Inventario

El agujero de la sanidad

Desde que se produjeron las primeras transferencias de la sanidad, hace más de quince años, el Gobierno de la nación fue perfectamente consciente de que entregaba una bomba en potencia, porque cualquier desajuste presupuestario en una materia que consume la mitad del gasto total de cada región, podía convertirse en una bola de nieve imposible de detener.
Para las autonomías, que habían dado sobradas muestras de tener un agujero en la mano a la hora de gastar, pronto resultó muy corta la cuantía que el Estado empleaba en cada una de ellas. Para dar las mismas prestaciones, las regiones necesitaban mucho más dinero porque suelen ser más generosas y más vulnerables a la presión de los administrados. Casi nadie se puede plantar a la puerta de un ministro exigiendo ser recibido, pero cualquiera puede acceder a un consejero autonómico con cierta facilidad. Sirva como ejemplo el proyecto del futuro hospital de Reinosa, que se está convirtiendo en un importante quebradero de cabeza para la consejera de Sanidad, ya que las pretensiones de la zona son muy superiores a lo que la población atendida (20.000 personas) podría justificar. Para el Ministerio de Sanidad el problema ni siquiera hubiese existido. El ministro archivaría el proyecto sin el más mínimo asomo de duda, a sabiendas de que nadie iba a ir a molestarle pidiendo explicaciones.
A los tres años de la cesión de la sanidad a Galicia, el Gobierno tuvo que acudir en socorro económico de aquella comunidad, porque el agujero que se había producido entre la cuantía pactada con el Estado y la realmente gastada ponía en peligro la propia autonomía. El pacto se renegoció al alza, pero el dinero siempre acaba por ser poco, y hoy Galicia sigue acumulando déficit, aunque la auténtica situación sólo se conocerá cuando se produzca un cambio el gobierno, ya que el nuevo pondrá interés en deslindar sus responsabilidades con respecto a la herencia que deja el anterior. Eso es lo que ha ocurrido en Cataluña, donde el ejecutivo de Maragall ha encargado una auditoría que ponga en claro cuál es la situación real de la sanidad que recibe de CiU. Los primeros datos son escalofriantes: alrededor de 3.000 millones de déficit oculto (unos 500.000 millones de pesetas). Y el Gobierno nacional, al ver que se le viene encima una petición para una operación extraordinaria de saneamiento, ya se ha curado en salud advirtiendo que si las autonomías han optado por pagar a sus médicos mucho más de lo que pagaba el Estado, que se las ingenien para ingresar más.
Acudir en socorro de Cataluña obligaría, inevitablemente, a hacer otro tanto con el resto de los agujeros sanitarios autonómicos, y todas las comunidades tienen el mismo mal, a excepción de aquellas que tienen la sanidad recién transferida y, por lo tanto, apenas han podido generar déficit. Pero es una cuestión de tiempo. Ya se ha visto en Cantabria con la elevación de los sueldos de los sanitarios y el recorte de las jornadas, que obligará a contratar a 400 personas más para el hacer el mismo trabajo, lo que a medio plazo se traducirá en una grave insuficiencia de la dotación económica pactada con Madrid.
Nadie se atreve a trasladar esta realidad al ciudadano. El Gobierno valenciano, por ejemplo, nunca ha reconocido tener un déficit sanitario, pero paga los suministros hospitalarios con una demora de 579 días, más de año y medio, lo que indica bien a las claras que se está financiando con los proveedores. Éstos calculan que sólo en productos y accesorios sanitarios, la Generalitat valenciana les adeuda 450 millones de euros, y la administración andaluza otros tantos.
La única comunidad que puede dar ejemplo en esta materia es la vasca, cuya sanidad no sólo es la mejor gestionada del país, sino que es la que acumula menos deuda y la que paga más rápido los suministros. No estaría de más que el resto estudiase la fórmula.

Tensión en Cantabria

El Ayuntamiento de Santander parece empeñado en mantener una guerra estéril con el Gobierno regional, con acusaciones diarias de maltrato y sectarismo. Cualquier decisión gubernamental es convertida en polémica, y hay ejemplos clamorosos. Si no se hubiese incumplido la promesa electoral de entregar la finca de La Remonta para vivienda protegida, el equipo de Piñeiro hubiese reaccionado indignado acusando al nuevo Gobierno nacional de engaño, pero como parece que se va a cumplir, el Ayuntamiento, en lugar de congratularse, parece estar aún más molesto todavía.
Es posible que el alcalde calcule que tensionar así la vida política puede rearmar al Partido Popular y devolverle a él un protagonismo político que perdió en el último congreso de su partido, tras dejar la presidencia. Pero una cosa es convertirse en la cabeza visible de la oposición en Cantabria y otra muy distinta el hacerlo con argumentos como los que está utilizando y que probablemente sean producto del nerviosismo existente en un ayuntamiento como el de Santander, completamente paralizado por la falta de dinero.
El problema financiero quedaba enmascarado, mejor o peor, mientras el PP gobernaba en Puertochico y sufragaba desde las arcas regionales proyectos a los que el Ayuntamiento no podía hacer frente e, incluso, abonaba gastos corrientes de edificios municipales, como los del Palacio de Exposiciones, a través de un extraño canon por uso.
A pesar de que fue la oposición socialista la que en la pasada legislatura reclamó para Santander un estatuto de capitalidad –es decir, más dinero regional– hace mucho que la ciudad ha sido sistemáticamente privilegiada en el gasto regional en relación a cualquier otro municipio. Por eso, entonces, Piñeiro no tenía mayor interés en el plus de capitalidad que ahora reivindica como si se tratase de una reclamación histórica de su partido.
Tampoco se pidió nunca una compensación por la prestación de servicios de bomberos fuera del área de Santander, como ahora se reclama airadamente, ni se consideraba invadida la autonomía municipal con el POL de Gil, a pesar de que convertía a los ayuntamientos en meros convidados de piedra en el urbanismo costero.
Podría llegarse a admitir que el desamparo económico municipal ha llevado a cambiar el discurso, pero la nueva retórica vulnera el sentido común de una forma tan llamativa que parece difícil que pueda tener utilidad para quien la utiliza. Decir que la obligación de hacer vivienda protegida del nuevo POL es inútil en Santander porque la ciudad construye mucho más VPO de lo que exige el Plan es sangrante para muchas familias que llevan años y años esperando que en la capital se hagan promociones de vivienda protegida. Sospechar que el Gobierno puede querer La Remonta para especular con vivienda libre es difícilmente aceptable si quien sospecha formaba parte del equipo que vendió para vivienda libre todas las cesiones de suelo que obtuvo de los promotores en Nueva Montaña. Y exigir con tanta intemperancia financiación para el puente de Raos parece incongruente con la complacencia con que se aceptó que en los Presupuestos del Estado para el 2004 –realizados por el PP– no hubiese ninguna partida para este proyecto.
Es verdad que la memoria ciudadana es frágil, pero no tanto como cree el Ayuntamiento.

Autobombo y control de los medios

El sentido crítico de la información se ha perdido en muchas autonomías. Es más fácil que la prensa de Madrid destape un escándalo en el País Vasco o en Cataluña que eso mismo ocurra con sus medios locales. Las razones no son difíciles de imaginar. Cuando era responsable de comunicación de la Junta de Castilla y León Miguel Angel Rodríguez, descubrió una nueva forma de control de los medios mucho más eficaz que la de ser su propietario. Decía con absoluto desparpajo que no quería medios públicos, porque eso sólo daba problemas. Le bastaba con tener el control del presupuesto de publicidad que manejaba la Junta.
Es fácil domesticar a los medios con el dinero público. Es un control tan sutil que se olvida cuando se arremete contra las televisiones públicas, como si las privadas no cojeasen del mismo pie. Y es que el Estado o las autonomías son, con mucha diferencia, el primer anunciante del país, sobre todo en la última legislatura, en la que algunos ministerios se lanzaron a campañas tan escandalosas como las que “explicaban” las subidas de las pensiones, para ajustarlas a la inflación, en función del buen hacer gubernamental cuando era una exigencia legal.
Pero peor aún que los gastos desmesurados que suponen estas campañas, son los convenios, subvenciones y otras regalías, cuyos importes nunca se llegan a conocer y que llegan a los medios en función de sus afinidades o para engrasar un engranaje de favores que mejore el trato informativo de quien paga (con dinero ajeno, por supuesto). Con el cambio de gobierno catalán nos hemos enterado de que sólo en el último año, el Gobierno de CiU había entregado casi 3.000 millones de pesetas a medios de comunicación catalanes en virtud de convenios de todo tipo. Si a estos 3.000 millones se le añade la inversión publicitaria pura, se alcanza una cifra disparatada que pone en cuestión la realidad económica de todo el sector de la comunicación y las razones reales del reparto, ya que la política de subvenciones multimillonarias estaba claramente dirigida a financiar los medios afines.
No es justificable que los gobiernos sostengan artificialmente los medios de comunicación, o engorden su cuenta de resultados, porque es evidente que eso condiciona la independencia de todos ellos. Pero es que, además, ese dinero público se utiliza de una forma sectaria, para premiar a unos y castigar a otros, algo que resulta absolutamente intolerable.
Ahora hemos conocido lo que ocurría en Cataluña, pero probablemente no sea muy distinto lo que pasa en el resto de las comunidades autónomas, donde resulta muy fácil ganarse el favor de los medios por un procedimiento tan sencillo como aflojar dinero público. Por eso, cada gobierno debería estar obligado a una absoluta transparencia en este terreno y a dar a conocer cada año cuál es el gasto publicitario que realiza en cada periódico, en cada radio y en cada televisión y qué otras subvenciones directas o indirectas les facilita. Sólo así se podrá juzgar si estas decisiones responden a criterios objetivos o, simplemente, se utilizan para comprar favores. Y sólo así podremos llegar a saber cuál es la factura anual que paga el contribuyente por el autobombo gubernamental. Es posible que descubriésemos que son cifras de escándalo.