Editorial

Desde los tiempos en que Ambrosio Calzada llegó a Puertochico con una manifestación de ganaderos que protestaba contra el Gobierno del que él mismo era vicepresidente no habíamos visto nada parecido. Claro que Calzada (PDP) al menos tenía la excusa de gobernar con AP en coalición. Diego, no. Y le ocurre como a los parlamentarios del PP, que en Madrid han tenido que votar a favor de la extracción del gas pizarra y en Cantabria en contra (fracking, sí, pero no aquí), por lo que habrá que suponer que piensan que las leyes nacionales ya solo afectan a algunos territorios, algo que les encantará escuchar a los nacionalistas.

Otro conflicto serio es el de la gratuidad del suelo industrial. En realidad, en este tema el Gobierno cántabro ha hilado más fino y lo que propone no es el gratis total, como se ha publicitado, sino una cesión temporal de uso, que es muy distinto. Ojalá Bruselas lo entienda así, para no vernos, como el País Vasco, con una propuesta de sanción de 50 millones de euros por sus famosas vacaciones fiscales que, por cierto, apenas consiguieron atraer a empresas de otras regiones. De hecho, de Cantabria no se fue ninguna.
No obstante, si entonces pusimos el grito en el cielo ante la competencia desleal, no parece que debiéramos de presumir ahora de haber estado más listos que ellos, como ha hecho el presidente Diego.
Por si fuera poco, queda pendiente el recurso de los socialistas y los sindicatos contra la adjudicación del macrocontrato para acabar Valdecilla y gestionar 40 servicios, por 760 millones de euros. Es poco probable que tenga éxito, pero no deja de ser otra incertidumbre más.

Diego, que comenzó la legislatura lamentando los líos que le habían dejado sus antecesores, parece haber decidido que en política resulta más rentable dar la nota que gestionar la normalidad, y ha añadido un tropel de conflictos legales, por si teníamos pocos. A los ya citados hay que añadirle, por el momento, el haber llevado a los juzgados a los anteriores gestores de Cantur, Sodercan, la CEP, el Racing y las consejerías de Economía, Industria y Cultura. Con todo ello hemos acabado por dibujar un panorama bronco y judicializado, en el que desaparece la normalidad como valor político. Y, por mucho que la polémica sobre el suelo gratis haya atraído la atención sobre Cantabria, hay algo que los inversores valoran más que nada: la seguridad jurídica. Nadie pone su dinero allí donde, además de los riesgos propios del negocio, corre con los que produce la inestabilidad legal. Que les pregunten a los inversores en centrales y huertos solares lo que opinan sobre España.
Los gravísimos problemas que padece Cantabria, y esa sensación de que nos estamos quedando atrás en la recuperación han provocado que la región esté sobreexcitada y que las diferencias se conviertan en conflictos y los conflictos en choques de trenes. Los gobernantes debieran tratar de aportar un poco de calma en lugar de contribuir a la agitación. Si alguien piensa que vivimos en la normalidad en una comunidad donde están pasando por los banquillos expresidentes de la patronal, alcaldes y dirigentes deportivos, donde el presidente del PP solicita públicamente la expulsión de quien ha sido su secretario general, Francisco Pernía, y en la que el PSOE ha tramitado ya la de su expresidenta, Gómez Morante, es que ya no hay nada que nos sorprenda.