UGT recupera los inmuebles de su patrimonio histórico

Setenta años después del expolio sufrido tras la guerra civil, la Federación cántabra de UGT se dispone a culminar el largo proceso de recuperación del patrimonio histórico incautado, del que aún subsisten varios inmuebles en la región cuya devolución formal se va a producir en breve plazo.
Un decreto-ley de octubre del pasado año ha reactivado el proceso iniciado en la década de los ochenta con la entrega del patrimonio sindical acumulado por los sindicatos verticales durante el franquismo a las centrales UGT y CC OO y a la patronal CEOE. Quedaba por resolver la parte más espinosa, la que afecta al patrimonio incautado tras la guerra, en la que obviamente ni CC OO ni CEOE tienen participación, dado que surgieron muchas décadas después.
El actual Gobierno ha modificado la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical de 1986, lo que le permite resolver uno de los principales escollos para la restitución del patrimonio que tenían los sindicatos históricos, la fijación de los criterios de valoración. No obstante, por el momento sólo ha regulado la restitución a UGT, quizá porque el retorno de los bienes de CNT resulta aún mucho más complejo.

Cooperativas y Casas del Pueblo

En Cantabria, la devolución permitirá que UGT recupere la titularidad de varios inmuebles que ahora son propiedad de la Administración del Estado, aunque el Ministerio de Trabajo se los cedió hace años al sindicato y recobraron su antigua función como Casas del Pueblo. Así, a la reciente devolución de la sede de Los Corrales de Buelna, le seguirán las de otros inmuebles históricos que aún se mantienen en pie, como los que poseía el sindicato en Reinosa, Camargo o Mataporquera. En otros casos, se entregará la titularidad de edificios que ya ocupa UGT, como ocurre en Torrelavega, donde la sede original de La Llama ha desaparecido, o con el edificio que utiliza el Instituto de Formación y Estudios Sociales del sindicato, en la calle Magallanes de Santander. Un inmueble relativamente moderno, donde la UGT cántabra tuvo su sede central hasta su traslado a Santa Clara.
El inmueble de Magallanes se levantó en el solar que ocupó la histórica Federación Obrera Montañesa, creada en 1922 para aglutinar a las organizaciones sindicales que decidieron adscribirse a la Unión General de Trabajadores, tras la segregación de las de tendencia anarquista.
Estos edificios son sólo una parte del patrimonio que llegó a acumular UGT en Cantabria desde su fundación hasta los años treinta del pasado siglo. Además de una veintena de Casas del Pueblo, contaba con tres cooperativas dedicadas a la producción lechera, una fábrica de alpargatas en Cabezón de la Sal y otra de pan en Santander. Esta última, situada en la calle de San Pedro, llevaba el nombre de ‘La Equidad’ y su creación respondió al deseo del sindicato de evitar un fraude muy extendido en la época, la venta de pan por debajo del peso legal.
De ninguna de ellas, ni de la gran mayoría de las Casas del Pueblo levantadas por el sindicato en muchos municipios queda presencia física, por lo que su devolución fue compensada tiempo atrás por la vía de la indemnización económica. Idéntico camino han seguido las reclamaciones por las cuentas corrientes incautadas, algo que afectó también a muchos dirigentes y afiliados.
La documentación remitida por la Federación Cántabra de UGT a la sede central del sindicato, que gestiona el proceso de recuperación de los bienes incautados, refleja más de cien reclamaciones de muy diversa índole, aunque la mayor parte de ese patrimonio ya ha sido devuelto o compensado.
El principal obstáculo para completar el proceso de restitución radica en la actualización del valor de los bienes requisados, algo que el decreto ley intenta resolver haciendo referencia al tipo de interés del mercado.
El sindicato hizo una cuantificación de los bienes en las primeras reclamaciones de devolución que presentó, pero de eso han pasado treinta años, por lo que tampoco podrían utilizarse sin una actualización. En el caso de Cantabria, el valor de los cinco inmuebles reclamados en 1976 –dos en Santander, situados en donde estuvo la vieja policlínica de Santa María Egipciaca y en Magallanes 6, y los que ocupó el sindicato vertical en Los Corrales de Buelna, Reinosa y Mataporquera–, se estimó entonces en unos 35 millones de pesetas. Unas cifras muy alejadas del valor actual.
Las posibles dudas sobre los derechos de UGT sobre cada uno de estos edificios parecen definitivamente despejadas. Según la historiadora Cecilia Gutiérrez, coautora de un libro sobre la UGT cántabra que aparecerá el próximo mes de mayo, “el propio régimen franquista fue dejando constancia documental de a quién pertenecían los bienes requisados”. Las actas de incautación y los registros de la propiedad han sido claves para dar validez jurídica a las reivindicaciones del sindicato ugetista.

Una iniciativa criticada

El paso dado por el Gobierno central para poner fin a este contencioso histórico, no obstante, no ha sido observado con agrado por algunas fuerzas políticas y sindicales. El Partido Popular e Izquierda Verde, votaron en contra de la convalidación en el Congreso del decreto-ley de devolución del patrimonio histórico, pero quien ha reaccionado con mayor dureza ha sido la organización que compite con UGT por la hegemonía en el mundo sindical, CC OO.
Este sindicato, creado en la clandestinidad en la última etapa del régimen franquista, critica la fórmula aplicada, ya que en su opinión no se dan las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justifican un decreto-ley, y ve en la devolución una posible subvención encubierta por parte del Estado. CC OO ha instado al Defensor del Pueblo a recurrir ante el Tribunal Constitucional el procedimiento elegido para esta restitución del patrimonio histórico, pero más allá de los pretextos meramente formales, el temor de fondo de esta organización radica en el fortalecimiento económico que puede representar para UGT y cómo puede afectar al equilibro sindical entre las dos fuerzas.

La PSV al fondo

Lo cierto es que la devolución de los bienes a UGT llega en un momento especialmente oportuno para este sindicato, ya que el patrimonio histórico reclamado –que estima en unos 300 millones de euros al valor actual–, sirvió para avalar un crédito del ICO de 150 millones que le permitió afrontar las consecuencias de la crisis de la cooperativa de viviendas PSV en los años noventa. Con este crédito a punto de vencer, la recuperación de inmuebles y, sobre todo, de solares situados en zonas de Madrid en donde el precio del suelo se ha disparado, permitiría a UGT hacer frente sin agobios a ese compromiso financiero.
Más allá de sus efectos materiales, la devolución del patrimonio incautado tiene también una dimensión de reparación moral y de justicia histórica, que resalta la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún: “Es como volver a las raíces, ves el sentimiento de organización sindical de aquella gente que sacrificaron lo poco que tenían para construir sedes y levantar las Casas del Pueblo. El mejor servicio que se puede dar a esos inmuebles –sostiene Cedrún– es que se usen para los trabajadores en recuperación de aquella memoria y de aquel sacrificio”.