Los centros, asfixiados por el sistema que retrasa en pago de los cursos de los desempleados

La CEOE alerta de que el 80% de los cursos para desempleados que ofrece el Gobierno cántabro están a punto de desaparecer debido al incumplimiento del calendario de pagos. Un calendario que, de acuerdo con lo establecido por la Administración, debe abonar el importe de los cursos en tres veces. La primera (un 25% del total) en diciembre, tras la aprobación de los cursos. El segundo pago (35% del total) se ha de realizar en el momento que comienza cada curso. La cantidad restante se abona tras su finalización y justificar los gastos, después de que las entidades correspondientes revisen los costes de los centros, la contratación de los empleados y un largo etcétera que los fiscaliza a fondo.
Como consecuencia de esta fórmula que introdujo el Gobierno nacional hace dos años para evitar la picaresca, las 70 empresas privadas de Cantabria que imparten estos cursos están financiando al Gobierno. Los desempleados o activos reciben la formación gratuitamente y los empresarios deben hacer frente a todos los gastos, a la espera de recibir la financiación pública, explica Montserrat Peña, presidenta de la Comisión de Educación y Formación de CEOE-CEPYME y portavoz de la Plataforma que agrupa a todos los centros de formación ocupacional y continua de Cantabria. Como esa financiación pública tarda –y tarda mucho–, “nos vemos empujados, en algunos casos, a hipotecar nuestros bienes para poder afrontar las deudas contraídas por los centros, que alcanzan cerca de 20 millones de euros”. En esta cuantía se incluyen cursos de 2015 que aún están por pagar y todos los del año 2016, lo que hace insostenible la situación de los centros de formación.
El presidente de la Confederación Española de Centros de Cantabria (CECE), Javier Muñiz, añade que “si no se resuelve este problema, de aquí a dos años los funcionarios del servicio público de empleo estarán solos y miles de desempleados sin nadie que les forme”.
La normativa que acabó con la financiación anticipada es nacional pero tanto Muñiz como Peña culpabilizan al Gobierno de Cantabria de retrasar aún más el calendario de pagos. Sin embargo, el director del Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo, lo niega. “El Gobierno cántabro realiza los pagos a las empresas en función del inicio y la finalización de los cursos. Si se demoran en su comienzo, los centros reciben el dinero más tarde”, dice. En este sentido, destaca que “aún hay cursos de 2015 que no han empezado” y que “todavía estamos liquidando algunos de 2013”.
Callejo explica que “los cursos se pagan por certificación de obra y, en función de su ritmo de ejecución, las empresas van recibiendo la financiación”. Recuerda que, tras su aprobación, hay un periodo de tiempo dilatado para iniciarlos y depende de las empresas tanto su puesta en marcha como la justificación de los costes. “Cuanto más tarden los centros en iniciar los cursos, más tarde les llegará el pago correspondiente, pero en ningún momento el Gobierno cántabro ha dejado de financiarlos”.
No obstante, Callejo coincide con Peña y Muñiz en que el sistema de pago falla y debería cambiarse. Insiste en que el problema de raíz está en la normativa aprobada hace dos años por el Gobierno del PP que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Un decreto ley aprobado en 2015 y que impide financiar por adelantado, como se hacía antes, a las empresas que imparten los cursos.
El sistema anterior les anticipaba el 100% del dinero aprobado y esto permitía que el curso se iniciara inmediatamente después de cobrarlo. Las empresas tenían liquidez para contratar los profesores y abonar los gastos de local, herramientas y consumibles y no asumían ningún riesgo de impagos. Cuando saltaron a los medios de comunicación algunos escándalos relacionados con los cursos de formación, el PP cambió radicalmente el sistema y obligó a las administraciones regionales a pagar casi todo el importe a posteriori. La consecuencia, como ya anticipaban los agentes sociales, han sido dramáticas: muchos centros se desentendieron de esta formación, que dejó de ser rentable, y los que continúan ofreciendo estos cursos se encuentran con que no tienen liquidez suficiente como para anticipar tanto dinero y durante tanto tiempo.
Callejo sostiene que el Gobierno nacional actuó de forma intencionada a la hora de establecer la nueva ley: “Se ha dicho que la reforma no es inocente: Se ha querido castigar a los institutos de formación de los agentes sociales, como la CEOE, CCOO o UGT, cuyos centros de formación ya no imparten cursos debido a su falta de capacidad para adelantar el dinero”.
El resultado es dramático. En Cantabria, solo en 2016, se han cerrado 17 centros y se han perdido 300 empleos, según los datos de CEOE y tanto la presidenta de la Comisión de Educación de esta patronal como el presidente de CECE auguran un futuro aún más negro.
Ante este escenario, la Plataforma de Centros de Formación Ocupacional y Continua ha mantenido conversaciones con los portavoces de los Grupos Parlamentarios de la región para buscar una solución. De momento, Podemos y el Partido Popular abogan por presentar una iniciativa parlamentaria conjunta para que el Gobierno explique qué ocurre con las partidas de formación para desempleados.
Eso no parece suficiente para los centros, que se quejan de la falta de una actitud resolutiva por parte del Gobierno de Cantabria, al que en mayo del pasado año le entregaron varias propuestas para paliar la situación, sin que se hayan recibido ninguna respuesta hasta ahora. Sostienen que su pasividad deja a cientos de desempleados sin formación y permite el cierre de centros que, difícilmente, podrán reabrir en un futuro.
“Es fácil cargarse el sistema, lo difícil es volverlo a poner en marcha”, insiste Peña. “Cantabria pierde tejido económico, pierde empleo y sus trabajadores son menos competitivos cada día que está situación se prolonga, porque cuentan con menos opciones formativas, en comparación con el resto de comunidades”, añade.

El dinero de Europa

Através del Fondo Social, Europa envía unos recursos importantes para la formación y reciclaje de los trabajadores, y Montserrat Peña advierte que, de no ejecutarse los cursos, la partida se devuelve y la comunidad es sancionada. Eso significa que no solo perdería dinero a corto y largo plazo, sino que también se resentiría su credibilidad ante los organismos comunitarios. Sin embargo, el director del Servicio Cántabro de Empleo desmiente estas afirmaciones al asegurar que, por el momento, no ha llegado ninguna cantidad con este fin.
El 23 de febrero de 2016 se reunió el Comité de Seguimiento del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Cantabria (del cual forma parte la CEOE, entre otras organizaciones) para decidir qué tipo de programas se financiarían con este dinero comunitario. Según Callejo, en ese momento no se incluyeron los cursos de formación para desempleados. Se prefirió financiarlos con dinero de la comunidad autónoma porque las estrictas reglas de justificación que exige la UE demorarían la liquidación de los cursos durante años. Eso no significa que se pierda el dinero. El Gobierno de Cantabria recibirá de la UE 26,7 millones de euros entre 2014 y 2020 para otras políticas activas de empleo, una cuantía que solo equivale a una pequeña parte de lo que cuestan estos programas, según Callejo.
Cuando en 2016 la Comisión Europea realizó una revisión para ajustar los fondos sociales en función de la evolución de la riqueza de Cantabria y sus datos de empleo, amplió esta dotación del FSE en 7,3 millones de euros y fue tras el aumento de la partida cuando la Comisión de Seguimiento “decidió que cabía la posibilidad de incorporar dentro los programas de formación para desempleados”, explica Callejo, aunque este cambio todavía está por aprobar. Por eso, recalca que Cantabria aún no ha recibido dinero de los fondos europeos y continúa a la espera de que la Comisión de Seguimiento decida oficialmente si incluir los cursos en el programa o no.