Vodafone se queda sola en la licitación de 45 millones para un sistema de seguimiento de penas de alejamiento

Vodafone se ha quedado sola en la licitación pública de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género para la implementación de un sistema de seguimiento telemático para el cumplimiento de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género, un contrato cuyo valor estimado se sitúa en casi 45,5 millones de euros.

La empresa Buddi Limited, especializada en dispositivos de localización, era la otra compañía que había presentado una oferta para esta licitación, sin embargo, la mesa de contratación del Ministerio de Igualdad ha acordado considerar «retirada» su propuesta debido a que parte de la documentación requerida no fue remitida en los plazos establecidos.

De este modo, Vodafone figura ahora como la única licitadora admitida provisionalmente para este contrato público y su oferta todavía tiene que ser evaluada por la mencionada mesa de contratación.

La licitación, tramitada de forma urgente y que cuenta con financiación de la Unión Europea (UE), describe en el pliego de prescripciones técnicas que el sistema que se implemente debe ser capaz de «identificar en todo momento el lugar del territorio español en el que se encuentran las personas o persona inculpada o condenada en el procedimiento judicial con respecto a las víctimas o víctima del delito, se encuentre esta donde se encuentre».

Además, debe verificar la proximidad entre la víctima y la persona condenada «estableciendo los mecanismos oportunos para detectar cualquier intento de transgredir la prohibición de aproximación establecida», según la documentación publicada en el portal de contratación pública y consultada por Europa Press.

El sistema también deberá proporcionar información precisa sobre el punto concreto del territorio español donde se encuentre en cada momento la persona inculpada o condenada en el procedimiento judicial con respecto al lugar en que se encuentre la víctima del delito.

«Los dispositivos electrónicos deberán ser compatibles con sistemas de posicionamiento GPS y deberán contar con una solución técnica alternativa que estime la ubicación en aquellas zonas donde no pueda ubicarse al dispositivo a través de estos sistemas de posicionamiento universales, como puede ser la determinación de la posición basado en la infraestructura de red móvil y los puntos wifi por medio de cálculos de triangulación con antenas de telefonía o similar, con la suficiente precisión como para determinar aquellas situaciones de riesgo que pudieran producirse», añade el pliego.

Asimismo, el sistema debe tener mecanismos para prevenir, detectar y notificar cualquier intento de defraudar o falsificar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, así como de inutilizar o perturbar su funcionamiento normal.

También tiene que comunicar las transgresiones de la prohibición de aproximación impuesta y de las incidencias que se produzcan a las personas adscritas al servicio integral, a la persona inculpada o condenada, a la propia víctima del delito y a todos los profesionales establecidos en aplicación de los protocolos de actuación en este tipo de casos.

Otro de los requisitos establecidos en la licitación es que el adjudicatario final disponga de un centro de control que funcione durante 24 horas los 365 días del año.