Nada es como parece
SANCIONES TARDIAS.– La multa de 57 millones de euros impuesta a Telefónica por el Tribunal de Defensa de la Competencia es muy dura y puede que resulte ejemplar. Pero llega tarde y en este caso, la rapidez era tan importante como el propio fallo. Cuando se produjeron los hechos sancionados corría el año 2001 y Telefónica se negaba a permitir la preasignación a sus competidores, es decir a que el cliente de éstos pudiese elegir por defecto otro operador que no fuese la propia Telefónica. Aparentemente, el problema era sencillo y el Tribunal podía haber decidido rápido, lo que hubiese evitado una multa astronómica y un retraso en la liberalización del mercado telefónico, con serios problemas de entrada para otras empresas.
GRATIS TOTAL.– El fervor de las administraciones públicas por la difusión de las nuevas tecnologías empieza a crear situaciones atípicas en el mercado de las telecomunicaciones, como el hecho de que varios ayuntamientos españoles hayan instalado redes inalámbricas WiFi para que sus vecinos tengan acceso gratuito a Internet, sin necesitar siquiera un cableado de enganche. Las operadoras se han quejado, porque obviamente nadie va a pagar por algo que el Ayuntamiento ofrece gratis y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha tenido que intervenir.
EL DERECHO A PREGUNTAR.– En las empresas cotizadas se dan muchas paradojas. Una de ellas es el hecho de que su consejo de administración pueda estar sostenido o combatido por fondos de inversión cuyos auténticos propietarios –los inversores– ni siquiera tienen constancia de ello. Son los gestores de estos fondos los que ejercen los derechos políticos de estos grandes paquetes de acciones a su libre albedrío y, lo que es peor, hasta ahora no han tenido obligación alguna de informar a los partícipes de por qué adoptan una postura u otra. Por fin, en el futuro reglamento de los fondos y sociedades de inversión se va a reconocer el derecho de los inversores a poder preguntar qué votan en las juntas de accionistas aquellos gestores que les representan. No es que la democracia llegue al galope en la gestión de empresas cotizadas, pero al menos, avanza algún pasito.
LOS GLOBALIZADOS NOS ALCANZAN.– Frente a quienes opinan que la globalización es un gran problema para el Tercer Mundo, los hechos empiezan a demostrar todo lo contrario. China ha crecido el año pasado un 9,1% y lleva un quinquenio por encima del 8%; India creció un 7,4% y el África Subsahariana no baja del 3,5%. Si tenemos en cuenta que las economías avanzadas se mueven entre el 2 y el 3% en el mejor de los casos, todo indica que algunos de los subdesarrollados, especialmente China, se acercan a velocidad de crucero y cuando eso ocurre con un país de más de mil millones de habitantes, habrá que hacerse a la idea de que el mundo puede ser muy distinto dentro de diez años.
LOS PODERES FACTICOS, EN RETIRADA.– La venta de los edificios del SCH en Madrid, como antes ocurrió con parte de los de Telefónica y algunos del BBVA, es algo más que un síntoma de que las empresas no están dispuestas a pagar el valor que ha adquirido el centro. Prefieren aprovechar la oportunidad para convertir lo que ya tienen en plusvalías, y marcharse a las afueras. Así, las sedes históricas de los grandes grupos de la economía española se convertirán en apartamentos de lujo y centros comerciales. Una curiosa evolución.
CAMBIO DE ESTRATEGIA.– La aerolínea Ryanair y el gobierno valón, propietario del aeropuerto de Charleroi, en Bruselas, han encontrado la forma de soslayar nuevas denuncias comunitarias por atentar contra la libre competencia. El gobierno regional belga ya no reducirá a la compañía las tarifas por aterrizaje, pero para compensar el efecto sobre los costes de Ryanair, que amenazaba con marcharse, reducirá los impuestos por pasaje. En teoría, esta medida va en favor de cualquier compañía que use el aeropuerto, pero la principal beneficiaria es la compañía irlandesa de vuelos baratos que ha establecido allí una sede. Todo ello demuestra que, en la práctica, los sistemas de subvención son tan variados y difíciles de evitar que el deseo de la UE de anular la competencia desleal es casi tan difícil de llevar a la práctica como poner puertas al campo.
