Editorial

Todo el mundo sabe que los ayuntamientos están en una situación financiera crítica, aunque sólo lo reconozcan aquellos que han cambiado de gobierno tras las elecciones, es decir, los que pueden echar la culpa a sus predecesores. El resto se limita a sufrirlo en silencio, como las hemorroides. Así hemos llegado a una situación explosiva que nadie sabe cómo se podrá resolver porque las instituciones públicas no pueden declarar quiebra. Lo que sí es seguro es que para ninguno de ellos vale la política del déficit cero –por supuesto, tampoco para los del PP– porque las cuentas sólo cuadran a martillazos y con nuevo endeudamiento.
Esta situación ha llevado a justificar algunas políticas muy desafortunadas, como la de vivienda, y a ser relativamente benevolentes con las concesiones de licencias injustificables, que han trastocado el paisaje y han creado graves problemas legales hasta el punto de que en Cantabria hay dieciséis urbanizaciones pendientes de derribo.
Se ha sostenido que otorgar licencias era la única salida económica para unos ayuntamientos dramáticamente necesitados de dinero por la vía que fuera. Según esta teoría, el fin justifica los medios. Pero ahora empezamos a ver que esa justificación es poco fiable. El ayuntamiento que más licencias ha otorgado en el último cuatrienio, Castro Urdiales, está endeudado en más de 5.000 millones de pesetas, lo que indica que la deuda no sólo no se reducía aplicando criterios de máxima generosidad en la ocupación de suelo, sino que aumentaba espectacularmente. En Noja, otro paradigma de la construcción, las cosas están parecidas y en Santander, a pesar de que acaba de otorgar licencias para construir miles de viviendas en toda la ladera este de Cueto-Monte, el estado de las finanzas es desesperado y de ahí las prisas del alcalde por agilizar la urbanización de Primero de Mayo y obtener liquidez.

La conclusión es que los ingresos por las políticas compulsivas de licencias no han mejorado en absoluto la situación financiera de los ayuntamientos. Los recursos a corto plazo que proporcionan han sido absorbidos por una falsa sensación de riqueza que ha llevado a los alcaldes a multiplicar el personal y gastar mucho más que antes, como ocurrió con los clubs de fútbol al dispararse los derechos de televisión, sin tener en cuenta que los ingresos de licencias no son recurrentes; un día se acaban, porque el suelo se agota o el sector entra en recesión, y los ayuntamientos han de seguir funcionando. Y lo que es peor, han creado un problema para el futuro, porque tener centenares o miles de segundas viviendas en el municipio, a largo plazo, plantea problemas irresolubles, dado que el IBI no es capaz de resarcir al Ayuntamiento de los muchos gastos que le genera el mantenimiento de los servicios para unos vecinos ocasionales que están empadronados en otro lugar y que, por tanto, no computan en la financiación que el Estado entrega a los municipios.

A todos estos problemas se añade el de gestión de los ingresos. Parte de las tasas por las construcciones en Castro Urdiales están sin cobrar. Cuando llegó el actual alcalde de Santander al cargo se encontró con casi 5.000 millones de pesetas de deuda vencida y, por tanto, incobrable, que en su mayoría también procedía de antiguas construcciones cuyas tasas nunca se reclamaron. Y lo mismo podría decirse de la mayoría de los ayuntamientos costeros.
Como se ve, la multiplicación de licencias de construcción sin orden ni concierto ha dado a los ayuntamientos muchos más problemas que soluciones. Y, curiosamente, vamos a pagarlos todos menos quienes los crearon hace cinco, ocho o diez años, que verán cómodamente desde su casa cómo se las ingenian otros para hacer frente a las ruinas que ellos provocaron o a las indemnizaciones multimillonarias por el derribo de viviendas que ellos autorizaron. Quizá esa sensación de impunidad sea la peor de las herencias, porque crea la tentación a perseverar en las mismas actitudes.

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