Editorial

La Comisión Europea asegura que la calidad de la leche en Cantabria no ha mejorado desde 1999, sino que ha retrocedido. En la vida hay muchas cosas que avanzan con dientes de sierra, pero en este caso no hay justificación posible, dado que desde el 1 de enero de 2000 no es posible comercializar leche que no sea del tipo A, la de mejor calidad bacteriológica y, por tanto, cualquier retroceso es, lisa y llanamente, ilegal.
Es humano suponer que durante el año 2000 aún hubiese una cierta comprensión hacia los ganaderos que no se habían adaptado a la nueva normativa y seguían entregando la leche en caliente, porque no resulta fácil dejar a 500 u 800 familias sin actividad, a pesar de que hubo mucho tiempo y ayudas para adaptarse. Lo que no es entendible es que desde entonces, las cosas sigan igual (queda un 18% de la leche fuera de normas) y en algunos terrenos, como la frecuencia de las inspecciones, peor. Es inaceptable que Sanidad diga no tener bastantes inspectores para controlar 4.000 explotaciones porque entonces nos podemos imaginar qué ocurría cuando en Cantabria había más de 10.000, hace bien poco.

El problema sirve como ejemplo de las dificultades que tiene la autonomía para imponer la ley cuando existe tanta proximidad entre quien debe ejecutarla y quien la padece. Lo que desde Madrid era rigor de ley, desde Santander es, simplemente, una cariñosa amonestación, y a veces ni eso. El funcionario o el político que está a 500 kilómetros es mucho más difícil de impresionar por una realidad que le queda muy lejos y, por supuesto, de influenciar mientras que el de una comunidad tan pequeña, o el de un ayuntamiento, siente la tentación o la necesidad de hacer favores, que casi siempre significan el soslayar alguna normativa. Nadie iría a pedirle un favor al ministro de Hacienda, pero cada día haya decenas de personas que se acercan a los políticos regionales para intentar obtener alguna ayuda personal.
Esto no es exclusivo de Cantabria, ni de una sola consejería, aunque en esta ocasión hayamos conocido el durísimo informe sobre la evolución del sector lechero. Bastaría comparar las inspecciones en los colegios que se realizan ahora bajo la tutela de la Consejería de Educación y las que se hacían cuando la competencia estaba en manos del Estado para comprobar hasta qué punto se reblandecen los controles en la corta distancia.
Gobernar, y sobre todo, aplicar la ley, exige una cierto distanciamiento. ¿Alguien cree que los cánones de vertido, como los que afectan tan gravemente a Sniace se aplicarían con el mismo rigor si la competencia fuese regional? ¿Alguien cree que la prohibición de las alquitaras móviles que Hacienda impuso en 1986 y que provocó una enorme tensión en Liébana se hubiese puesto en práctica si los encargados de imponerla fuesen inspectores de una consejería autonómica? Yo, sinceramente, no. Hemos visto demasiadas situaciones donde la ley se ha relajado para evitar conflictos, para no encontrarse con una manifestación a la puerta del Gobierno o por intereses mucho más oscuros.

La aplicación de una ley exige rigor, porque o se aplica a todos o añade injusticia. Y la experiencia autonómica de estos veinte años demuestra los riesgos que se corren cuando la distancia entre los gobernantes y algunos gobernados es tan corta. Demasiada gente sabe que es más fácil entrar al despacho de un consejero que hacer circular su expediente por algunos negociados y siente la tentación permanente de utilizar el atajo. ¿Quién no tiene en una región tan pequeña un amigo influyente en una administración pública?
Mientras no seamos capaces de dar distancia a la política diaria, seremos demasiado vulnerables a la tentación de admitirlo casi todo. Basta ver la catarata de sentencias contra las decisiones urbanísticas para comprobar el poco caso que se hace de la ley en las decisiones diarias o cómo ha tenido que surgir un conflicto político entre el alcalde de Suances y el consejero de Medio Ambiente para que éste, en represalia, haya desvelado que las playas de la zona legalmente deberían estar cerradas, por superar en decenas de veces la contaminación admisible. Para llorar.