Paula Fernández asumirá en funciones la Consejería de Obras Públicas

La consejera de Presidencia, Paula Fernández, asumirá esta semana el departamento de Obras Públicas en funciones tras la marcha de su compañero regionalista José Luis Gochicoa por la supuesta trama de adjudicaciones irregulares en el Servicio de Carreteras Autonómicas.

Fernández ocupará por el momento este área dado que está designada como suplente de Gochicoa en el sistema de sustituciones del Gobierno. De hecho, la consejera ya le dio el relevo en 2020 cuando estuvo unos dos meses de baja tras sufrir una caída que le provocó una fractura craneal por la que estuvo hospitalizado.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior lo será ahora también de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, al menos hasta que el presidente, Miguel Ángel Revilla, nombre a otro responsable en el lugar de Gochicoa, lo que entra dentro de sus intenciones pese a que está cerca el fin de la legislatura, según avanzó la semana pasada cuando anunció la dimisión del consejero.

También el propio Gochicoa manifestó este lunes, en la última rueda de prensa que ofreció como consejero, que había hablado con Revilla de su sustitución, pero no apuntó a ningún candidato ya que «no ha querido influir» en la decisión.

Su dimisión se hará efectiva mediante un decreto del presidente que se firmará y publicará este viernes. Previamente, el Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de mañana jueves el cese del que era el número 2 de Gochicoa en la Consejería, el director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús.

Tras estas dos dimisiones, anunciadas el pasado viernes por Revilla, queda pendiente el cese también del subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín, al que Gochicoa destituyó ayer, todavía en su condición de consejero, tras conocer que aparece en el sumario que instruye el Juzgado número 5 de Santander sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos.

Al parecer, Martín tenía agendada una comida en el restaurante tres estrellas Michelín El Celler de Can Roca junto al jefe del Servicio de Carreteras que se considera el presunto cabecilla de la red, la mujer de éste y dos responsables de la empresa Rucecan, una de las implicadas, que no se llegó a celebrar porque cuatro días antes el juzgado destapó la trama.

El Juzgado de Instancia e Instrucción Número 5 de Santander ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Cantabria en torno a la presunta trama de adjudicaciones irregulares en el Servicio de Carreteras Autonómicas y ha aceptado la petición de incluir en la causa a las empresas investigadas.

El Ejecutivo hizo esta solicitud al Juzgado para poder apartar a estas empresas de los contratos en los que están en licitación y en los que ha participado el jefe del Servicio de Carreteras que ahora se encuentra en prisión provisional, ya que la investigación ha detectado posibles hechos ilícitos en una decena de expedientes que están en marcha y deben ser adjudicados.

Para analizar la petición de apartarlas, estas sociedades tienen ahora un plazo para personarse en la causa con abogado y procurador y, una vez lo hagan, las partes serán convocadas a una vista en la que podrán alegar sobre la prohibición de contratar solicitada por el Gobierno al considerar que no sería responsable contar con ellas.

Y es que hasta ahora la causa solo incluía a personas físicas, es decir, a los cuatro responsables de estas empresas –Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina– que fueron detenidos y puestos a disposición judicial junto al supuesto cabecilla de la trama, el jefe del Servicio de Carreteras, y a su mujer.

Sin embargo, el Juzgado ha rechazado la segunda medida cautelar pedida por el Ejecutivo cántabro, que consistía en abrir una cuenta bancaria donde consignar las cantidades pendientes de abonar por las obras ya ejecutadas con participación de esas empresas investigadas, en cuya adjudicación intervino el referido funcionario encarcelado.

En este caso, la jueza estima que no procede la tutela judicial porque las obras pendientes de pago no forman parte de la investigación en marcha, ha informado el Gobierno regional.