Inventario

Inflexible Administración

A grandes males, grandes remedios. En junio finalizaba el plazo para reclamar al Estado la devolución de las tarifas que los puertos españoles cobraron a los barcos entre 1993 y 2000, algo así como 4.000 millones de euros. El Tribunal Supremo había decidido que eran ilegales por un asunto aparentemente irrelevante, el haberse fijado como ‘precios privados’ lo que en realidad son tasas públicas. Pero, como cabía esperar, no se va a devolver nada, lo cual por otra parte, es lo razonable. Una enmienda de última hora a la nueva Ley de Puertos lo va a evitar. En realidad no lo impide, sino que fija las mismas cantidades como tasas, que tendría que volver a abonar quien se tome la molestia de reclamar lo indebidamente cobrado.
La sentencia hubiese causado la ruina financiera de los puertos o la subsidiaria responsabilidad del Estado, de quien partió el error regulatorio, pero no es nueva. El Supremo falló contra la Ley de Puertos del 93, pero podía haber hecho lo mismo con las tarifas del agua y las basuras de muchas ciudades, donde hay una permanente confusión entre las tasas y los precios públicos. Que se lo digan a la Empresa de Residuos de Cantabria y a los ayuntamientos que se ampararon en errores semejantes para no pagar la deuda que acumulaban por la recogida de basuras.
En el caso de la Ley de Puertos del 93 fue una pequeña torpeza producto del voluntarismo. El Gobierno decidió introducir unos ciertos visos de competencia entre los puertos, para que los más eficaces pudiesen captar más tráficos, autorizándoles la rebaja de algunas tarifas, hasta ese momento idénticas para todos. Era la forma de conseguir que los puertos españoles, extraordinariamente burocratizados, comenzasen a despertar. Y para darles este margen de maniobra, el legislador pensó que lo más sencillo era sustituir el concepto de tasa por el de precio privado (al fin y al cabo, los puertos se convertían en organismos semiautónomos). De esa forma, en lugar de ser fijadas por la Ley de Presupuestos, las tarifas quedaban en manos del ministro del ramo.
Pero, tiempo después, el Supremo dijo que el collar no cambiaba el perro y allí no había otra cosa que una tasa.
Para el que paga es indiferente que se llame de una forma u otra, pero las repercusiones económicas de la sentencia se habían convertido en descomunales (no sólo había que devolver todo lo cobrado, sino que además, había que hacerlo con intereses). Como es obvio que los puertos prestaron esos servicios a los buques, resultaba disparatado tener que devolver semejante cantidad de dinero, así que para corregir una chapuza legal ha sido necesaria otra.
Todo ello demuestra que sentencias perfectamente conformes a derecho pueden dar lugar a situaciones ajenas al sentido común y que introducir conceptos de flexibilidad en la Administración pública implica demasiados riesgos, tantos que los políticos han preferido esquinarla y promover la constitución de empresas que acabarán por convertir la Administración en un desmesurado esqueleto burocrático con todos los músculos fuera, componiendo una Administración Bis tan poco ortodoxa como racional, pero ajena a los sobresaltos del derecho administrativo.
No parece próximo el día en que alguien llegue a la conclusión de que quizá sea más sensato reformar a fondo la Administración pública, con una estructura de funcionamiento más acorde a los tiempos para no tener que recurrir a estas chapuzas externalizadoras. Pero, para entonces, quizá sea demasiado tarde y ocurra como con el software de los ordenadores. Los programadores han tenido que avanzar diseñando los códigos en función los miles de parches que corrigen los errores anteriores y todas las ramas que este retorcidísimo árbol ha ido acumulando a lo largo del tiempo se desprenderían si alguien decidiese reescribir todos los códigos desde el principio ya depurados. Los ordenadores se colgarían menos, trabajarían mucho más rápido, pero los programas que usamos todos los días dejarían de funcionar. Con la Administración pasaría algo parecido. Arrastra tantas adherencias que cambiar la manera de funcionar parece ya poco menos que imposible.

Muertos vivientes

La progresiva privatización de las empresas públicas ha dejado al antiguo INI como un pequeño reducto industrial, inferior al de muchos bancos y cajas de ahorros. Ahora son las autonomías las que se lanzan a crear empresas públicas, incluso las gobernadas por partidos que exigieron que el Estado se deshiciese de las suyas. La tesis privatizadora es fácilmente aplicable en las empresas rentables y, de hecho, se han vendido prácticamente todas, pero es mucho más difícil de poner en práctica con las que pierden y el ejemplo más evidente es el de Hunosa, un lastre injustificable del que ni PSOE ni PP se han atrevido a desprenderse.
La empresa minera pública ha perdido dinero por cuadragésimo año consecutivo, es decir, que no ha tenido un solo año de beneficios desde se que se creó en 1967, fruto de la nacionalización de dieciocho minas privadas de la cuenca asturiana.
El hecho de que pierda insistentemente es sólo una parte del problema, la otra es la desmesurada distancia que hay entre los ingresos y los gastos, que indica bien a las claras que las cosas nunca serán diferentes.
Pese a que a lo largo del pasado año los precios del carbón han subido nada menos que un 41%, los ingresos de Hunosa siguieron bajando y apenas dan ya para cubrir un tercio de los costes salariales. Pero la desmesura es mucho mayor, si se tienen en cuenta otros gastos. Mientras que la empresa pública únicamente facturó 34,5 millones de euros por venta de carbón térmico y otros 17,7 por la de energía, el Estado tuvo que poner casi 500 millones para cubrir las pérdidas del ejercicio, recapitalizarla y sufragar la nueva oleada de prejubilaciones.
Hay pocas cosas más negras que el carbón, pero las cuentas de Hunosa parecen dispuestas a competir por ello. Probablemente, la cuenca asturiana hubiese encontrado mejores alternativas con estos millones –los muchos que se han enterrado y los 2.000 que ya se han ofrecido para la próxima reestructuración– si alguien hubiese tomado hace mucho tiempo la decisión de cerrar unas minas que no tienen justificación económica alguna. Las empresas nacen y mueren. Suponer que se deben conservar a toda costa es desconfiar de la capacidad regeneradora de la propia economía. EE Administrt está lleno de antiguas fábricas cerradas y eso no ha supuesto la ruina, sino que ha servido para encontrar nuevas y mejores alternativas.

Del maletín a las bolsas de basura

En España se han emitido 101 millones de billetes de 500 euros, algo más de dos billetes por ciudadano y, sin embargo, la mayoría no los ha visto nunca. Es paradójico y no tiene explicación aparente. Hay asesores fiscales que han tratado de quitar hierro a este evidente manchón que apunta a la existencia de una economía sumergida descomunal y lo han justificado en una supuesta demanda desde países del Este y del Medio Oriente, donde se habrían convencido de que ahora resulta más interesante guardar los ahorros en euros que en dólares. Puede que sea cierto pero no deja de resultar extraño que quieran precisamente los billetes que se emiten en España y desprecien los de otros miembros de la Unión Europea más próximos a sus fronteras, porque sólo en nuestro país se da esta fiebre acaparadora que obliga a continuas reimpresiones, hasta el punto que en el último año se han emitido 12.000 millones de euros en este papel moneda de color violeta tan huidizo y, a día de hoy, el 63% de los billetes que hay en España no son de cinco o de diez euros, como cabría imaginar, por ser los más utilizados, sino que son de 500 euros, los que, aparentemente, nadie usa, ni son aceptados en las tiendas, ni en los autobuses, ni en las máquinas expendedoras.
Lo que se esconde detrás de tan incongruente situación es obvio: una economía B mucho mayor de lo que nos hemos atrevido a suponer, lo cual no es para estar orgulloso. Italia, permanente paradigma de la picaresca y de la economía sumergida no tiene, ni mucho menos, las misma demanda de grandes billetes que nosotros. Ni siquiera los países que son más reticentes al uso de las tarjetas de crédito y que, por tanto, necesitan más metálico en circulación.
Hacienda pretende que los bancos informen sobre las operaciones que se hacen con estos billetes para tratar de seguirles la pista. Pero estas políticas de bombardeo masivo con la esperanza de que alguna de las bombas dé en el blanco parecen demasiado burdas y, probablemente, contraproducentes. Si el ministro Solbes no encuentra procedimientos más sutiles es que la persecución del fraude fiscal está en mantillas. 110 millones de billetes no desaparecen tan fácilmente. Además, cada vez se ven menos atacchés por la calle. Quizá el procedimiento del maletín se haya cambiado por el de la bolsa de basura, mucho más discreta aunque no del todo opaca, como pudo comprobar Rodríguez Menéndez cuando su mujer hizo que le dispararan mientras descargaba dinero del coche, o como también lamentó el ejecutivo de Afinsa que ocultó las bolsas de billetes en un zulo de su casa demasiado reciente para haber disipado un delatador olor a yeso fresco.
Quizá el que los billetes de 500 se guarden en bolsas de basura sea una alegoría sobre la necesidad de reciclar una buena parte de la economía nacional.

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