LA factura DE KIOTO

¿Cuánto le costará a las empresas de la región el Protocolo de Kioto? Es muy difícil arriesgar una cifra exacta. De hecho, sólo a lo largo del año pasado, los cálculos que se realizan para el país se multiplicaron por cinco. Pero puede estimarse que, al menos, 47 millones de euros por año. Una cuantía muy elevada si se tiene en cuenta que no afecta a todos los sectores productivos y la factura se repartirá entre las empresas de los sectores energético, cementeras, papeleras, siderúrgicas, vidrieras o textiles.
Si es muy difícil estimar los costes directos, mucho más los indirectos que puede causar la aplicación de los controles de emisiones que provocan el efecto invernadero. Por ejemplo, es evidente que van a suponer un sobrecoste muy notorio a las centrales térmicas que producen energía eléctrica utilizando el carbón como materia prima, y que algunas de ellas podrían quedar fuera del mercado, lo que a su vez podría repercutir en las entradas de carbón a través del puerto de Santander. Esto, a su vez, haría poco operativa la inmensa nave que ahora se va a construir para evitar las importantes molestias que causa la manipulación del carbón en la ciudad.
Por lo pronto, lo único seguro es que el control de las emisiones directas en la región va mal. Si España hace tiempo que ha desbordado el crédito del 15% de crecimiento de las emisiones con efecto invernadero que le concedió Kioto, en Cantabria la situación en 2002 era aún peor. Las emisiones eran un 38,3% superiores a las de 1990, el año base que se emplea para los cálculos. Es cierto que en otras comunidades el desbordamiento es superior, pero suelen ser autonomías con menos peso de sectores afectados.

Obligados a comprar derechos

Inevitablemente, parte de las industrias cántabras tendrán que adquirir derechos de emisión, cuyo precio oscilará entre los 20 y 32 euros por tonelada de CO2, y lo que resulta más paradójico es que tendrán que adquirírselas a empresas de Alemania o del Reino Unido, dos países con emisiones per capita superiores a las españolas, pero que, por sus circunstancias particulares, parece que van a cumplir sin problemas los objetivos de Kioto para sus respectivos países. La República Federal, porque ha renovado la obsoleta industria de Alemania del Este y el Reino Unido por la sustitución de casi todas sus centrales eléctricas de carbón por centrales de gas.
Es cierto que Kioto puede recompensar a Cantabria por otra vía, la forestal, dado que sus bosques son un sumidero para el CO2, pero la cuantía nunca será comparable al gasto en derechos de emisión que van a tener que hacer las industrias. Sí puede resultar una ayuda muy notable para Sniace, propietaria de grandes masas forestales que pueden propiciarle, incluso, un saldo positivo en su balance de derechos.
Las empresas han tardado en reaccionar, pero ya están poniendo en práctica algunas medidas. El sector cementero, por ejemplo, está volcado en la búsqueda de combustibles alternativos al carbón, y en el caso de Cementos Alfa, en la sustitución del fuel por residuos.
En Cantabria no hay centrales eléctricas que puedan verse afectadas por el Protocolo de Kioto y, por tanto, está al margen de la polémica nacional que vive este sector. Eso no ha evitado que Viesgo como empresa tema serias repercusiones, dado que dispone de centrales de carbón en otros puntos del país y está más dispuesta a secundar la petición de Endesa para que se le concedan al sector unos derechos de emisión elevados, que a aliarse con Iberdrola, que prefiere una política más restrictiva. Si se produce esta última circunstancia, Iberdrola –el grupo con más ciclos combinados– saldría muy beneficiada, mientras que Endesa y Viesgo posiblemente se verían obligadas a cerrar alguna de sus centrales de carbón, ante la necesidad de comprar un volumen de derechos de emisión que las haría muy ineficientes en costes.

Otra vuelta de tuerca más

Kioto no es la única amenaza a corto plazo. Si a los firmantes del protocolo les preocupaban exclusivamente las emisiones al aire, en la nueva Ley española de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), que traspone una directiva europea se van a valorar también los impactos ambientales sobre el agua y el suelo. Y, en este caso, no se va a librar casi ningún sector industrial. Todas las instalaciones fabriles españolas deberán adaptarse a las nuevas exigencias antes de 2007 y cada sector tendrá unos límites contaminantes que no podrá superar. La Fundación Entorno estima que este proceso va a suponer un coste de entre 855 y 2.000 millones de euros para las fábricas, de donde se deduce que la industria cántabra deberá emplear un mínimo de 2.000 millones de pesetas en esta adaptación complementaria.
Los sectores afectados, en este caso, son la generación de energía térmica, la producción y transformación de metales, la industria química y mineral, gestoras de residuos, papeleras, cementeras, textiles y agroalimentarias, casi todas con representación en Cantabria.
Es cierto que muchas empresas ya llevan parte de la tarea hecha. La planta de Firestone en Puente San Miguel ha empleado en los últimos años 1,5 millones de euros en reducir su carga contaminante o en conectar sus colectores al saneamiento del Saja-Besaya. Solvay ha sido una de las primeras multinacionales del mundo en asumir un compromiso medioambiental en el que se obliga a unas fuertes reducciones anuales en las emisiones de todos sus centros, entre ellos el de Torrelavega. GSW o Ferroatlántica han instalado filtros para retener las partículas en suspensión que salen con los gases. Pero sólo son los primeros pasos de un proceso muy exigente que pondrá a prueba, una vez más, a la industria.

Kioto: La equidad en un compromiso global
CEOE-CEPYME de Cantabria
La actividad humana y, muy especialmente, la utilización de recursos de energía fósil, carbón, petróleo o gas, comporta emisiones a la atmósfera. Junto con la emisión de contaminantes (óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas o elementos volátiles…) la combustión conduce, por su propia naturaleza, a la producción de dióxido de carbono.
El dióxido de carbono ha sido siempre un compuesto presente e importante en nuestra atmósfera. Sin embargo, una incorporación significativa de este compuesto conduce al llamado «efecto invernadero», con aumentos de temperatura media en la superficie de la tierra y en la troposfera, disminución del área cubierta por hielo y nieve, aumento del nivel del mar y una mayor incidencia de situaciones climáticas extremas.
La necesidad de dar una respuesta a esta situación supuso el establecimiento de una primera plataforma: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 1992. Finalmente, en diciembre de 1997, el Protocolo de Kioto estableció para los países desarrollados una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 5% para el periodo 2008- 2012, en relación con las correspondientes a 1990, fijándose para cada país un porcentaje concreto.
El máximo esfuerzo corresponde a la UE a la que, en conjunto, corresponde reducir sus emisiones en un 8%, cifra superior a la acordada para los Estados Unidos (7%) o para Japón (6%). Otros países como Rusia, deberán estabilizar sus emisiones o podrán aumentarlas como Australia (8%) o Islandia (10%). En la Unión Europea la reducción se distribuye en función de la situación de cada país, alcanzando el 21% para Alemania o Dinamarca y, en cambio, admitiendo aumentos del 15% para España o del 27% para Portugal.
La entrada en vigor del tratado exige su ratificación, al menos, por 55 países que representen como mínimo el 55% de la emisiones. Las dificultades que está suponiendo dicha ratificación ponen de manifiesto que la necesidad de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no es asumida como una cuestión prioritaria, máxime cuando países principales en emisión de CO2 han rechazado su compromiso.

Equidad en la limitación
La necesidad de reducción de emisiones a nivel global se inserta en un contexto de gran desigualdad mundial en riqueza, consumo de energía y generación de emisiones. Un 20% de la población mundial, los 1.000 millones de personas de los países industrializados, consumen un 60% del abastecimiento energético. El 80% restante de la población mundial, 4.000 millones de personas, consume únicamente el 40%.
La disparidad de este balance es aún más significativa presentada en forma individual: El 20% de la población, el más desarrollado, tiene ingresos per cápita superiores a 22.000$ anuales y un consumo individual de 5 toneladas equivalentes de petróleo al año. El 40% de la población, el menos desarrollado, tiene ingresos inferiores a 1.000$ anuales y consume 0,2 toneladas equivalentes de petróleo al año. Es decir, tanto la renta como el consumo energético per cápita son unas 25 veces superiores en los países más desarrollados. Las emisiones de gases de efecto invernadero están en la misma proporción.
Si bien la reducción de emisiones tiene que ser un objetivo para todos, son lógicamente los países mas desarrollados y con superiores emisiones per cápita los que deben afrontar en mayor medida la reducción de emisiones, excluyendo a los países que se encuentran en vías de desarrollo. Las limitaciones no pueden cuestionar la aspiración de los países menos desarrollados a aproximarse a los más desarrollados. Una necesidad que, incluso adoptando las mejores medidas de ecoeficiencia energética, puede conllevar aumentos en su demanda energética y en sus emisiones.

Directiva sobre el Régimen de Derechos de Emisión
La Directiva constituye un mecanismo orientado al cumplimiento del Protocolo de Kioto en los países europeos. Identifica sectores que por sus emisiones de dióxido de carbono se consideran prioritarios: Actividades energéticas; producción y transformación de metales férreos (siderurgia); industrias minerales (producción de cemento, vidrio y cerámica); producción de pasta de papel y cartón. Se estima que estos sectores representan el 45% de las emisiones europeas.
Paralelamente, establece un sistema que permite asignar a las empresas cuotas para sus emisiones, en función de los objetivos previstos para sus Estados. El sistema distribuye gratuitamente a cada empresa de los sectores afectados, unas cantidades de emisiones (derechos de emisión). Para sobrepasarlas, deberá adquirir a otra compañía los derechos de emisión necesarios. Opuestamente, si una empresa dispone de derechos que superan sus emisiones puede vender el excedente a las que lo precisen. Se crea así un mercado de derechos de emisión a nivel de la Unión Europea.
El sistema ofrece flexibilidad y motiva la aplicación de nuevas tecnologías limpias en las empresas, tanto para cumplir la cuota de emisión asignada como para obtener ingresos adicionales por venta derechos de emisión de la cuota si pueden reducir sus emisiones.
La asignación de los derechos de emisión es la tarea más compleja en la aplicación de la Directiva. Se trata de distribuir unos derechos escasos, limitados por los compromisos adquiridos por cada Estado para cumplir el Protocolo de Kioto, entre sectores que presentan diferentes casuísticas técnicas, ambientales y económicas y, dentro de ellos, entre las instalaciones existentes que también presentan casuísticas diferentes. El Plan Nacional de Asignación (PNA) debe de estar concluido en breve ya que antes del 31 de marzo los Estados deben presentar a la Comisión sus planes de asignación de derechos para el período 2005-2007.
España ha debido realizar desde 1990 un gran esfuerzo de desarrollo para aproximarse a las ratios de la Unión Europea. Por ello, limitar el crecimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero a un 15% en relación con las de 1990 puede suponer para nuestro país una restricción más importante que la que supone obtener reducciones en otros países de la Unión.
Si la asignación de derechos de emisión a las empresas o instalaciones españolas fuese inferior a la de sus homólogas en otros países europeos podrían producirse desequilibrios que incidirían en sus costes o en su viabilidad.
En Cantabria están representados todos los sectores afectados por la Directiva: actividades energéticas (son varias las industrias que cuentan con procesos de cogeneración); producción y transformación de metales férreos (ferroaleaciones, fundiciones, forjados…); industrias minerales (fabricación de vidrio y fibra de vidrio, fabricación de productos cerámicos…) y fabricación de papel y cartón. La repercusión de estos sectores en el tejido económico y social cántabro es importante, no solo por su incidencia directa sino por la capacidad que estas actividades tienen de generar sinergias en otras actividades de menor tamaño y volumen de fabricación y de otros sectores de actividad. Es evidente, que la Directiva tiene una incidencia directa, afectando a los sectores incluidos en sus anexos pero, indirectamente, afectará a cualquier sector productivo, a través de los costes repercutidos sobre sus productos y, muy significativamente, de la energía.
Es evidente que la calidad de vida y el desarrollo sostenible no puede tener lugar sin una limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, pero esta limitación ha de ser equilibrada y equitativa.