Editorial

Tenga o no éxito en su recurso ante instancias superiores, lo que es seguro es que Del Olmo cavó su tumba política el día que tomó la decisión de hacer esos despidos mientras era presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. Podía haber sido otro día cualquiera, porque ha sido un especialista de sembrar su camino de bombas de relojería que, antes o después, tenían que estallarle y su prepotencia, más que un blindaje, era una invitación permanente a que alguien le parase los pies. El problema de algunos izquierdistas que se empeñan en convertir todos sus conflictos en ideológicos es que acaban siendo los principales enemigos de su propia causa, y Del Olmo enturbió su capacidad de gestión con batallas infantiles que le han deparado este resultado.

Después de esta desproporcionada sentencia, el Gobierno va a perder el escaso interés que ya demostraba para emprender una mínima reforma de la función pública. Este tipo de patatas calientes sólo pueden abordarse en los primeros meses de legislatura y, sobre todo, después de un cambio político. Luego, como en los movimientos de las grandes placas tectónicas, todo se reasienta de nuevo y no hay fuerza humana capaz de conseguir que se modifiquen unos patrones de comportamiento que han pervivido desde el siglo XIX.

Las empresas van a salir de la crisis con una estructura renovada, pero las Administraciones públicas lo harán tal como entraron. Con ellas no va el problema. El foco permanente de la productividad sólo se proyecta sobre el sector privado y con sentencias como la de Del Olmo, no cabe esperar que ningún consejero, director general o concejal asuma el más mínimo riesgo. Una estrategia comprensible mientras los votantes y los medios de comunicación sigamos juzgando a quienes gobiernan por la acción y no por la inacción. En España, el mejor mecanismo de supervivencia es no hacer nada, porque eso no molesta a casi nadie, mientras que tomar decisiones no sólo conlleva el riesgo del error, fuertemente penalizado, sino que crea oleadas de agraviados.
El Gobierno, como todos los gobiernos anteriores, ha practicado la huida hacia adelante, en este caso con la creación de una administración paralela basada en empresas públicas. Pero, poco a poco, se reproducirán en ellas los mismos males que en la burocracia oficial. Es cuestión de tiempo. También confió en ganarse a algunos colectivos estratégicos, como los sanitarios, con dinero o con muchas más contrataciones, pero las últimas revueltas del sector ya indican el escaso recorrido político de estas concesiones, que nos cuestan cada año decenas de millones de euros y no sólo no han servido para transmitir una opinión más positiva de la sanidad pública, sino que coinciden con una pérdida de prestigio, según las encuestas.
En la principal empresa de la región, la Administración regional, no hay ni ha habido nunca política de personal y, si alguien tenía alguna intención de implantarla, la sentencia contra Del Olmo, le habrá quitado las ganas para siempre. Que todo siga igual, porque Lampedusa no tenía más razón que la literaria, y, en el fondo, porque no le importa a nadie.

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