Mirones llega al último obstáculo

A medida que pasan los días, Mirones tiene más papeletas para continuar. Él había augurado que el movimiento para apartarle del cargo (“crear un clima insoportable que obligase a la Comisión Ejecutiva a dimitir’, dijo) empezaría mucho antes de que se conociesen los resultados de la investigación, y presumía que ese movimiento iba a tener un respaldo exterior político que nunca ha querido explicitar. Le preocupaba menos el resultado de la auditoría que realiza Deloitte sobre los hechos denunciados por el secretario general de la organización, Yves Díaz de Villegas.
Mirones superó la primera prueba, la Junta Directiva del 25 de febrero, de una forma bastante airosa, si se tiene en cuenta que el enorme shock que habían creado las denuncias formuladas por el secretario general 48 horas antes. En ese momento, un 90% de los asistentes respaldó su propuesta de encargar una investigación a una auditora de prestigio nacional y depurar las responsabilidades (las suyas si las hubiese o las del secretario general, en el caso contrario) al conocerse los resultados.
Todo parecía indicar que el siguiente episodio de la polémica se aplazaba hasta la entrega de las conclusiones, a finales de marzo, pero mucho antes el propio Yves Díaz de Villegas y el empresario José Saiz se dirigieron a cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo –el equipo de Mirones– para tratar de que forzasen su dimisión, después de anunciarles que iba a ser enviada al fiscal un acta donde la firma del secretario general había sido falsificada, una acusación que no figuraba en el escrito inicial.
Los miembros del Comité Ejecutivo mantuvieron su apoyo a Mirones y en ese momento afloró ante la opinión pública la nueva polémica en torno al acta de una reunión celebrada por una fundación de CEOE al finalizar el Comité Ejecutivo de enero. En ella, la Fundación de Servicios Empresariales modificaba un artículo de sus estatutos para respaldar la petición al Gobierno de un PSIR con el que poder promover un polígono industrial en Liébana, a propuesta de un grupo de empresarios de la zona. Un asunto de índole burocrática que no hubiese suscitado conflicto. Pero la cuestión no es lo que se trató sino si realmente se trató.
Díaz de Villegas sostiene que su firma electrónica fue utilizada de forma abusiva en la rúbrica de ese acta, que fue enviada por e-mail a los patronos de la Fundación para ser ratificada. Ha asegurado que esa reunión nunca se celebró, pero la letrada de la CEOE, Dolores Ruilópez, que ha asumido personalmente la tramitación de todas las actas, sostiene lo contrario. El asunto podría haber quedado en un debate palabra contra palabra de no haber aparecido otro acta posterior, también con la firma de Díaz de Villegas, en el que se hace referencia a ese acuerdo. Cuando ya parecía que el secretario general tenía perdida esa batalla de última hora, un miembro del propio Comité Ejecutivo, Santiago Díaz Zavala, advirtió públicamente que se graban todas las reuniones que realiza el Comité pero no existe la correspondiente a la junta celebrada por los patronos de la Fundación.
El equipo auditor pidió esas grabaciones y los miembros del Comité dijeron no poder entregarlas por desconocer su existencia. Y dejaron entender que si Díaz Zavala la conoce es por haber recibido una información directa de quien las realizaba, el propio secretario general. El representante de Ascan no entró al trapo y criticó “la falta de transparencia del Comité”, por no entregar los archivos de audio, si los tenía, o por no reconocer que no se celebró esa junta.
Las grabaciones de los Comités se decidieron en el anterior mandato, a resultas de las dificultades que había para redactar las actas, como consecuencia de las objeciones que presentaban los representantes de Coercan, Miguel Angel Cuerno, y de Pymetal, José Gómez Otero, que por entonces formaban parte de este órgano de gobierno de la CEOE. Los miembros del actual Comité sostienen que no eran conscientes de que el secretario general mantuviese ahora esa práctica. Añaden que la Fundación tiene una entidad jurídica ajena a la CEOE, por lo que debiera haberlas consentido expresamente y, en cualquier caso, las grabaciones sólo podrían entenderse como un apoyo para la redacción de las actas y ser borradas posteriormente, puesto que las deliberaciones son secretas.
Con grabaciones o sin ellas, los auditores tendrán que dilucidar si realmente se utilizó la firma de Díaz de Villegas indebidamente en ese acta y dar respuesta a sus anteriores denuncias: si las empresas con las que se contrataron servicios de catering y eventos tenían vinculación con Mirones; si hubo nepotismo en la incorporación de personal y se amañaron los contratos para hacer un periódico digital y si la nave alquilada a Fushima se hizo con la suficiente concurrencia de ofertas.
En los círculos cercanos al presidente hay tranquilidad. Creen que hay actas y e-mails suficientes para respaldar la existencia de la discutida reunión y el nombre de Mirones no aparece como fundador ni como socio en las empresas suministradoras que cita el secretario general. Por otra parte, los jefes de servicio se han hecho responsables de las contrataciones, a excepción de la de Beatriz Benéitez, que llegó como personal de confianza del presidente, un derecho que nadie le discute. El contrato para hacer un periódico digital y para su mantenimiento se produjo durante la baja maternal de ésta, por lo que sostienen que no pudo ser la responsable de la adjudicación, como aseguraba Díaz de Villegas en su carta. La cuestión de más calado económico, la denuncia sobre la contratación de la nave de Campogiro, propiedad de un cuñado de Mirones, para dedicarla a formación, también lleva camino de desinflarse, dado que ha aparecido documentación sobre media docena de propuestas y un acta donde se recoge que Mirones se ausentó de la votación después de advertir de la relación familiar que le vinculaba con una de las ofertas.

Mayoría en la Junta

La auditora ha pedido diez días más para presentar los resultados de su investigación, que se conocerán antes del día 11. La forma en que se expondrán ante la Junta puede ser el último caballo de batalla. Mirones parece convencido de salir con éxito –”como no soy responsable de nada de lo que se me acusa, no puedo aparecer como culpable de nada–, ha dicho públicamente–. Si apareciese –lo que no puede ser descartado– ha anunciado que dimitirá en ese mismo momento, pero también ha advertido de que, en caso de salir indemne de la prueba, exigirá el despido inmediato del secretario general, contra el que, además, se ha querellado por los daños a su honor.
La posibilidad intermedia, que el informe revele que no hay prácticas ilícitas pero sí deficiencias de gestión, también se volvería en contra del secretario general, cuyo cargo equivale al de gerente. Al menos así lo entienden los partidarios de Mirones. Resultaría una curiosa paradoja pero eso no evitaría una cierta censura del presidente, por elevación.
No obstante, no es probable que, en ese caso, la Junta Directiva, formada por los presidentes de las asociaciones sectoriales, quiera echar más leña al fuego. A pesar de que para disgusto y sorpresa del equipo de Mirones, 29 asociaciones se sumaron a la tesis de los promotores de la llamada Tercera Vía –que debía ser apartado del cargo mientras durase la investigación– los apoyos del presidente siguen siendo mayoritarios en una Junta Directiva que ya tiene 80 miembros, porque incluso entre los 29 firmantes hay muchos que mantienen una posición tibia.
La posibilidad de que Mirones deje la presidencia pasa exclusivamente por su dimisión, si el resultado de la auditoría le es contrario, o por una presión pública insostenible que llegue a forzar al Comité Ejecutivo a pedirle que abandone el cargo, algo que no parece probable después de la que ya ha superado. La eventualidad de que se cree una gestora que dirija la patronal hasta las elecciones no tiene encaje estatutario y tampoco lo tendrán fácil quienes pretendan articular una candidatura rival para entonces.
Ni siquiera es probable que los opositores puedan mantener la presión pública después de conocerse los resultados de la auditoría si se tiene en cuenta que en la calle ya habrá otro foco de interés, las elecciones regionales y municipales. Un debate muy distinto, aún en el caso de que, como sospechan algunos, haya un hilo conductor entre el de la patronal y el del Gobierno.