tendría mayor importancia si se tratase de una mera exigencia burocrática, pero el distanciamiento de las industrias tiene razones objetivas muy evidentes. En primer lugar, porque necesitan reservas de suelo donde poder expansionarse, ya que es imposible trasladar una fábrica cuando las necesidades de producción exigen más espacio. Tampoco puede olvidarse que se trata de actividades potencialmente peligrosas, aunque se incumpla sistemáticamente la Directiva Seveso que obliga a tener planes de evacuación de las poblaciones colindantes, uno de esos olvidos que sólo se lamentan cuando se produce una catástrofe. Y en tercer lugar, porque antes o después, los vecinos que compren esas viviendas con vistas preferentes a las chimeneas exigirán su desaparición y poco les importará si las chimeneas ya estaban cuando ellos llegaron. Eso pasará en Nueva Montaña y, que nadie lo dude, pasará en los terrenos de Sniace donde está previsto construir.

Las industrias de todo tipo han quedado envueltas por urbanizaciones y, a pesar del esfuerzo que han hecho en los últimos diez años por mejorar su condición ambiental, es inevitable que empiecen a sentirse unos vecinos no queridos. Es bueno que se plantee un nivel de exigencia ambiental tan alto como sea posible para estas actividades y, de hecho, las fábricas han tenido un nivel de respuesta superior al que cabía esperar, pero nunca serán un jardín. Y eso lo saben perfectamente quienes conceden las licencias para construir viviendas a la sombra de las chimeneas. Los problemas hay que saber evitarlos antes de que se produzcan y no vale la demagogia que empieza a resultar habitual en Cantabria. La de quienes se apuntan a la pancarta del desarrollo cuando lo que se trata es de justificar que todo el suelo sea construible; los mismos que más tarde aseguran ser los primeros defensores de la industria y que, si pasa a tiro, pontifican sobre el potencial del valor paisajístico de Cantabria después de haber acabado con él. Seamos coherentes, y empecemos por cumplir la ley.