Obras Públicas dice desconocer los hechos por los que hay ocho detenidos y cinco empresas investigadas

La operación que ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia Tributaria en Cantabria con registros en la Consejería de Obras Públicas, varias empresas y domicilios particulares por presuntas irregularidades que podrían tener que ver con adjudicaciones de contratos públicos ya ha dado lugar a al menos ocho detenciones y que hay al menos cinco empresas investigadas, entre ellas la torrelaveguense Rucecan, La Encina y Api Movilidad, y no se descarta que puedan ser más, aunque no hay ningún dato oficial sobre identidades ni sobre los hechos concretos que se les imputan ya que se ha decretado el secreto de sumario.

Las investigaciones apuntan a un funcionario, responsable del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Carreteras y a la posibilidad de que haya estado cobrando comisiones por la adjudicación de obras. El Diario Montañés, que apunta esta hipótesis, asegura que la policía hayó en su vivienda 400.000 euros.

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha afirmado desconocer los motivos y las personas investigadas en la Consejería por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria pero ha asegurado que habrá «total transparencia» y colaboración para esclarecer los hechos, y no descarta personarse en el proceso si hubiera algún tipo de irregularidad.

A las 7.30 horas la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), con sede en Madrid, y la Agencia Tributaria accedieron a la sede de la Consejería y específicamente al servicio de conservación y mantenimiento de carreteras, en la quinta planta del edificio, donde han acordonado «dos o tres despachos de funcionarios», a la espera de que llegara la comisión judicial para hacer un registro. Unos 60 agentes participan en esta operación.

Según ha explicado el consejero , los agentes no han informado a la Consejería de los motivos de su presencia al haberse decretado secreto de sumario por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander –extremo éste último confirmado por Europa Press–. Además, a Gochicoa no le consta que se haya producido ninguna detención en la Consejería ni en ninguna de sus sedes.

Asimismo, tampoco le constan otros registros en oficinas del Gobierno de Cantabria, ni tampoco en empresas o de particulares, tal como anunció esta mañana la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones. En concreto, sobre posibles investigaciones a empresas que trabajan habitualmente con el servicio de mantenimiento de carreteras, la Consejería no tiene «ninguna constancia», ha dicho su responsable, que ha explicado que la mayoría de las empresas son de Cantabria, aunque hay alguna de carácter nacional.

Gochicoa ha manifestado que se han puesto a disposición policial «para ofrecerles un informático o cualquier tipo de documentación» porque «nuestra transparencia es máxima y todo lo que sea ayudar a la justicia a desentrañar los hechos que se están investigando es positivo para la sociedad».

De hecho, ha asegurado que si hubiera «cualquier tipo de irregularidad en algún contrato o funcionamiento de cualquier funcionario nosotros propondríamos personarnos como perjudicados», pero al haber secreto de sumario, actualmente «no sabemos lo que se está investigando».

Gochicoa ha ofrecido «colaboración máxima con la justicia» para que «se desentrañen los hechos cuanto antes» y «transparencia ante cualquier investigación que se abra», donde la Consejería aportará «todos los datos e información que conozcamos».

El consejero ha afirmado que en el resto del edificio de Obras Públicas «se sigue trabajando con absoluta normalidad; es decir, solo hay una pequeña zona de una planta afectada».

Gochicoa ha reconocido que ha sido «un día de disgusto», sobre todo porque «no habíamos tenido ningún tipo de conocimiento previo de ningún tipo de denuncia, investigación ni nada que pudiera estar en marcha con respecto a ningún servicio o funcionario de la Consejería».

En este sentido, a preguntas de la prensa, ha explicado que su departamento no llevaba a cabo ningún tipo de investigación interna porque no había recibido denuncias ni tenía sospechas «de nada» sobre este servicio que «viene funcionado de forma eficaz». «Antes de las 7.30 horas no hemos tenido ningún tipo de información, no nos consta ninguna denuncia ni información al respecto» sobre este servicio, que tiene más de un centenar de trabajadores, algunos de ellos desde hace «muchos años, con diferentes partidos políticos gobernando».

Al hilo, preguntado sobre la presunta implicación del jefe de servicio de Conservación de Carreteras, Gochicoa ha explicado que hoy un funcionario «con dilata experiencia», cuyo despacho se encuentra en la zona acordonada, que tenía una presentación, y ha pedido el día «por motivos personales». Se trata de un funcionario que «lleva muchos años trabajando para la Administración pública, con gobiernos de todo tipo, y que ha trabajado siempre en el ámbito de las carreteras», pero no ha confirmado que se trate del citado jefe de Conservación.

Al respecto, ha señalado que si es un funcionario quien ha cometido alguna irregularidad, espera que «caiga todo el peso que corresponde» sobre él porque no se puede «empañar la labor de una consejería tan importante».

En este sentido, Gochicoa ha destacado que el servicio de mantenimiento de carreteras «ha trabajado siempre bien» pero «si hay algún tipo de aprovechamiento de cualquier persona, todo el peso de la ley tiene que caer sobre esa persona». Si bien ha insistido en que desconoce los motivos –«puede haber cualquier tipo de motivos»– de la actuación policial porque «no nos han dicho nada de forma oficial».

A DISPOSICIÓN POLICIAL

Gochicoa ha manifestado que en la Consejería se han puesto a disposición policial «para ofrecerles un informático o cualquier tipo de documentación» porque «nuestra transparencia es máxima y todo lo que sea ayudar a la justicia a desentrañar los hechos que se están investigando es positivo para la sociedad».

De hecho, ha asegurado que si hubiera «cualquier tipo de irregularidad en algún contrato o funcionamiento de cualquier funcionario nosotros propondríamos personarnos como perjudicados», pero al haber secreto de sumario, actualmente «no sabemos lo que se está investigando». «No sabemos quién ha sido, si es un tema de un funcionario en particular, de empresas… No sabemos», ha insistido.

Y ha ofrecido «colaboración máxima con la justicia» para que «se desentrañen los hechos cuanto antes» y «transparencia ante cualquier investigación que se abra», donde la Consejería aportará «todos los datos e información que conozcamos».

El consejero ha afirmado que en el resto del edificio de Obras Públicas «se sigue trabajando con absoluta normalidad; es decir, solo hay una pequeña zona de una planta afectada».

NO DIMITIRÁ

A la pregunta de si piensa poner su cargo a disposición del presidente, Miguel Ángel Revilla, Gochicoa, que ha informado de estos hechos al Gobierno de Cantabria, ha considerado que hacerlo ahora sería «una irresponsabilidad» porque «lo que hay que hacer es saber lo que ha pasado y facilitar la mayor información» sobre este hecho, «que a lo mejor tiene que ver con empresas, que no lo sabemos».

La Consejería de Obras Públicas tiene una plantilla de más de 400 personas de las que más de un centenar están en conservación. El presupuesto de mantenimiento de carreteras de este año asciende a 16 millones de euros para atender limpieza de cunetas, vialidad invernal, podas, asfaltados, pinturas, etcétera.