El marcado CE pilla en fuera de juego a los fabricantes de estructuras metálicas

No es algo que resulte nuevo. Ocurrió antes con otros productos para la construcción y algunos de ellos lograron moratorias para obtener una certificación, pero esta vez es más preocupante. La exigencia de que los fabricantes de estructuras metálicas deberán estar capacitados para marcar sus productos con el sello CE deja a prácticamente todo el sector cántabro fuera del mercado europeo, ya que es imprescindible para poder vender desde el 1 de julio.
A pocos días de que se cumpliese el plazo legal, solo una empresa local, Montajes Pedro, certificada por Bureau Veritas, había implantado la norma UNE 1090, que acredita que un fabricante de estructuras metálicas dispone de un «sistema de control de producción en fábrica», imprescindible para incluir el marcado CE. La misma certificadora tenía otra empresa en proceso de implantación y la consultora EGE había iniciado los trámites de dos más, pero las restantes declaran haber tenido únicamente consultas, lo que indica que no hay posibilidad alguna de que el sector se ajuste en un plazo breve a la nueva legislación, dado que el proceso requiere, en el mejor de los casos, varios meses.
Es decir, que a partir del 1 de julio todo un sector, con importante peso en el tejido industrial de Cantabria, puede quedar en fuera de juego al no tener la posibilidad legal de comercializar en el espacio económico europeo sus productos y estructuras de acero o aluminio. El problema será especialmente grave para quien venda a clientes finales, que son quienes pueden exigir el marcado –además de la Administración– y un poco más llevadero para las subcontratistas de otras empresas fabricantes de estructuras que sí estén certificadas, ya que pueden ser éstas últimas las que asuman las obligaciones derivadas de la directiva europea. Quizá eso explique que en Cantabria, donde abundan las subcontratistas, sea tan bajo el número de certificaciones.
La pasividad de los fabricantes cántabros contrasta con la diligencia que ha mostrado el mismo sector en las comunidades vecinas de Asturias o el País Vasco, donde muchas caldererías y empresas de montaje ya pueden poner el marcado CE en sus productos.
Un empresario del sector reconoce que se trata de una condición básica para poder vender, aunque certificarse represente un coste añadido y la situación económica no anime a realizar ningún gasto, por pequeño que sea (puede costar algo más de mil euros al año, al margen de los recursos que las empresas han de destinar durante el proceso).

Una moratoria de dos años

El marcado CE para las estructuras de acero y aluminio se estableció en 2012 con la intención de normalizar las características de los componentes de acero y aluminio estructural que se utilizan en la construcción como elementos permanentes. El objetivo era asegurar el mismo estándar de calidad para todos los países de la Unión Europea así como la libre circulación de esos productos dentro del espacio económico.
Dada la complejidad de su aplicación, se convino en dar un plazo de dos años para que las empresas afectadas se pudieran adaptar a los requisitos que exige el marchamo CE.
El cumplimiento de esos requisitos debía ser verificado por un organismo certificador mediante la implantación en las empresas de la norma UNE 1090 que acredita un proceso de fabricación controlado, una garantía añadida a las prestaciones que la Instrucción de Acero Estructural ya exige para esos productos.
Con la certificación se podrán obviar los controles de calidad que se siente obligado a hacer el cliente . “Al final, la UNE 1090 es una garantía de que el fabricante está fabricando como se debe” –señala un empresario del sector–. “Le está quitando al cliente la responsabilidad de decir: házme las cosas bien, que te voy a controlar, porque la normativa ya te obliga a que lo hagas bien”.
Desde el punto de vista de la fabricación (acopio de materiales, corte, armado, soldeo y tratamiento superficial) los puntos críticos son la trazabilidad de los materiales que se emplean en la estructura y el procedimiento de soldadura, tanto el proceso en sí como la cualificación del soldador.
Este control de la calidad con marcado CE se plasma finalmente en una Declaración de Prestaciones que debe emitir el fabricante, además de colocar la etiqueta con el símbolo CE en los componentes que produce.

El papel de las aseguradoras

Si la responsabilidad del fabricante a la hora de cumplir con esta directiva europea es clara, exigir su cumplimiento depende básicamente del cliente final o de los directores de obra. Aunque la norma ya lo establece, a partir del 1 de julio las ingenierías deberían incluir en sus proyectos la especificación de que las estructuras metálicas han de incorporar ese marcado. Quienes ya han advertido que lo harán son las aseguradoras, que no parecen dispuestas a asumir los riesgos del seguro decenal para daños estructurales en ninguna construcción que no cuente con la garantía del marcado CE en sus componentes metálicos, como hacen con otros materiales y componentes de la construcción.
Será un motivo más para que el importante sector de las estructuras metálicas se aplique de una manera más decidida en el cumplimiento de una norma que puede suponer una ventaja competitiva para las empresas que han hecho los deberes a tiempo.