La fiebre certificadora
Las certificaciones medioambientales de empresas cántabras se han duplicado en el último año, a semejanza de lo que ocurrió hace algún tiempo con las de calidad. Obviamente, ésto solo puede ocurrir cuando el número de partida es relativamente pequeño, pero lo cierto es que 68 empresas de la región han conseguido ya la ISO 14000, lo que indica un interés generalizado por hacer las cosas bien y por mejorar su relación con el entorno.
A pesar de lo que a veces se supone, no sólo las grandes fábricas son susceptibles de ser certificadas ambientalmente. La norma puede ser asumida por cualquier empresa, de cualquier tamaño y cualquier sector, incluso por instituciones, pero estas últimas parecen mucho más remisas, lo que puede ser contradictorio con el liderazgo social que se les supone. Entre ellas, sólo la Cámara de Comercio de Cantabria se ha sentido en la necesidad de obtener esta acreditación y someterse a las exigencias que comporta en la vida diaria.
El objetivo básico de la certificación medioambiental es asegurar la protección al entorno y prevenir la contaminación, pero Rafael de Andrés y Manuel Díez, de Gestical, recuerdan que “la norma no establece requisitos categóricos para el comportamiento medioambiental, más allá del compromiso del cumplimiento de la legislación y la normativa aplicables y la mejora continua”.
Sonia Fernández, de SN señala que la posición de las empresas hacia la gestión medioambiental está evolucionando “desde una actitud defensiva hacia una actitud preventiva que garantice un control del riesgo medioambiental asumido y no ponga en peligro su supervivencia”.
Quizá por esa concepción estratégica, cada vez son más empresas y de sectores más diversos las que están dispuestas a hacer una gestión medioambiental y a certificarla conforme a la norma ISO 14001, aunque no cabe olvidar, como indica José María Rodríguez, de Medio Ambiente Consultores, la creciente presión del entorno en este sentido: “Muchas empresas pioneras están empezando a aconsejar, e incluso a obligar a sus proveedores a que adopten también un sistema de gestión medioambiental y que lo certifiquen”, explica.
El objetivo genérico es la prevención de la contaminación y la implantación de un sistema de mejora continua, pero las vías son muy distintas. José Antonio Reyero, de la certificadora Lloyd’s refleja hasta qué punto pueden ser distintos: “Una cementera podría identificar como principal objetivo medioambiental la reducción de las emisiones atmosféricas, mientras que un órgano de la Administración al implantar un sistema de gestión puede estar pensando en la influencia que puede ejercer sobre las empresas de la zona para que hagan otro tanto”.
El proceso suele iniciarse con un diagnóstico medioambiental de la empresa o institución y la fijación de unos objetivos y una política de gestión. Sabiendo lo que pretende conseguirse, ya se puede documentar y desarrollar el sistema de gestión, en el que se identifican y planificar los aspectos medioambientales, el control de las operaciones, los planes de emergencia, la política de formación y sensibilización de la plantilla, etc.
Tras la implantación del sistema, se comprueba su funcionamiento y eficacia mediante auditorías internas y, una vez superadas, la empresa está en disposición de pedir la auditoría externa de una entidad certificadora de sistemas de gestión medioambiental acreditada por la ENAC.
Los costes del proceso de certificación son muy variables, incluso para empresas del mismo tamaño. Dependen, según SN, de la situación en que se encuentre la empresa en cuanto a gestión de residuos, vertidos, emisiones, ruidos, etc.
Otra consultora, Gestical, insiste en esta variabilidad y recuerda que, al asesoramiento y la acreditación propiamente dicha, en ocasiones hay que sumarle posibles inversiones para reducir los efectos medioambientales, gestión de residuos, etc. Costes que, en realidad, debieran estimarse en su opinión, como una inversión de la empresa.
El tiempo que requiere una certificación es también variable y en él influyen tanto la complejidad de la propia empresa como el grado de implicación de su personal, y especialmente de la dirección, en la implantación del sistema. En cualquier caso, la estadística asegura que suelen transcurrir, como media, entre ocho y doce meses.
Una vez conseguida la certificación la empresa ha de cumplir con aquello a lo que se ha comprometido, hacer sus propias auditorías internas medioambientales, y someterse a otras externas de seguimiento que, en ocasiones, se hacen coincidir con las estipuladas para la ISO 9001.
¿Qué añade la certificación?
Las ventajas de la acreditación son notorias. En primer lugar, aporta prestigio y credibilidad. Rafael de Andrés y Manuel Díez añaden que las empresas demuestran estar preparadas para cualquier eventual actuación en el campo medioambiental y prevenir los posibles impactos, mejoran la comunicación interna y externa y capacitan a su personal en estas tareas ambientales.
SGS, por su parte, habla de una optimización de consumos de energía y materiales, una mejora en la gestión de residuos, reducción de la accidentalidad y mejora de los procesos productivos. Unos beneficios muy tangibles a los que añade otros más difíciles de cuantificar pero también importantes como la buena imagen de la empresa, la mejora de la relación con vecinos y con las administraciones públicas y una reducción del riesgo de sufrir sanciones.
Aún se le pueden añadir otros beneficios. SN añade el implicar al personal en una cultura de mejora continua y de ahorro e, incluso, el poderse diferenciar de otras empresas que no tienen implantado el sistema de gestión.
Todas estas ventajas convencen a un número cada vez mayor de empresas. España avanzaba en este terreno con cierto retraso, pero consultoras como Giscal confían que la tendencia actual de rápido crecimiento haga desaparecer las diferencias pronto.
José Ramón Toribio, director de Gescan, muestra datos contundentes para ratificarlo: En el año 2002, España era después de Japón y China el país donde más rápido crecían las certificaciones medioambientales, a un ritmo del 34,5%. Pero quizá más llamativo es que en nuestro país se expediesen 1.164 certificaciones frente a las 975 de EE UU, cuyo censo de empresas es muy superior, las 320 de Alemania o las 375 de Francia. De esta forma, en números absolutos, España se ha convertido ya uno de los países con más certificaciones del mundo, con más de 4.200, según la consultora SGS.
Cantabria estaba notoriamente retrasada. A finales del 2002 sólo contaba con 30 empresas certificadas. La Rioja, la única comunidad más pequeña, tenía 79 y Navarra, alcanzaba las 70. Sin embargo, nuestra comunidad autónoma ha dado un salto espectacular en el último año, recuperando el terreno perdido y en estos momentos suma 68 empresas certificadas.
