Cantabria crea su propio Plan de Vivienda
El precio de esta nuevo tipo de vivienda protegida denominada de Régimen Autonómico (235.827 ptas/m2) supone que la vivienda tipo de la VPO, de 90 m2, saldría al mercado a 21,2 millones de pesetas. Un precio bastante superior al de la VPO pero notablemente inferior al del mercado libre.
La Consejería de Obras Públicas está convencida de que, si con esta fórmula establece un escalón intermedio, pueden cambiar muchas cosas en el mercado de la vivienda. Por lo pronto, aparecerán más compradores, familias que ahora no encuentran VPO, porque no se construye, y no tienen capacidad económica para acceder a la vivienda libre. Con ellos se garantiza una demanda a largo plazo para el sector inmobiliario, lo que representa un auténtico seguro frente al eventual estallido de la burbuja de precios que puede desembocar en una crisis como la que se vivió tras otros ciclos alcistas anteriores.
Los promotores tienen casi la garantía de que a este precio no les faltará clientela, puesto que todas las encuestas indican que existe una gran bolsa de demanda en este segmento del mercado. Mucho más si se tiene en cuenta que van a admitirse como peticionarios a todos los que tengan unas rentas inferiores a 6,5 veces el salario mínimo y el nuevo régimen de protección va a amparar casas de hasta 120 metros cuadrados, frente a los 90 máximos de la VPO.
Además, los promotores tendrán el incentivo de una subvención del 8% del precio de venta (casi dos millones de pesetas en el caso de una vivienda de 100 m2).
Por su parte, los compradores dispondrán de ayudas siempre que sus ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 3,5 veces. En el caso de que no alcancen los 2,5 SMI la subvención autonómica a fondo perdido será del 5%, con un tope de 6.000 euros. Si sus ingresos están entre 2,5 y 3,5 SMI, la ayuda será del 4%, con un tope de 4.000 euros.
Promotores dispuestos
La Consejería ya ha sondeado a los promotores, y su actitud es muy receptiva, aunque aún no han dado su respuesta formal, e incluso hay varias actuaciones inmobiliarias cuyos propietarios están a la espera de que se concreten los términos del Plan Cántabro, para acogerse a él. Eso significaría que, frente al retraso que se produce tradicionalmente en la aplicación de cualquier medida semejante al sector inmobiliario –el plazo de maduración de una promoción nunca es menor de dos años– las medidas que prepara la Consejería pueden producir efectos casi inmediatos.
El nuevo régimen permitirá complementar el Plan Nacional de la Vivienda en la región, cuyo cumplimiento es muy bajo, apenas el 47% de los objetivos, y le pondrá al PRC en el camino para poder cumplir su promesa electoral de construir 8.000 viviendas protegidas.
La Consejería confía en que se puedan promover 700 viviendas de Régimen Autonómico al año y que, dentro del Plan Nacional se realicen 300 actuaciones en adquisición y rehabilitación de viviendas ya existentes, y se construyan 400 viviendas de Régimen General y 600 de Régimen Especial.
El Gobierno compra suelo
El Gobierno cántabro también va a tomar una posición muy activa en la compra de suelo, para lo que ha destinado este año una partida de siete millones de euros. En las últimas semanas ha recibido ofertas y puede darse por segura la adquisición de varias fincas en el entorno de Santander. De esta forma, pretende desatascar la VPO, sumida en una paradoja difícil de explicar: La mayor parte de la demanda potencial está en el entorno de la capital pero su Ayuntamiento hasta ahora se ha mostrado muy poco colaborador, ya que ha preferido vender los aprovechamientos de suelo en lugar de ofrecerlos a la Consejería para la construcción de VPO, como han hecho muchos otros municipios gratuitamente.
