Polígonos llenos de sorpresas

La fundición torrelaveguense Main Metall, de capital alemán, compró una parcela en el polígono de Requejada que acababa de promover la empresa pública Sican. El acuerdo de adquisición lo firmó el propio consejero de Industria de la época ante las cámaras de la prensa y televisión. Después de dos años de haber sido concluido, el polígono de Requejada se ponía en marcha.
Pero cuando Main Metall tenía parte de la fábrica levantada, un funcionario de la Confederación Hidrográfica del Norte advirtió a la empresa que buena parte de la parcela no era construible porque tenía una afección de 25 metros desde el cauce del Regato de las Anguilas, cuyo nombre es suficientemente representativo de la pequeña entidad física del riachuelo.
Las sorpresas acababan de empezar. Cuando la fábrica pidió el enganche al tendido de Viesgo, la compañía eléctrica anunció que no podía suministrarla porque la subestación de la zona estaba prácticamente al límite de su capacidad. Es decir, que el polígono promovido por el Gobierno, tampoco tenía luz.
Hoy, cinco meses después de que Main Metall empezase su fabricación en Requejada, aún se ve obligada a trabajar con la energía que producen dos enormes generadores que tiene alquilados, lo que supone un precio por kilovatio desmesurado en un negocio, como el de una fundición, donde la energía ya es de por sí uno de los principales costes.
El actual Gobierno tiene ya comprometida la construcción de una nueva subestación eléctrica –lo que supondrá alrededor de 1,3 millones de euros de gastos–, a partir de este mes de septiembre. Con ella no sólo se solucionará el problema de Main Metall España, sino también el de Micronorte, otra empresa recientemente asentada en el polígono público, y de cualquier otra que se levante en la zona.
¿Imprevisión? ¿Errores? ¿Prisas? ¿Ahorros mal entendidos? En realidad, es posible que haya de todo. A nadie se le ocultaba que en el polígono de Santoña no era suficiente con una depuradora de tercer grado, capaz únicamente para quitar partículas en suspensión, cuando las conserveras tienen unos efluentes extraordinariamente corrosivos y muy contaminantes. Un problema aún mayor cuando el colector ha de verter, necesariamente, a un paraje declarado reserva natural. Pero se hizo así y, al cabo de dos años, el Gobierno PP-PRC hubo de rehacerla por completo para convertirla en una depuradora de más capacidad y con prestaciones más altas.
Error de municipio

En otras ocasiones, son descuidos administrativos, como ocurrió en el polígono de Ambrosero, también promovido por el Gobierno anterior, sin asegurarse suficientemente de su localización exacta. El emplazamiento encontró una buena demanda entre las empresas, hasta el punto que antes de concluir la primera fase, la Consejería de Industria ya pensaba en la segunda y la tercera. Y lo cierto es que se acometieron con relativa rapidez, pero todo se complicó cuando el Ayuntamiento de Escalante, al revisar los deslindes con Argoños tras una polémica por una licencia de construcción de chalets, descubrió que buena parte del polígono que el Gobierno construía en Ambrosero estaba, en realidad, dentro de su término municipal.
Todos los intentos de llegar a una solución negociada fueron inútiles, y ni siquiera la mediación del consejero de Industria pudo evitar que la pugna por la titularidad del suelo llegase al Consejo de Estado. Decidir en qué municipio está asentada cada parcela es mucho más importante de lo que parece, dado que podía resultar que el Ayuntamiento que concede la licencia de construcción de una nave no sea el auténtico titular del suelo, lo que, como poco, obligaría a la empresa a pedir otra nueva licencia –probablemente con una previa recalificación del suelo–, además de volver a pagar las tasas y tratar de rescatar las que había abonado al otro municipio.

Parcelas vendidas dos veces

En el caso del polígono de El Bosque, en Entrambasaguas, los problemas son más comprensibles y se suscitaron con la llegada de Altadis. El Gobierno ya tenía vendida alguna de las parcelas y, por razones evidentes, se vio en la necesidad de disponer de ellas para no perder una oportunidad histórica como la de asentar la nueva factoría de Altadis. Buscó la forma de rescatarlas y lo consiguió, pero perder el sitio le suponía a alguno de los afectados mucho dinero, como a Gemas del Mar, que tuvo que trasladar su proyecto a Heras, donde, además de perder toda una campaña de costeras, necesitó pilotar para hacer la fábrica y eso encareció notablemente su inversión.

Suelos contaminados

Lo que ha ocurrido en Reinosa es ajeno al Gobierno regional, porque es un polígono promovido por la Administración estatal, a través de la empresa pública de gestión de suelo SEPES. Desde su construcción, hace más de diez años, se sabe de la mala calidad del suelo de este polígono de La Vega. De hecho, la urbanizadora vendió muchas toneladas de tochos de hierro de los restos de fundición que encontró al remover un suelo que durante años había sido utilizada por la Naval para el vertido de escorias y para rellenos.
El hierro retirado no fue bastante para mejorar significativamente la calidad del suelo y la urbanización de este polígono siempre ha resultado problemática. Hace algo más de un año, Suyesa utilizó el argumento de que el suelo estaba contaminado y no tenía buen firme para renunciar a hacer su proyecto en Reinosa, ya que eso lo encarecería en unos 90 millones de pesetas (hay que tener en cuenta que la empresa costarricense necesitaba nada menos que 120.000 m2).
El problema se ha vuelto a plantear ahora con la conservera de subproductos de anchoa que quiere instalarse en la zona. El grupo Holdeker no contaba con que no hay firme hasta 2,5 metros de profundidad y pretende que el sobrecoste de retirar el escombro lo pague Sodercan o la Consejería de Industria, que es lo mismo.

Error geográfico

Para completar los problemas, la empresa alemana, que tiene intención de crear unos 40 puestos de trabajo directos, se ha encontrado con que, en realidad, parte del polígono de Reinosa está en Mataporquera y, en concreto, el 60% de la parcela que tiene asignada. Para mayor desconcierto, el suelo del polígono industrial no tiene calificación de industrial, como cabía suponer, sino rústico y, a pesar de los casi quince años que lleva construido, nadie se había tomado la molestia de cambiarlo hasta ahora, ni el propio SEPES de solicitarlo.
Afortunadamente, el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio está dispuesto a resolver con premura todos los problemas que estén en su mano. De hecho, ya ha concedido la licencia a la empresa y ha aprobado la modificación de las normas subsidiarias para poder cambiar la calificación del suelo rústico genérico y hacerlo industrial.
Los problemas ocurridos en polígonos de promoción privada son tanto o más graves, pero resultan menos significativos por el hecho de que no es una Administración pública la que vende la parcela, algo que por sí mismo parece una garantía. Pero, por lo que se ve, no conviene presumir nada.