Diego hará un nuevo reparto eólico sin esperar el fallo del Supremo

Durante todo el mes de diciembre y parte de enero, los adjudicatarios de las concesiones eólicas de Cantabria estuvieron esperando a ser llamados a una reunión con Ignacio Diego o, al menos con su jefe de Gabinete, Arsenio de la Vega, que es quien está llevando el asunto. El tiempo para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anulaba el concurso corría y era imprescindible tener una idea de lo que pretendía hacer el Gobierno para saber en qué punto quedarían sus derechos. Si había un pacto para respetarlos en todo o en parte, no recurrirían. En caso contrario, la única vía era tratar de garantizarlos recurriendo la anulación ante el Supremo.
La llamada nunca llegó y lo que podía haberse resuelto con cierta facilidad, porque las pretensiones de los adjudicatarios son cada vez menores, se ha complicado extraordinariamente. Con los recursos planteados, el Supremo inevitablemente tendrá que pronunciarse y hay muchas probabilidades de que tumbe la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en la que se invalida el concurso eólico porque la potencia máxima repartida es muy superior a los 300 Mw previstas en el marco general que fijaba el Plenercan para el desarrollo eólico.

Empezar de cero

Diego ha preparado una ley para hacer un nuevo reparto empezando de cero y por el mismo sistema que ya utilizó Martínez Sieso, es decir, que sean las empresas las que soliciten emplazamientos concretos de parques, con lo que desaparecen las demarcaciones. Aunque aún no se conoce el borrador, puede darse por hecho que desaparecen las compensaciones de tipo industrial o en I+D+i, que fijaba el concurso del PRC-PSOE para decidir quién se quedaba con cada zona y simplemente se pagará una tasa. Diego avanzó a los anteriores adjudicatarios que también se establecerá un canon específico para la energía eólica.
Presumiblemente, el nuevo reparto va a dar lugar a que algunos operadores repitan pero otros no. En ese caso, el presidente regional anunció, en un primer momento, que se compensarían los gastos en que hayan incurrido, una cuantía que grosso modo podría situarse en torno a los tres millones de euros por empresa, aunque hay algunas que apenas han hecho inversiones mientras que otras, como el consorcio de Engasa-Jealsa-Glezco ya han montado el laboratorio comprometido para estudiar el cultivo de microalgas con destino a la producción de energía, o Biocantaber, que ha instalado una planta piloto de biogás.
No obstante, la posición del presidente regional sobre las indemnizaciones ha sido muy cambiante, puesto que unas semanas después de reconocer este derecho manifestó a los periodistas de forma muy tajante que las empresas “no tienen derecho a nada”, tras una iniciativa del PSOE en la que le insta a que se siente a negociar con ellas para evitar esta factura.

Tensión

La relación del presidente con los adjudicatarios ha sido tormentosa desde el día siguiente a su elección. En una de las pocas reuniones institucionales que ha mantenido con ellas les acusó directamente de complicidad en una “estafa” (así calificó el concurso eólico de sus predecesores) y consideró que tanto sus proyectos industriales como los de investigación eran “de chiste”. Los empresarios, descolocados por el chaparrón del presidente, apenas llegaron a expresarse. Entraron en la reunión con la etiqueta de perjudicados y salieron de ella con la de culpables, así que, a partir de ese momento, todo han sido cautelas, por temor a nuevas reacciones airadas del presidente regional o a la pérdida de cualquier posibilidad de conseguir un parque en el futuro reparto. Ni siquiera la CEOE se ha atrevido a defender los derechos de sus asociados.
Las empresas, sostienen que su único “delito” fue acudir a un concurso público, y no solo van a pedir ser compensadas por los gastos en que han incurrido, sino también por su lucro cesante, es decir, aquella parte del beneficio esperado que ya no podrán obtener, pero fuentes jurídicas señalan que esa parte de la indemnización es más improbable que sea concedida por los jueces, ya que el concurso eólico se limitaba a reservar zonas de explotación, dentro de las cuales cada parque debía ser tramitado individualmente y es esa licencia concreta la que hubiese generado este derecho.
No obstante, la suma de los gastos incurridos ya supondrá una importante sangría para el patrimonio público, y no solo por los desembolsos que ha originado el estudio de los vientos en las zonas por parte de las empresas o el desarrollo de investigaciones y proyectos industriales sino también por los avales que se han visto obligados a contratar (25.000 euros por Mw concedido), que en varios casos superan los diez millones de euros, ya que han tenido que aportar otro aval idéntico a Red Eléctrica Española para solicitar la evacuación de la energía. Ambos devengan cuantiosos intereses mensuales desde hace dos años.

El Supremo aún puede dar por bueno el concurso

Una vez abierta la vía del Supremo, el problema causado por la anulación del concurso desborda lo económico y lo político, para entrar en otra dimensión, la jurídica. Para cuando el Supremo se pronuncie, el Gobierno de Cantabria probablemente habrá adjudicado de nuevo muchos de los emplazamientos, con lo que habrá originado nuevos derechos para las empresas ganadoras. Si en ese momento, la sentencia anulase la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y diese validez al concurso del Gobierno anterior, se produciría una situación extremadamente compleja, con dos adjudicatarios distintos para algunos emplazamientos. Aunque el Gobierno se ha curado en salud con una disposición adicional en la Ley de Presupuestos que anulaba el concurso de 2009 e insistirá en ello en la ley que prepara, la situación puede llegar a ser muy incierta, ya que fuentes jurídicas dan por seguro que todos los perjudicados recurrirán la ley y con posibilidades de ganar.
El precedente de Galicia es un buen ejemplo de hasta qué punto se puede complicar el proceso. Con la llegada al poder de Alberto Núñez Feijoo (PP), una de las primeras decisiones fue anular el concurso eólico convocado por sus antecesores del PSOE y Bloque Nacionalista Gallego. Feijoo convocó un nuevo concurso pero, como consecuencia de un error de forma, los jueces también han anulado ese segundo concurso, y cada vez parece más lejano el momento en que se instalen los molinos previstos. En cambio, en la Xunta se acumulan las reclamaciones de empresas que reclaman ser indemnizadas.
Ante un horizonte semejante, el PSOE cántabro ha pedido a Diego que reflexione y llame a las empresas a negociar, la manera aparentemente más sencilla de resolver el embrollo derivado de la anulación sin incurrir en indemnizaciones.
Diego podía haberlo evitado recurriendo la sentencia que anuló el concurso. No lo hizo, a pesar de que el principal perjudicado era el Gobierno, porque eso le permitía hacer por sí mismo un nuevo reparto, en el que probablemente tengan un hueco empresas que han presionado insistentemente para conseguir parques, como Gas Natural.
Pero lo que no hizo de oficio el Gobierno lo han hecho los empresarios afectados y el resultado será el mismo a la hora de enturbiar aún más el futuro eólico de Cantabria.

La nueva ley anulará el concurso

Todavía no cabe descartar la vía de la negociación para la retirada de los recursos. Entre los adjudicatarios eólicos hay situaciones muy distintas y probablemente algunos hubiesen accedido a dar entrada a otros inversores. Como consecuencia del tiempo transcurrido, de la crisis o del sustancial cambio del mercado que supone la paralización de las primas, las expectativas se han desinflado o, simplemente, se ha roto la relación entre los socios, como ha ocurrido con el grupo participado por Sonkyo y las cajas de ahorros gallegas. En otros adjudicatarios un cambio tecnológico del mercado ha echado abajo sus proyectos industriales, como ocurre con la fábrica de paneles solares que se pensaba levantar en Mataporquera.
La situación teóricamente más cómoda es la de Iberdrola, un gigante del sector que ha tramitado tres parques, porque su concesión coincide, en parte, con la zona amparada por la legalidad previa a la moratoria impuesta por Martínez-Sieso. Algo que también ocurre con la de Helican-Banco Santander-Sniace, que quizá por eso ha decidido descolgarse del recurso al Supremo. No obstante, incluso estas demarcaciones previas al Plan Eólico han quedado legalmente paralizadas y hay sentencias recientes que lo confirman.
En el sector se da por hecho que quienes más dificultades tendrán para conservar sus concesiones con la nueva ley serán los adjudicatarios de las demarcaciones del sur de la región, a pesar de que son los que tienen menos afecciones (comarcas muy poco pobladas) y mejores mediciones de vientos, por lo que su tramitación debiera ser más sencilla y su explotación más rentable, incluso sin las primas que se concedían al sector eólico. Sus relaciones con el presidente regional son menos fluidas que las de otros candidatos y eso puede pesar más en el nuevo reparto que los factores técnicos. Al menos eso creen quienes aseguran que si el anterior sistema se prestaba a la subjetividad, en la ley que va a tramitar el actual Gobierno va a ser casi absoluta.
Lo único seguro en un horizonte tan incierto es que, si la nueva ley zanja el concurso anterior, los adjudicatarios pueden empezar a pedir el resarcimiento de los gastos incurridos, sin tener que renunciar a seguir reclamando sus derechos ante los tribunales. A muchos les vendrá bien, porque pasan momentos de ahogo, pero a la caja de la región le vendrá mal tener que pagar.