El Plan Energético pone fin a la moratoria de los aerogeneradores

El Plan Energético de Cantabria (PEC) dedica una especial atención al fomento de las energías renovables, como la eólica, la solar y la procedente de la biomasa, aunque no con la intensidad que algunos hubiesen deseado. Hay que tener en cuenta que el punto de partida de las energías renovables en Cantabria es más débil que en el resto del país, ya que aquí sólo supone el 4,1% de la energía primaria, frente al 6,3% de media nacional. A pesar del impulso que se le va a dar, al final del periodo de vigencia del Plan supondrán el 8,9%, lejos aún del 12% que es la meta fijada por la Unión Europea para el año 2012.
La autorización para implantar parques eólicos va a ser la consecuencia más significativa del PEC a corto plazo. El Ejecutivo regional ya aprobó en el año 2000 el decreto que regulaba la autorización de estos parques en nuestro territorio, pero la avalancha de solicitudes –que llegaron a sumar una potencia superior a los 500 Mw– le llevó un año más tarde a establecer una moratoria para su tramitación, en tanto no se valorasen las repercusiones que tienen sobre el medio ambiente y sobre el propio sistema eléctrico.
Cuando, probablemente en octubre, finalice el debate del Plan en la Comisión de Industria del Parlamento cántabro, se habrá puesto fin, tácitamente, a la moratoria de los parques eólicos en Cantabria, una de las tres regiones españolas donde aún no hay un solo aerogenerador, pero se van a limitar los posibles emplazamientos a tres zonas del sur de la región donde se empasillan los vientos que llegan desde el Atlántico en dirección a la Meseta: Los Tornos, Campoo y la Sierra del Escudo.
Los proyectos aprobados tampoco podrán superar, en conjunto, los 300 Mw de potencia, apenas un 1,5% de los 20.155 Mw previstos para toda España. Como elemento comparativo de las limitadas dimensiones que tendrán esos parques, sirva el dato de que la potencia eólica aceptada es apenas un tercio de la que ya funciona o se esta construyendo en la provincia de Lugo. No obstante, el viento pasará a generar algo más del 7% de la energía que consume la región.
Cantabria tenía en 2005 seis parques de aerogeneradores en tramitación, con una potencia total de 135 Mw. De ellos, tan sólo el de Cañoneras, en Soba (32 Mw), contaba con la aprobación del proyecto, estando los otros cinco pendientes de evaluación ambiental. La tramitación de estas solicitudes se retomará ahora, después de una larga espera.
Las zonas previstas para las instalación de los molinos eólicos han sido elegidas atendiendo al mapa de vientos, a los valores culturales y paisajísticos y a la existencia o no de figuras de protección. No obstante, se han suscitado algunos reparos con la elección de la Sierra del Escudo. Se argumenta la incongruencia de haber presentado una reclamación a Castilla-León por los parques que ha autorizado cerca de ese lugar, debido a su fuerte impacto visual, y permitirlos, ahora, en la vertiente cántabra. De hecho, la Sierra del Escudo ya fue eliminada, por consideraciones medioambientales, en el Plan Director Eólico que hizo el anterior Gobierno.

El peso del viento

La fiebre eólica que vive el país, probablemente por los sustanciosos beneficios que han obtenido los parques el pasado año, depende, en cualquier caso, de las primas al kilovatio producido que el Ministerio de Industria revisará a finales de año.
El peso que han adquirido los aerogeneradores en el sistema eléctrico español tiene ciertos riesgos, ya que, ante cualquier alarma o exceso de viento, se desconectan de la red provocando caídas de tensión. Muchos de los parques, por otra parte, no están operativos en los días de mayor calor del verano y de mayor frío del invierno, dado que estas temperaturas suelen coincidir con ausencia total de viento, de forma que no contribuyen con su energía en los momentos en que más se necesita.
A pesar de esas objeciones, son muchas las ventajas y la mayoría de las comunidades, con las excepciones de Cantabria, Extremadura y Cataluña, se han sumado con entusiasmo a la energía eólica, hasta el punto que sus iniciativas para la instalación de nuevos parques van mucho más lejos de todas las previsiones que se habían realizado en España para este tipo de energía.

Un Plan tardío

Aunque la decisión sobre los aerogeneradores es la que tiene más peso político de todas las medidas incluidas en el PEC, por su inmediata repercusión práctica, el Plan es el marco normativo donde se van a incribir todas las decisiones energéticas de la región hasta el 2001, tanto las públicas como las privadas. En Cantabria nunca antes se había establecido una mínima planificación sobre este sector estratégico, algo sorprendente en una comunidad con graves carencias en este terreno, como la insuficiencia de las redes de distribución de electricidad, que empiezan a crear problemas para la implantación de nuevas empresas.
El primer Plan Energético que el Ejecutivo cántabro remite al Parlamento en toda la historia de la autonomía no tendrá dificultades para ser aprobado, a pesar de que trata de resolver cuestiones no siempre fáciles de conciliar y que van desde la garantía de abastecimiento hasta la potenciación de energías alternativas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y facilitar el cumplimiento de los objetivos de Kioto.
Para alcanzar estos objetivos propone unas inversiones de 1.227 millones de euros, una cifra engañosa, ya que incluye tanto las actuaciones de la Administración cántabra como las que tienen previsto hacer las empresas privadas, donde son muchas las incertidumbres, ya que la mitad de esta cuantía se refiere a dos plantas de ciclo combinado promovidas por Sniace y Enel-Viesgo en Torrelavega cuya realización es muy dudosa tras el reciente pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente sobre la no idoneidad de la ubicación propuesta.
La inversión pública comprometida en el Plan a lo largo de los cinco años se limita a 16,6 millones de euros pero en realidad, la cifra va a ser mayor, dado que en conceptos como eficiencia energética, el Gobierno nacional ha ampliado recientemente el dinero que canaliza a las comunidades después de la redacción del Plan.
Por lo general, las actuaciones públicas irán orientadas a impulsar las energías renovables –salvo la eólica, que tiene otras vías de apoyo– a programas de ahorro y eficiencia, financiando la renovación de equipos, y a medidas horizontales, donde se incluyen las campañas para el fomento de las energías limpias y la creación de una Agencia Cántabra de la Energía.
Una de las críticas que se han formulado a la orientación del Plan es la de limitarse a garantizar el suministro de energía y no explorar las posibilidades industriales de este sector para impulsar el crecimiento económico. Un enfoque que ha primado en las comunidades vecinas. El País Vasco, que cuenta desde hace más de veinte años con un organismo público específico, ha fomentado la gasificación a través de EVE (Ente Vasco de la Energía) y llegó a crear una empresa suministradora, luego privatizada. Asturias ha apostado fuerte por las centrales de ciclo combinado y aspira a contar con una planta regasificadora en el puerto de Gijón, y Galicia ha puesto en marcha un ambicioso plan eólico pensado para atraer a la industria especializada en este tipo de energía.

La incógnita de los ciclos combinados

Uno de los rasgos que caracterizan la situación energética de Cantabria es su fuerte déficit de generación eléctrica, ya que la producción apenas cubre el 45% de la demanda industrial y cinco de cada seis kilovatios consumidos en la región se generan fuera.
La construcción de las dos centrales de ciclo combinado previstas en el Plan permitiría invertir esta situación, de manera que Cantabria pasaría a exportar energía. Pero la viabilidad de esos proyectos se ha visto gravemente comprometida tras el rechazo del Ministerio de Medio Ambiente a la declaración de impacto ambiental de la central de ciclo combinado de 800 Mw que Caelgese proyectaba construir en Sniace. La contaminación atmosférica en una zona ya de por sí castigada por las emisiones, los ruidos y la inevitable proximidad a las viviendas del tendido eléctrico necesario para la evacuación de la energía son de los argumentos esgrimidos por el Ministerio para rechazar el emplazamiento en el que se pretendía levantar.
Alguna de estas razones podría ser extensible a la otra iniciativa de ciclo combinado, una planta de 400 megavatios promovida por la compañía eléctrica Enel-Viesgo en terrenos de Solvay. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente aún no se ha pronunciado sobre este proyecto, su titular Cristina Narbona hizo referencia recientemente en Suances a los graves problemas de contaminación que ya existen en la zona, unas manifestaciones que parecen suficientemente reveladoras de la posición de su Departamento.
Hay quien sostiene que las dificultades ambientales que presenta el emplazamiento elegido en ambos casos se podrían haber evitado si, previamente, existiese una ordenación del territorio que detallase tanto la ubicación de los corredores para las redes de transporte de gas y electricidad, como las localizaciones para las nuevas industrias generadoras, indicando la tipología permitida en cada lugar. De este modo, las iniciativas empresariales que surgiesen conocerían de antemano dónde se podrían ubicar. No obstante, el hecho de que las cogeneraciones sólo se autoricen cuando están directamente vinculadas a una actividad fabril, hace imposible, según otras fuentes, buscar un emplazamiento al distinto de las fábricas ya existentes, puesto que no sería autorizado por el Ministerio de Industria.

Infraestructuras eléctricas

Si la escasez de generación es una de las debilidades energéticas de Cantabria, la otra es su deficiente red de distribución eléctrica. Son muchas las voces que opinan que las necesidades de la región no están en la construcción de plantas generadoras de electricidad, sino en mejorar la distribución de la energía que llega a través de las grandes redes de transporte.
El retraso en la construcción de un mallado de rutas eléctricas alternativas adecuado a las necesidades industriales ha situado a la región en una posición crítica y la desbordada capacidad de algunas subestaciones ha llegado a retrasar la operatividad de varios polígonos industriales o de obligar a algunas empresas a recurrir a generadores autónomos para abastecerse de energía.
Ante las dificultades que ha encontrado Red Eléctrica para poner en servicio la línea de 400 kV entre la localidad asturiana de Soto de Ribera y Penagos, la red cántabra de transporte de energía se basa en conexiones de 220 kV, que también se encuentran en un punto próximo a la saturación. Una indisponibilidad fortuita de cualquiera de esas líneas puede poner en peligro el suministro eléctrico a la región, que depende de este abastecimiento exterior. De hecho, en el Plan se reconoce que en días de muy alta demanda es necesario desconectar a algunas industrias beneficiarias de la tarifa reducida por interrumpibilidad, para que el sistema no se sobrecargue.
Además de la polémica línea de 400.000 voltios entre Soto de Ribera y Penagos, cuya conclusión parece ahora cercana después de quince años de conflictos legales, el Plan recoge otras líneas de muy alta tensión para conectar las centrales de ciclo combinado a la red principal de transporte pero, obviamente, están sometidas a las mismas incertidumbres que las centrales a las que van a dar servicio.
En las redes capilares de distribución al cliente final el problema no es menor, hasta el punto que el Gobierno de Cantabria ha tenido que acudir en ayuda de Electra de Viesgo para acelerar la ampliación de su red. El Plan consolida esta política de convenios y destina inversión pública a un programa de mejora de la calidad del suministro que incluye las infraestructuras necesarias para asegurar el abastecimiento de los nuevos polígonos, puesto que, de lo contrario, se vendrían abajo todas las políticas de atracción de industrias.

Duplicar la red de gas

La distribución de gas también presenta insuficiencias, especialmente en la zona oriental de la región. El pasado mes de mayo se inauguraba el gasoducto que une Colindres, Limpias y Ampuero que permite suministrar al valle del Asón, donde hay industrias con importantes necesidades energéticas, como Mecanor.
Para mejorar la capacidad de transporte y seguridad del sistema, el Plan Energético propone como una actuación urgente el cierre de la red gasista cántabra por el Este (ahora sólo llega a Treto), conectándola a la red vasca. De esta forma se conseguiría un mallado total, es decir que, ante cualquier incidencia, siempre habría una conducción alternativa para el aprovisionamiento.
Además de asegurar el suministro por varias vías, la intención del Gobierno cántabro es que se amplíe el diámetro de todas las conducciones gasistas, para atender los crecimientos de demanda, que serían espectaculares si entran en funcionamiento las centrales de ciclo combinado, cuyo consumo es superior al de todo el resto de abonados juntos. En aquellos tendidos ya existentes, no habría más remedio que duplicarlos, como ocurrirá con el gasoducto troncal entre Burgos y Villapresente o la conexión con Asturias. Un esfuerzo muy importante, ya que en muchos casos ni siquiera podrá seguirse el trazado del primer tendido. No obstante, estas inversiones no están evaluadas en el Plan Energético, al igual que no se incluyen las realizadas en líneas de transporte eléctrico.
En total, durante el periodo de vigencia del Plan está prevista un desembolso en infraestructuras de 182 millones de euros, de los que 37 corresponden a los acuerdos alcanzados por el Gobierno cántabro con las compañías privadas como Viesgo o el Grupo Gas Natural y el propio Ministerio de Industria para mejorar el sistema de distribución.

Energía solar poco aprovechada

De la inversión pública que se contempla en el Plan cántabro, una parte significativa se destina a impulsar la energía solar, cuya penetración en Cantabria es ahora muy modesta.
Eso no se corresponde con las posibilidades reales de la región, aunque parezca lo contrario. La radiación solar en Cantabria es superior a la de países como Alemania o Austria, donde tiene mucho mayor aprovechamiento. Nuestra región cuenta con una radiación media de alrededor de 3,2 kWh/m2/día. Para hacerse una idea del potencial que esto supone, baste decir que sólo en la superficie de Cantabria incide diariamente una cantidad de energía solar equivalente al consumo eléctrico de la región durante todo el año. Además, Cantabria cuenta con más horas de luz solar (1.744) y energía incidente sobre metro cuadrado de superficie (11,3 MJ) que comunidades limítrofes, como Asturias y el País Vasco.
A pesar de estas condiciones moderadamente favorables, sólo hay instalados 1.400 m2 de paneles solares térmicos. El objetivo que se persigue en el Plan es alcanzar los 20.856 m2 en el 2011, lo que requeriría una inversión de 13,9 millones de euros, de los que 3,9 (el 28%) serán subvencionados por el sector público.
La aplicación del Código Técnico de la Edificación, que obliga a la instalación de este tipo de paneles solares en las nuevas construcciones –algo que se comenzará a exigir en el ayuntamiento santanderino a partir del próximo mes de noviembre–, será un importante revulsivo para la implantación de este aprovechamiento energético.
También hay un notable potencial en el campo de los paneles fotovoltaicos, que permiten la obtención de energía eléctrica a partir de la radiación solar. A principios de 2005, en nuestra región había instalados más de 100 kW de potencia fotovoltaica, cifra que indica un reducido grado de penetración si se compara con otras comunidades. El principal incentivo es la venta de la electricidad producida a un precio muy subvencionado.
Hasta ahora, las ayudas del Gobierno cántabro se otorgaban tanto para las instalaciones de paneles térmicos como fotovoltaicos, pero el Plan Nacional de Energías Renovables limita a partir de este año las ayudas a la energía térmica, al considerar que los ingresos que se perciben por la venta de electricidad fotovoltaica a la red son ya suficiente incentivo.
Los ayuntamientos de la región sí recibirán subvenciones para la instalación de ambos sistemas en edificios públicos. A programas de esta índole irán destinados buena parte de los 2,25 millones de euros de inversión pública que se contemplan en el Plan para energía solar fotovoltaica. En realidad, esto sólo supondrá el 7% de la inversión total prevista en este campo, (32,13 millones de euros) con la que se prevé alcanzar en 2011 los 4,7 Mw de potencia instalada, 16 veces la cifra actual.

Una oportunidad para los biocombustibles

El aprovechamiento energético de la biomasa es otra de de las posibilidades analizadas en el Plan. Sus defensores argumentan que la utilización de materia orgánica residual (ya sean residuos forestales, agrícolas o urbanos) contribuiría a paliar el déficit energético, permitiría la electrificación de zonas rurales aisladas y reduciría las emisiones de CO2, y sostienen que el Plan es poco ambicioso en este apartado. También critican el que no se contemplen los cultivos energéticos, es decir, los orientados específicamente a la producción de energía, como las plantas oleaginosas, desperdiciando así una posibilidad de desarrollo para la reducida agricultura de Cantabria.
Es cierto que los propósitos del Plan son más modestos en biocombustibles que en energía solar y se limitan a fijar como objetivo el duplicar la cuota energética de la biomasa en el 2011, pasando de los 53 ktep (tonelada equivalente de petróleo) actuales a los 104. Esto significaría obtener una participación de la biomasa del 4,5% en el consumo energético regional.
Mención aparte merece la apuesta por los biocarburantes, cuyo uso en el transporte puede limitar de manera sensible el consumo de recursos fósiles. Hay que tener en cuenta que el transporte supone más del 34% de la energía consumida en Cantabria.
En la comunidad autónoma sólo hay cuatro gasolineras distribuidoras de biodiésel, procedente del reciclado de aceite vegetal, por lo que su utilización se puede considerar muy modesta. La producción de biocombustibles en España durante el año 2004 fue de unas 70.000 toneladas, una cifra muy reducida en comparación con las de países como Francia y Alemana, que producen un millón de toneladas al año.
El interés del Gobierno cántabro por esta fuente de energía le ha llevado a participar en la financiación de una de las dos factorías de biocombustible proyectadas en la región: la planta de biodiésel que Gebiosa va a construir en las instalaciones de Simsa (Pontejos), que acumula ya un considerable retraso sobre las fechas inicialmente apuntadas, y la fábrica de bioetanol prevista en Torrelavega por Sniace, que ha optado por el negocio de la energía como estrategia de diversificación. La planta, cuya construcción ya está adjudicada en 65 millones de euros, producirá 100.000 toneladas anuales de combustible y 114.000 de un subproducto para piensos animales, para lo cual tendrá que procesar 325.000 toneladas de materia prima (trigo, maíz, caña de azúcar, etc). Se espera que esté operativa a finales del próximo año.
Además del interés industrial de ambos proyectos, como generadores de nuevos empleos, las plantas de biocombustible apuntan a una de las preocupaciones presentes en el Plan: las repercusiones medioambientales del sector energético, tanto en su vertiente de producción como de consumo. Si se cumplen los objetivos del Plan, al finalizar su aplicación, las emisiones de CO2 no sólo no serán mayores que ahora, sino que habrán reducido en tres millones de toneladas. Un propósito que entronca con las nuevas restricciones que supondrá la entrada en vigor de la segunda fase del Plan de Kioto (2008-2012) para controlar las emisiones de gases con efecto invernadero.

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