Trampas de verano
No hay nada como una polémica sobre un asunto imposible de resolver para tenernos entretenidos, y este verano tenemos dos por el precio de una: la investidura, un sudoku cuya complejidad está alejando del debate incluso a los muy cafeteros de la política, y la financiación autonómica, que el Gobierno de Pedro Sánchez pone sobre la mesa para que las autonomías se enfrenten entre sí y segarle a Feijoo la hierba bajo los pies. Desde las elecciones del pasado 13J ha bajado sustancialmente el encarnizamiento político, ante el desaliento de gran parte de la derecha, que se replantea todas las estrategias anteriores para echar a Sánchez, y empieza a verse atrapada en la frustración.
En política lo anormal se convierte en aceptable con demasiada facilidad, basta con que lo normalice el tiempo. Incluso el vértigo al abismo de no tener gobierno lo superamos en 2016, cuando España estuvo 400 días en esa situación sin que pasara gran cosa. Pedro Sánchez había ganado las elecciones a finales de 2015 con bastante diferencia pero no pudo conseguir los votos de Podemos ni Ciudadanos para la investidura y Rajoy continuó en funciones hasta que se celebraron nuevas elecciones, que esa vez ganó el líder del PP. Tras esa experiencia, no se puede descartar que vuelva a ocurrir lo mismo. Pero a la vista de la capacidad de supervivencia de Sánchez en las situaciones más inverosímiles, puede pasar lo contrario, que antes de acabar septiembre se presente con un acuerdo de investidura bajo el brazo.
Sacar ahora la financiación autonómica es una trampa para Feijoo, que se verá atrapado por los intereses enfrentados de sus autonomías
Por el momento, nadie tiene demasiada urgencia en tratar de resolver este escenario endiablado que han dejado las elecciones, ante la sospecha de que perderá el primero que dé un paso equivocado y en Moncloa ya están aceitando el suelo para propiciar el error de Feijoo. Por lo pronto, han echado a rodar otra pelota al campo, la de la financiación autonómica, una polémica que los periódicos han comprado y magnifican porque en agosto no sobran los temas, exactamente el objetivo pretendido por el equipo de Sánchez. Se trata de un terreno tan pantanoso para Feijoo que, decida lo que decida, se enfrentará con parte de sus barones autonómicos.
Nadie ha tenido prisa hasta ahora por resolver la nueva financiación autonómica, a pesar de que debería estar en vigor desde 2015, lo que demuestra la enorme dificultad de contentar a todos. Ni lo intentó Rajoy ni lo ha intentado de verdad Sánchez, por las mismas razones. El que ahora se ponga sobre la mesa es un cebo en el que ha picado ingenuamente la derecha, en su deseo de utilizar como munición el coste que tendrían para España los votos de los nacionalistas catalanes a Pedro Sánchez.
Ya sea con los ajustes en el modelo de reparto que proponía el actual Gobierno a finales del pasado año o con otros distintas, Madrid (PP) siempre estará en el bando contrario al de Cantabria o La Rioja (también PP) porque reclama que se pondere más la población, lo que nos perjudica a las regiones relativamente poco pobladas. Estos mismos enfrentamientos surgirán, igualmente, si se aumenta la ponderación del coste sanitario efectivo por habitante o el del coste educativo, como proponía la ministra Montero, lo que en ambos casos beneficiaría aún más a Cantabria, que es la mejor parada con el actual modelo.
Esto es tan sabido que desde 2014, cuando venció el actual sistema de financiación de las autonomías, nadie se ha atrevido a abrir ese melón. Y, aunque algunos hayan repescado este debate, tampoco se abrirá ahora. Es, simplemente, una forma de presionar a Feijoo, que se vería obligado a poner paz entre las autonomías que controla (ahora casi todas) porque mientras este juego de reparto sea de suma cero, lo que gane una lo perderá otra, y tendría que mediar entre ellas o dejar que la sangre llegue al río.
Hay que ser conscientes de que, aunque el electorado lo soporta casi todo, no aceptaría ver cómo su comunidad sale perdiendo en una materia que, en el caso de Cantabria, es de vida o muerte: ahora mismo es la comunidad mejor financiada de España, al recibir 3.533 euros por habitante y año, frente a los 2.296 de Baleares o los 2.495 de la Comunidad Valenciana, las peor financiadas. Más, incluso, que Madrid (2.887 euros). Las cuatro comunidades están gobernadas por el PP y las cuatro van a tener puntos de vista muy distintos en la negociación. Incluso en el caso de que Génova consiguiese que estas diferencias no aflorasen públicamente, los perdedores no podrían ocultar el resultado, porque puede ser dramático. Para Cantabria, mantener esta aportación del Estado muy superior a la media es tan vital que con solo perder una parte resultaría imposible mantener la autonomía. Por tanto, parece muy improbable que se pueda llegar a un acuerdo en esta materia. Tampoco el PSOE saldría indemne de un guerra entre autonomías. Y cuando ocurren este tipo de situaciones, solo cabe dejarlo todo como está hasta que el tiempo acabe por ofrecer una salida. Eso o poner más dinero encima de la mesa, mucho más que ahora, porque no le bastará solo con satisfacer a los nacionalistas. ¿Lo habrá? Evidentemente, no. Por tanto, todo va a quedar como está y el pago a los independentistas catalanes, si se produce, tendrá que ir por otras vías.
