Editorial
Es cierto que los ayuntamientos son los primeros en parar el golpe ante cualquier demanda social y se ven obligados a dar lo que no pueden, pero también es cierto que son instituciones débiles, manipulables y proclives a saltarse la ley, lo que ha dado como resultado corrupción y conflictos imposibles de resolver, como las casi 600 viviendas de la región que tienen orden judicial de derribo, sin que, curiosamente, ningún edil de los que causaron este desaguisado multimillonario se vea alcanzado por alguna responsabilidad penal o patrimonial.
Los alcaldes han corrido hacia adelante como pollos sin cabeza, dando por hecho que el Gobierno o quien les sucediese se harían cargo del problema, pero esa carrera alocada ha llegado a su fin. No hay dinero, ni de donde sacarlo. Santander y Torrelavega no pueden pagar a sus más de mil o más de 600 funcionarios que, por si fuera poco, se les rebelan porque quieren cobrar más, como está ocurriendo con los policías, en un bochornoso espectáculo. Pero no es un problema de los ayuntamientos grandes. En los más pequeños, una veintena de funcionarios mira al techo cada mañana, porque no hay mucho más que hacer ni dinero que gastar, y si no lo hacen también por la tarde es porque su jornada concluye al mediodía.
Los alcaldes rascan de donde pueden. Santander ya privatizó el agua y los más de 69 millones de euros que obtuvo solo sirvieron para pagar deudas atrasadas. Ahora le ha dado por los parkings subterráneos, incluso para los barrios donde no los quieren, porque es la única forma de obtener dinero fresco: la empresa que acaba de reformar el de la Plaza de Pombo ha tenido que poner encima de la mesa diez millones de euros para prorrogar su concesión. Las privatizaciones se extienden incluso a los espacios verdes y deportivos pero tampoco con eso alcanzará y el problema económico ya es difícil de ocultar, por mucho empeño que se ponga en ello. Una fundación presidida por Garrigues Walker que impulsa la transparencia en las administraciones públicas ha puntuado la información que facilita el Ayuntamiento de Santander sobre su situación económica con un cinco, pero no sobre diez puntos, que hubiese sido un aprobado ramplón, sino sobre cien, es decir, la opacidad más absoluta. Será para evitarnos un vuelco en el estómago.
Si las administraciones públicas pudiesen dar suspensión de pagos, veríamos a muchos ayuntamientos haciendo cola con sus libros a la puerta de los juzgados. Sin ese recurso, huérfanos de padrinos y pinchado el globo de la especulación, sólo les queda encontrar la benevolencia de una caja de ahorros que les preste lo justo para poder pagar las nóminas. Pero como no podemos pasarnos cuatro años de parálisis absoluta, el Estado tendrá que poner más dinero y no recortarlo, como pretende, y debería aprovechar la circunstancia para meter en cintura a los alcaldes, que no necesitan más funcionarios, ni más policías, ni más bomberos y sí más profesionalidad, más control y un alejamiento de ese monocultivo de la tierra que practican, que no es el agrario, como antaño, sino el urbanístico.
