Editorial

El plan dio resultado, porque las opiniones contrarias al Plan Eólico dejaron de ser publicadas y las aguas se serenaron, pero alguien debió pensar que podía rentabilizar dos veces el trabajo y las empresas concurrentes empezaron a sufrir presiones para contribuir, también, a engrasar este estado de opinión más favorable. Todo el mundo está en su derecho a hacer campaña sobre lo que quiera y en pedir colaboraciones multimillonarias, como en este caso, pero nadie puede dar a entender que detrás de ese negocio privado está la voluntad del Gobierno que va a repartir las demarcaciones para instalar los molinos porque, a partir de ese momento, el que no se rasque el bolsillo se comerá las uñas mientras medita si con esa decisión habrá arruinado todas sus posibilidades de plantar aerogeneradores en Cantabria.

El planteamiento de la campaña privada de divulgación sería un mero asunto entre empresas, una que vende y otra que compra, como dice la vicepresidenta regional, de no mediar demasiadas circunstancias: que se trata de la agencia de publicidad omnipresente en los trabajos de las consejerías socialistas, que previamente se le había adjudicado un plan para la promoción del programa eólico generosamente financiado con dinero público, que toda la inversión va a un solo grupo de comunicación o que ha provocado un enorme malestar entre los concurrentes al concurso de los aerogeneradores y, necesariamente, ese enfado ha tenido que llegarle a la vicepresidenta. En ese momento, ella o el consejero de Industria tendrían que haber aclarado con toda rotundidad que el Gobierno no tiene nada que ver en esa campaña privada y haber garantizado a las empresas eólicas que, tanto si deciden pagar la campaña como no hacerlo, eso no va a cambiar un ápice sus posibilidades de cara al concurso.
El Gobierno no lo ha hecho, con lo que tácitamente aceptó que se extendiese la idea de que está detrás, y ahora que ha estallado la polémica tiene que afrontar unas consecuencias políticas difíciles de calcular. Pero, además, ha dejado que se extiendan sombras sobre un concurso que hasta ahora era impoluto y no sólo por la posibilidad de que se haya filtrado información sobre los concurrentes de forma interesada e ilegal. Ya nada será igual. Si ganan los que han colaborado en la campaña, alguien pensará que eso ha podido influir y si no ganan los que se avinieron a pagar, éstos pueden creer que han sido víctimas de los escrúpulos del tribunal para que nadie relacione las adjudicaciones con ningún tipo de maniobra.

Hagan lo que hagan, la decisión de los miembros del Gobierno que tienen que repartir las siete demarcaciones de parques eólicos será cuestionada, por lo que ha sido una descomunal torpeza admitir expresa o tácitamente una campaña similar, en la que sólo van a ganar –y mucho– la agencia de publicidad que lo ha montado y los medios del grupo Vocento, donde se plasma.
La segunda torpeza es suponer que las comidillas acabarán el día en que se falle el concurso. Quienes hasta ahora sólo se han atrevido a protestar en voz baja, por temor a las consecuencias, es probable que se despachen a gusto después de saber el resultado, porque hay que recordar que, de las 51 empresas o grupos que concurren, sólo habrá siete ganadores y 44 perdedores, y los llegados de afuera no tienen el temor de las empresas locales a quemar las naves. Van a ser demasiados los despechados como para que resulte un conflicto controlable. Aunque, visto como trabaja el Gobierno, quizá contrate otra campaña para resolver el nuevo problema.

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