El despotismo ilustrado Los hitos de la historia económica de España (7)

En la segunda parte del siglo XVIII continuaron las reformas en España, que empezó a adquirir un cierto sentido del orden y la eficacia, al tiempo que se produjo un despliegue de la iniciativa privada en oposición al intervencionismo practicado en los siglos anteriores.
Empezó a gobernar por entonces Fernando VI, de quien se dice que poseía sólo dos cualidades que, desde luego, no son menores: honradez y dignidad. Y supo rodearse de buenos consejeros, entre los que se podría destacar a Carvajal, hombre de un extraordinario sentido común, que proponía un acuerdo con los ingleses, no por amistad, sino porque resultaba más barato que mantener el conflicto. Otro ministro, Ensenada, prefería el modelo de más ingresos y más gastos y, como se fiaba poco de la lealtad británica, consiguió imponer su tesis y acelerar el rearme naval hasta hacer de nuestra Marina la segunda del mundo. Pero también, fue el primero que intentó organizar un catastro general para todo el país y, mientras estuvo como ministro de Hacienda, los ingresos pasaron de 53 millones de ducados a 90. Y es que los barcos había que pagarlos.

Burguesía
El siguiente rey ya lo era de Nápoles y, para los españoles de la época, su rasgo más destacado era que no soportaba a los ingleses, con la consecuencia de que inmediatamente nos pusimos en guerra a favor de Francia y en contra de los británicos, lo que tuvo como resultado un notable perjuicio para nuestros intereses en América.
Por primera vez, quien empezó a marcar el tono en la sociedad española no era la aristocracia sino la incipiente burguesía, debido a que el nuevo estado fomentaba esta clase social, convencido de que era la única capaz de movilizar la riqueza del país, en contraposición con la aristocracia que únicamente parecía interesada por las tierras.
Los borbones sabían que, con un punto de partida tan bajo como habían dejado los Austrias, resultaba imposible que se produjera otra cosa que mejorar, pero quizá se apresuraron en tratar de cambiar la sociedad española. La tanda de ministros importados que trajeron quiso correr demasiado. Así le ocurrió a Orry, que quiso implantar un sistema único de contribuciones que obligase tanto a los nobles como a los plebeyos, lo que, por supuesto, resultó un estrepitoso fracaso.
Esquilache, otro ministro, que también vino de Nápoles, merece algo más de atención. Hombre de carácter impetuoso, tenía, eso sí, muy buenos propósitos, que consistían fundamentalmente en transformarnos en un país más culto, más racional y hasta más limpio, tres cosas que parecían necesarias pero poco fáciles de conseguir.
Entre las medidas económicas de Esquilache hubo algunas realmente impopulares, como bajarle el sueldo a los empleados públicos o suprimir la tasa sobre el trigo que, en unos años de prolongada sequía, hizo que el precio del pan se pusiera por las nubes.
Lo que colmó el vaso, y por lo que se hizo históricamente famoso Esquilache, fue el motín que lleva su nombre y que se originó por la decisión de modificar la indumentaria que llevaba la gente entonces en España. Se le ocurrió que la capa larga y el sombrero de ala ancha debían ser sustituidos por la capa corta y el sombrero de tres picos. Lo que pretendía era, simplemente, evitar los embozamientos, que facilitaban, sobre todo por la noche, la comisión de toda clase de delitos. El asunto acabó, como se suele decir, cual rosario de la aurora y el escándalo tuvo proporciones auténticamente nacionales. Hasta que el Rey no ac cedió a la destitución del ministro, las aguas no volvieron a su cauce.
Según se ha sabido más tarde, los incidentes que se produjeron tuvieron muy poco de espontáneos y los instigadores fueron miembros de las clases altas, que encontraron en aquella circunstancia impopular la forma de acabar con el ministro y terminar así con aquel intento de revolución burguesa desde el poder. En cualquier caso, pudieron con Esquilache pero no con la reforma política, porque Carlos III era tenaz y siguió adelante con otros ministros, aunque eso sí, españoles.
Planes
El absolutismo ilustrado siguió su camino adelante con la archiconocida fórmula de “todo por el pueblo, pero sin el pueblo” y se elaboraron gigantescos planes. Ministros como Floridablanca, Campomanes, Jovellanos u Olavide iniciaron esa reforma racionalista con medidas como los decretos de libertad de comercio y precios, la apertura de puertos, la creación del Banco de San Carlos y algunas más, encaminadas siempre a promover la economía frente a la riqueza, es decir, la actividad frente al mero ejercicio de la propiedad.
El único que podía hacer realidad aquello era el propio Estado, puesto que no había una clase burguesa emprendedora con la que poner en marcha esos cambios. Todas las reformas, ya fueran educativas, administrativas o sociales se hacían pensando en la economía, y si en el siglo anterior estaba mal visto trabajar, en el XVIII lo cosa cambió tan radicalmente que pasó a ser bueno y virtuoso.
En la primera mitad del siglo predominó el tono proteccionista y el Estado intervino directamente en la economía fundando nuevas empresas. Así nacieron las grandes fábricas nacionales de paños en Guadalajara, de cristalería en La Granja, de tabacos en Sevilla y de mantelería en La Coruña. Mientras, la política fiscal vigilaba el comercio exterior para que las importaciones no entorpecieran la industria propia y adquiriese una fortaleza suficiente como para empezar a exportar.
Una vez que se produjo el primer avance desarrollista, se entendió que la economía debía depender exclusivamente de la iniciativa privada y se impulsó una economía individualista, con libertad de trabajo, contrato, y precios. El papel del Estado quedó limitado a remover los obstáculos y las leyes se dedicaron a suprimir las antiguas regulaciones económicas. Este era sucintamente el plan, pero para poder realizarlo había que superar dos obstáculos: la propiedad de la tierra y los gremios.

La tierra y los gremios
El 70% de la tierra agrícola tenía un régimen de vinculación, es decir, que pertenecía a un convento, a un cabildo o a un título nobiliario, pero no a la persona concreta titular en cada uno de los casos, sino a la institución. Lisa y llanamente, aquello no se podía vender, aunque no se utilizase absolutamente para nada y alguien desease adquirirlo.
En el sector industrial, por su lado, mandaban los gremios, unas instituciones destinadas a la protección de cada grupo profesional, que regulaban las formas de trabajo, las técnicas, los tipos de producción y los precios. Por tanto, la competencia, como es fácil de imaginar, resultaba algo completamente inverosímil. Igual de inimaginable que un régimen donde no hubiera límite para los beneficios, donde uno pudiera tener iniciativa o libertad para conquistar nuevos mercados.
Esa era la realidad y algunos teóricos eran conscientes de ello. La más acabada manifestación de este sentimiento reformista de la intelectualidad fue el famoso libro de Gaspar Melchor de Jovellanos titulado “Informe sobre el expediente de la Ley Agraria”, donde su autor se mostraba convencido que España era un país riquísimo en potencia y que la clave para alcanzar la prosperidad consistía, simplemente, en hacer un mejor reparto de la tierra, de forma que las parcelas no fueran ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas.
¿Se correspondió la realidad con la teoría? Pues no. Se hicieron muchas carreteras, puentes y canales, pero en la agricultura no se pasó de los ensayos de repoblación. Probablemente, la medida económica que tuvo más trascendencia fue la supresión en 1778 del monopolio de Cádiz en el tráfico con Las Indias, lo que supuso que se abrieran puertos en toda la Península, incluso sin impuestos o con ellos muy rebajados. Así, las cosas se fueron preparando para dar paso a un nuevo siglo.