Abogados con tarifa plana

Tramitar un divorcio, reclamar indemnizaciones tras un accidente laboral o un despido, resolver asuntos de tráfico o interpretar una citación del juzgado son problemas jurídicos que se pueden solucionar con una simple llamada de teléfono. La aparición de Legálitas en 1999 y, posteriormente, de otras firmas como Río Asociados, Avanzalex (que opera a través de Internet) o Lo Más Legal, una tienda catalana donde los abogados estudian un caso durante 15 minutos por 25 euros, ha hecho posible la rápida resolución de dudas legales y, de paso, ha animado a muchos a poner un abogado en sus vidas.
La fórmula más frecuente, de la que Legálitas fue pionera, consiste en el pago de una iguala que ronda los 75 euros al año a cambio de la posibilidad de hacer consultas telefónicas. Normalmente, son preguntas sencillas que los abogados responden al momento o en poco tiempo y, por tanto, suelen quedar solucionadas tras una conversación o un intercambio de documentos.
Las preocupaciones más frecuentes de los clientes de estas empresas son las mismos de quienes acuden a un despacho convencional, es decir, los asuntos familiares y los inmobiliarios, en especial, los relacionados con comunidades de propietarios. Eso explica que su producto estrella sea la protección familiar, aunque han personalizado su oferta con otras modalidades para empresas, arrendadores de viviendas, conductores –en especial, desde que se instauró el carnet por puntos– y para colectivos tan específicos como los sindicatos o la Guardia Civil.
Lo que esta cuota anual no cubre son problemas más complejos que implican una reunión personal con el abogado para emprender acciones judiciales o extrajudiciales. En estos casos, los abogados que atienden el consulting telefónico dirigen al cliente hacia su franquiciado más próximo o hacia un despacho colaborador en la zona.
El abogado Ángel Sánchez Resina, que atiende en Cantabria a los clientes que le deriva Legálitas, explica que la asistencia telefónica suele bastar para solucionar la mayoría de los problemas ya que lo habitual es que no pasen de simples dudas. Además, defiende que el precio y la sencillez de este método facilita que las personas venzan la inseguridad que sienten a la hora de acudir a un abogado, por razones culturales y, sobre todo, económicas. En su opinión, está sirviendo para que se atrevan a ir a un profesional y dejen de recurrir al consejo de un amigo en la barra de un bar, con los riesgos que eso entraña.
En realidad, Legálitas es una compañía de seguros de asistencia legal totalmente independiente del gabinete de Sánchez Resina, que sólo entra en acción cuando un cliente de Legálitas plantea un asunto legal que exige ir a juicio. El beneficio para el despacho reside en la captación de esta nueva clientela pero, a partir de ahí, no establecen ninguna diferencia entre una persona que procede de Legálitas y la que ha llamado directamente a la puerta del despacho. El abogado santanderino aclara, no obstante, que “muchos asociados a Legálitas pueden llegar a tener diez dudas al año (el cupo de la iguala) y ningún problema jurídico”.
Más llamativa aún es la práctica utilizada por Río Asociados para acercarse a la sociedad desde locales comerciales situados a pie de calle, como el que acaba de abrir en la calle Magallanes de Santander, y no desde entresuelos o pisos de raigambre que realzan ese halo de seriedad que emanaban los bufetes tradicionales.

‘Nuevos tiempos’

Desde el Colegio cántabro de Abogados y el Consejo General de la Abogacía consideran que las franquicias y otras nuevas formas societarias responden al devenir de los tiempos y son respetables siempre que observen la legislación vigente. Su decana, Victoria Ortega, insiste en que no tienen nada que objetar mientras estas empresas se atengan a la deontología profesional y no hagan publicidad engañosa ni competencia desleal, y los profesionales que trabajan en ellas sean efectivamente abogados, como así les consta.

Una abogacía más democrática

Un estudio elaborado el año pasado por Legálitas puso de manifiesto que el 80% de los españoles no ha ido nunca al abogado porque consideran sus servicios jurídicos “caros y poco accesibles” y, si lo hacen, es para solucionar asuntos complejos de índole penal o patrimonial. Tampoco suelen recurrir a los tribunales, algo habitual en otras culturas, como la norteamericana.
Sin embargo, Victoria Ortega sostiene que la conciencia del ciudadano respecto a la reclamación de sus derechos no ha dejado de crecer desde que se proclamó la Constitución y que el ratio de litigiosidad por habitante en Cantabria es más elevado que en otras regiones, en parte por el nivel económico, pero también por la popularización de los servicios jurídicos, a la que también están contribuyendo estas empresas.
Uno de los instrumentos que utilizan para aproximar la abogacía es facilitar un presupuesto previo a la prestación del servicio e, incluso, fijar un precio cerrado, algo que ya empieza a resultar habitual. Por ejemplo, 300 euros por resolver una alcoholemia o un divorcio express de mutuo acuerdo, o 200 euros por tramitar un juicio de faltas o una nacionalidad.
Sin llegar a concretar tanto, desde el Colegio de Abogados señalan que en la mayoría de despachos entregan al cliente una hoja de encargo para que conozca de antemano los servicios y tarifas que se le van a aplicar, aunque dejen un pequeño margen para imprevistos. La dificultad, según el abogado Ángel Sánchez Resina, es “dar un presupuesto a término cuando el asunto podría terminar en el Supremo”. Algo que tratan de solventar en despachos como el suyo fijando una cantidad hasta que se produzca la sentencia y cuantificando después cada paso, hasta que el proceso legal finalice.
Recientes encuestas han demostrado que la sociedad cántabra confía en la abogacía, sobre todo, tras haber probado sus servicios: “Individualmente, las personas tienen una opinión magnífica de su abogado, aunque su visión sobre el conjunto pueda ser negativa”, dice Victoria Ortega. Lo que está por ver es cómo aceptan estas nuevas fórmulas, ya que el mayor obstáculo al que se enfrentan estas empresas es convencer al cliente de que el abogado que se pone al teléfono es igual de bueno que el que le recibe en su despacho con traje y corbata.

Asociarse con otros despachos

Tras 35 años en activo, el abogado santanderino Juan Luis Mateos ha decidido montar la franquicia de Río Asociados en Cantabria, entre otras razones, porque está convencido de que este tipo de firmas legales con cobertura nacional están anticipando el futuro del sector. Y es que, según Mateos, los abogados han dejado de ser aquellos profesionales “bohemios y sin horarios” que se establecían por su cuenta para pasar a formar parte de estructuras más amplias y organizadas. Una tendencia asociativa que también destacan desde el Colegio de Abogados, ya que la mayoría de sus 1.715 miembros eligen despachos colectivos para ejercer la profesión.
Por contra, Sánchez Resina cree que, más que agruparse para compartir gastos y local –un modelo de organización que tuvo su máximo apogeo en los años setenta–, lo que prima hoy son los despachos pequeños y medianos que deciden asociarse con otros de su mismo nivel en otras regiones para crear sinergias entre los clientes y ofrecerles una cobertura jurídica nacional e internacional. Los despachos grandes, por su parte, han quedado convertidos en una especie de lobbys de representación de los intereses de las multinacionales.
Para este abogado, el futuro pasa por la interrelación entre gabinetes y por una especialización cada vez mayor de los profesionales: “El abogado multifunción es una utopía y el que crea que sabe todo, no sabe nada”, añade.

Libertad en los precios y en la publicidad

Para que el asesoramiento jurídico se generalizase ha sido necesario que el sector viviera algunos cambios como la liberalización de las tarifas o del reglamento publicitario que regía la profesión, actualmente suspendido por los tribunales.
Hoy, los abogados tienen libertad absoluta para fijar los precios y sólo disponen de unas normas orientadoras para tasar las costas judiciales cuando ha de pagar el contrario. Eso hace que sea tan importante conocer con exactitud los servicios que el cliente va recibir de estas empresas a cambio de una cuota anual y, en especial, si sólo incluye una labor de asesoramiento o también un proceso judicial.
La posibilidad de publicitar sus servicios como les venga en gana también ha cambiado mucho las cosas. Antes, un abogado ni siquiera podía hacerlo para declararse especialista en un determinado área. Hoy, estos nuevos formatos se publicitan en periódicos y hasta en programas de radio, aunque en los bufetes tradicionales se mantiene un notorio pudor a anunciarse. A Victoria Ortega le resultan chocantes algunos anuncios “porque, no hace tanto, la publicidad se limitaba a una placa en el portal que no llamara la atención”. Opta por considerarlo una cuestión ‘estética’ y, como tal, ‘opinable’. Lo único que su colectivo no toleraría serían tácticas como “repartir tarjetas en hospitales o en tanatorios, aprovechándose de los momentos de debilidad de la persona”, porque limitan la libertad del ciudadano para elegir a su abogado. Otros profesionales del gremio, como Sánchez Resina, desaprueban abiertamente las fórmulas “que intentan romper el mercado para meter la cabeza” y no las justifica aunque la competencia sea dura.
Lo que resulta innegable es el empuje que la publicidad está proporcionando a estas firmas. Así lo reconoce el responsable cántabro de Río Asociados, que considera muy importantes los anuncios diseñados por la franquicia, y lo mismo deben pensar en Legálitas, cuya campaña anual de publicidad ha superado los tres millones de euros.
En el fondo, son signos de que todas las profesiones son susceptibles de cambio, incluso las más clásicas.

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