Editorial
El Plan del Litoral ha destapado todos los conflictos internos del Gobierno autonómico que nunca afloraron hasta ahora y ha creado la sensación de que ni con Plan ni sin él tiene remedio lo que ocurre en la costa de Cantabria. A pesar del retraso, llega en unas condiciones lamentables y con unos apresuramientos para el debate que resultan tan inaceptables como el desplazar la responsabilidad hacia la oposición y el PRC, por no admitir una tramitación a uña de caballo, cuando la auténtica responsabilidad es de quien tardó doce años en llevar ante la Cámara este documento exigido por la Ley de Ordenación del Territorio para 1991. ¿Por qué no ha llegado hasta ahora? Nadie del Gobierno ha dado una explicación razonable. ¿Por qué se anuncia una catástrofe urbanística si no se aprobase antes de acabar la legislatura? ¿Es que el Gobierno teme lo que puedan hacer sus propios alcaldes costeros?
El Plan del Litoral es muy necesario, obviamente, pero es dudoso que sea este plan. El documento es indefendible después de la exposición realizada por el Colegio de Arquitectos, donde se demuestra que incluso en la zona de protección absoluta marcada por la Ley de Costas de 1988 se podría construir con el POL –queda a voluntad del consejero de turno– y que en muchos lugares la línea trazada en los planos convertiría en potencialmente edificables incluso los acantilados.
Las deficiencias técnicas probablemente son lo más llamativo, pero no lo sustancial. El problema de fondo, y el PRC lo sabe muy bien, es que las competencias de urbanismo de los 37 municipios costeros que concentran el 95% de la actividad económica y el 99% de la promoción inmobiliaria se trasladan a la Consejería de Medio Ambiente, y que este desplazamiento no tiene nada de burocrático, porque los poderes que se conceden al titular de la Consejería son inmensos. Tantos que, según la matriz de usos, podrá decidir en la mayoría de los casos si en una finca determinada se puede construir o no, si en ella se puede explotar una cantera o, si por el contrario, nunca dejará de ser un mero prado.
Sin una delimitación de estos poderes con una regulación exhaustiva de por qué se conceden unas licencias y no otras, nunca se podrán eliminar las sospechas de que lo que para unos propietarios o promotores está vetado, es posible para otros, y la inseguridad jurídica creará muchos más problemas de los que se han producido hasta ahora, que no son pocos, como el propio Gobierno sabe tras los muchos varapalos judiciales recibidos.
El Plan es, además, inconsecuente. Las normas subsidiarias de algunos municipios costeros son más restrictivas con el suelo no urbanizable que el propio POL, por lo que no resulta fácil entender dónde está su espíritu proteccionista y, mucho menos, la dicotomía que plantea el Gobierno: o este Plan o el caos, máxime cuando el Ejecutivo sigue controlando la Comisión Regional de Urbanismo, un filtro que podría ser muy eficaz frente a los desmanes –y de hecho empieza a serlo en aquellos casos en que teme un recurso de ARCA, porque sólo el miedo cuida la viña–.
La aprobación apresurada del Plan origina, además, un conflicto político innecesario. El Partido Popular le quitó a la Consejería de Obras Públicas (PRC) las obras menores en los ayuntamientos para trasladarlas a la Consejería de Economía, en una decisión imposible de justificar desde el sentido común y que únicamente respondía a la voluntad de retirarle al PRC bazas electorales. Si ahora Obras Públicas se queda también sin competencias urbanísticas y con las principales carreteras regionales ya concluidas, su peso real dentro del Gobierno será muy inferior al que ha tenido históricamente. Revilla, hombre de acción, difícilmente va a conformarse con un papel tan secundario a cambio de unos votos que deciden quién gobierna en Cantabria. Una razón más para entender que en este final de legislatura las aguas de Puertochico, tradicionalmente calmas, estén tan agitadas. El PP, apurado por Gil, ha calculado mal la batalla del POL y los regionalistas se sienten ninguneados. ¿Tan importante es para el Gobierno este POL –que no ha encontrado ningún respaldo social– como para crispar así a quienes tendrá que pedir los votos dentro de tres meses?
