El acusado de estafar 14 millones a bancos niega haberse llevado «ni un euro: No he estafado a nadie en mi vida»

Dice que estaba "desesperado" y "solo quería que el Gobierno me pagara"

El acusado de estafar casi 14 millones de euros a varias entidades financieras ha negado haberse «llevado ni un euro» y ha asegurado que nunca ha «estafado a nadie en mi vida».

Así lo ha expresado este miércoles en el juicio, en el que ha reconocido «parte de las cosas» que sucedieron en 2008 y 2009, cuando «explota el sistema financiero español» y los empresarios de la construcción se convirtieron en unos «auténticos apestados», pero no los hechos que le imputa el fiscal, que pide 11 años y medio de cárcel.

Tras señalar que cuando estalló la crisis económica su grupo empresarial tenía cerca de 5 millones de euros en obra ejecutada pero que la administración -principalmente el Gobierno de Cantabria, pero también los ayuntamientos de Torrelavega y Miengo- no le pagaba, ha admitido que hizo certificados de esos trabajos para «anticipar» el cobro y abonar después a las entidades, porque «estaba desesperado».

«Yo solo quería que pagaran lo que había trabajado», se ha justificado el procesado, en respuesta a preguntas de su abogado, ya que solo a accedido a contestar a las defensas, la suya y la de los tres presuntos colaboradores: su mujer, un trabajador y un empleado de banca.

En la segunda sesión de la vista, que arrancó el martes en la Audiencia Provincial con varias cuestiones previas de los abogados defensores -que pedían nulidades de pruebas por diferentes irregularidades procesales y que han sido rechazadas por la sala-, el director del grupo empresarial ha admitido «parte» de lo ocurrido.

Pero «bajo ningún concepto reconozco los hechos que se me están imputando», constitutivos de un delito continuado de estaba en concurso con otro igualmente continuado de falsedad en documento público y oficial, y uno más de alzamiento de bienes según el Ministerio Público.

Esta acusación cree que el hombre, administrador único y representante legal de una de las empresas del grupo, obtuvo de siete bancos un total de 13,9 millones de euros mediante el endoso de 108 certificaciones de obras públicas, que aportaba para acreditar el derecho de cobro por trabajos hechos para diversas administraciones.

Estas certificaciones, -por saneamientos y abastecimientos, así como mejoras en centros de salud, educativos o deportivos, con importes desde apenas 20.000 euros hasta más de 738.000 euros-, habrían sido previamente «falsificadas, pues no se correspondían con ningún contrato o el importe era «muy superior», según el fiscal, para quien en algunos casos una mismo documento se endosaba a varias administraciones que, cuando instaban el correspondiente cobro a la administración, resultaba infructuoso.

«Pasamos del todo a la nada, como ahora, con la pandemia»

El procesado, que ha contestado entre sollozos algunos momentos del interrogatorio, ha admitido «parte de las cosas», pero «bajo ningún concepto» los hechos que se le imputan, y ha recordado el momento en el que sucedieron, cuando estalló la anterior crisis económica y «no pagaban nada, el Gobierno ni nadie», los bancos «recortaron todo» y los constructores «éramos unos auténticos apestados». «Pasamos del todo a la nada, como ahora, con la pandemia», ha comparado.

Tras insistir en que no se puede «perder de vista» esa coyuntura, ha indicado que él tenía una empresa con 120 trabajadores. Así, «desesperado» por la situación de esas familias, a causa de lo cual «no comía» ni «dormía» -«aquello no me dejaba vivir», ha resumido- accedió a propuesta de un funcionario -según ha dicho- a hacerse certificados por los importes que le adeudaba la administración hasta que pagase, porque no podía «esperar» varios meses a cobrar.

«Me hago un certificado, lo anticipo, y cuando llegue se lo pago al banco. Y eso fue lo que hice», ha relatado el acusado, para remarcar que no vio «otro camino». «Vi esa luz y no vi más», ha apostillado.

También ha destacado que él pagó «a todo el mundo» y puso también todos sus bienes, adquiridos antes de 2006, a disposición de los bancos, con el «único» objetivo de «salvar a esas familias», las de sus empleados, que estaban «por encima de absolutamente todo».

Si he hecho algo malo, pido disculpas

«Yo no estafado a nadie en mi vida», ha sentenciado el encausado, que ha negado haberse «llevado ni un euro». Y a continuación, ha pedido perdón: «Si he hecho algo malo, os pido disculpas. A todos». «Yo no pensaba en el mal que estaba haciendo. Yo solo quería que (el Gobierno y las administraciones) me pagaran lo que yo había trabajado».

En este sentido, ha aseverado que en las administraciones eran «todos conscientes de lo que estaba pasando» y «los técnicos -encargados de hacer las certificaciones- sabían el daño que nos estaban haciendo».

Así, según ha explicado el acusado, un técnico le ofreció su programa informático porque si no, según le dijo, «os vais a arruinar todos en Cantabria con esta forma de proceder». Ha agregado que «nunca» hizo una certificación como «anticipo» de cobro de «cosas que no estuvieran en ejecución», y ha reiterado al respecto que era «un mecanismo para ganar tiempo» con el «único ánimo de pagar».

El procesado ha censurado también el «caos» existente hasta que se aprobó el plan de pago a proveedores, que «gracias a Dios puso orden» en esa materia.

Exculpa a los tres presuntos colaboradores

A lo largo del interrogatorio formulado por su letrado, ha detallado diferentes operaciones, banco a banco, así como el proceder de estas entidades y de la administración, además de la situación de sus empresas y bienes.

Y finalmente, a preguntas también de su abogado, se ha referido a la implicación de los tres presuntos colaboradores, extremo que ha rechazado.

Así, de su esposa, con la que convivía desde 2004 y con la que se casó en separación de bienes en 2007, ha dicho que «no era conocedora de nada» y ha indicado que se dedicaba al cuidado de su hija, además de ejercer como ama de casa.

Del segundo acusado, el supuesto testaferro, ha indicado que le puso como administrador de una sociedad del grupo empresarial porque su «nombre estaba contaminado». «Estaba apestado», ha apostillado.

Y del empleado de banca -Caja Castilla-La Mancha-, el procesado ha indicado que era «un gestor», un «mero administrador de oficina», con el que no tenía «ninguna relación» y «casi no hablaba con él», como tampoco abonaba las certificaciones. «No tenía nada que ver en esta guerra», ha concluido.

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