Desconcierto entre las empresas adjudicatarias del concurso eólico

El nuevo presidente cántabro, Ignacio Diego no ha esperado a tomar posesión para hacer saber a propios y ajenos quien manda ahora en Cantabria. A pesar de que en 2009 Diego manifestó en una entrevista que si un día gobernaba en Cantabria anularía el concurso eólico por adjudicar una potencia muy superior a la prevista en el Plan Energético de Cantabria, la decisión ha dejado desconcertados a los adjudicatarios, que a estas alturas ya no sospechaban nada parecido.
Las empresas eólicas vivieron una tarde frenética el miércoles 25 de mayo tras conocer que Diego había anunciado su intención de anular el concurso en una emisora local. Después de intentar sin éxito ponerse en contacto con él para confirmar personalmente una noticia que les dejaba desolados, acabaron por redactar un comunicado en el que defendían con convicción el concurso pero tratando de evitar un conflicto con el futuro presidente regional.
La decisión de Diego no solo sorprendía a las empresas. Ni siquiera era conocida por sus próximos o por los alcaldes de su partido que se verán afectados, ya que en algunos ayuntamientos del sur de la región las compensaciones por el uso del suelo donde se asentarán los parques iban a suponer más de un 20% del presupuesto municipal.
El precedente de Galicia, donde Núñez Feijóo hizo lo mismo al sustituir al Gobierno de coalición PSOE-BNG, no había alertado a las empresas que concurrían en Cantabria, ya que el actual presidente gallego había anunciado su intención durante la campaña electoral y el reparto había resultado tan polémico que prácticamente se daba por hecho que habría que reconducirlo. El Gobierno autonómico había dejado fuera a las grandes compañías del sector (algo que en Cantabria no ha ocurrido) para beneficiar, casi exclusivamente, a constructoras locales que no tenían relación alguna con la energía eólica.
El PP cántabro, por el contrario, no había cuestionado el reparto regional, a excepción del hecho de que Cantarey-Gamesa, que posee una fábrica de generadores en Reinosa, no obtuviese ninguna concesión. Tras una muy sonora protesta de la compañía, Diego dejó entrever que, con él, Gamesa se hubiese llevado una demarcación, y no solo el suministro de molinos para varios de los adjudicatarios, algo que está previsto que ocurra en el concurso fallado por el Gobierno PRC-PSOE.

Las consecuencias

La anulación del concurso tiene unas repercusiones inmediatas, dado que en estos días los adjudicatarios han pagado algo más de tres millones de euros por tasas de tramitación, que deberán ser devueltos, y otras consecuencias a más largo plazo, como la pérdida de los proyectos industriales y de investigación que llevaba asociados, algunos tan importantes como la central reversible de Aguayo, en la que E.On pensaba invertir 600 millones de euros. Nadie puede concretar ahora mismo las iniciativas que pueden salvarse de la quema, porque sigan siendo del interés de los promotores, y las que definitivamente se desestimen. Las empresas ni siquiera han tenido tiempo de tomar una decisión sobre aquellos proyectos que ya están iniciados.
Por lo que se refiere al Plan Eólico propiamente dicho, la incertidumbre es aún mayor. Hacer modificaciones en el proyecto del nuevo Plan Energético Regional de Cantabria, cuyo informe de sostenibilidad ambiental está ahora en exposición pública, no lo retrasaría significativamente, pero la tramitación de uno nuevo aplaza varios años la perspectiva de un nuevo concurso eólico, adaptado a la potencia que en ese Plan se determine.
Antes de que se produjese este brusco cambio de escenario, los adjudicatarios cántabros ya se sentían apurados por los plazos. Aunque hubiesen conseguido tener todas las autorizaciones el año próximo, la mayoría de ellos no concluirían la distribución de los parques dentro de la zona que tienen asignada antes de 2015, ni sabrían la potencia real que van a explotar, ya que la asignada es la máxima autorizable en esa demarcación pero no la que efectivamente pueda instalarse.
Para entonces es posible que ya estuviese reabierto el Registro de Preasignación de Potencia Eólica del Ministerio de Industria, que fue cerrado por la avalancha de solicitudes, pero con los 11.000 megavatios que habían entrado a trámite antes de tomar esa decisión ya solo quedarían para repartir 8.000 de los previstos en el Plan Energético Nacional hasta 2020. Un cupo sobre el que tampoco había demasiadas garantías porque son muchos los parques que se encuentran a la espera de la reapertura del Registro.
Si se convoca un nuevo concurso, los adjudicatarios locales puede que se vean obligados a esperar un nuevo Plan Energético Nacional, más allá de 2020, para conseguir registrar su potencia, algo que resulta imprescindible para cobrar las primas a la producción, el auténtico motor de este negocio.
Los adjudicatarios de las demarcaciones cántabras han calculado en 3.400 millones de euros la inversión global que supone la instalación de los parques y los proyectos industriales y de investigación que llevan aparejados. La cifra puede resultar exagerada pero, en cualquier caso, es muy elevada y había muchas otras empresas que esperaban tener una parte de ese ingente pastel, un auténtico festín en estos tiempos de mera supervivencia.
Por lo pronto, ya hay treinta consultoras ambientales e ingenierías trabajando en los proyectos y un centenar de compañías de la región pensaban participar en las obras de cimentación de los molinos, el transporte de las piezas, el montaje, la fabricación de componentes o las instalaciones accesorias.
Tampoco salen mejor parados los ayuntamientos. Para muchos de ellos, las tasas por obras (entre el 4 y el 6% de la inversión en los parques) era un espectacular maná caído del cielo, dado que se trata de proyectos multimillonarios. El propio Gobierno regional iba a cobrar un cuantioso dividendo, habida cuenta de que se queda con la mitad de la recaudación del IVA que generen estas operaciones.

Dispuestos a rebajar la potencia

Los empresarios del sector creen que todavía es posible un cambio en la posición de Diego y han evitado la confrontación. De hecho, habían previsto que si se producía un cambio de Gobierno (una opción que tampoco veían como muy probable) quizá se viesen forzados a una cierta corrección a la baja de las potencias asignadas, algo que parecían dispuestos a aceptar, conscientes de que en la mayoría de las demarcaciones nunca podrían instalar todos los molinos autorizados.
Si algo ha quedado claro tras lo ocurrido es que no van a tener demasiados aliados en la defensa de sus intereses, ya que nadie quiere enfrentarse al nuevo Gobierno. El comunicado de la Asociación Eólica de Cantabria apenas ha encontrado eco social. Los dos partidos del Ejecutivo saliente no han puesto mucho empeño en defender su propia decisión, aunque Revilla ha insistido en que buena parte del futuro de Cantabria está en el Plan Eólico. Tampoco han reaccionado los sindicatos. Sólo ha habido una tímida llamada a reconsiderar la decisión por parte del rector de la Universidad de Cantabria, una institución que se juega mucho, porque iba a participar en la mayoría de los proyectos de investigación.

El silencio de la CEOE

Pero quizá lo más llamativo para quien no conozca los entresijos de lo que está ocurriendo en la patronal sea el silencio de la CEOE. Mirones ha eludido la cuestión, lo que podría interpretarse por causas internas más que externas, dado que la llamada Tercera Vía, que cuestiona su continuidad en la presidencia, está formada mayoritariamente por empresarios que han recibido concesiones eólicas. Sin proponérselo, con su decisión Diego ha acabado por lanzar un misil contra los adversarios de Mirones, un bloque que ahora podría resquebrajarse ante las nuevas circunstancias.
Muy pocos empresarios confiaban en un cambio de gobierno y a muchos, incluidos los del sector eólico, les ha cogido con el paso cambiado. Si hasta hace quince días sus problemas se centraban en conseguir financiación para poner en pie los parques, algo que cada vez resulta más complicado porque, como ocurre con la promoción de viviendas, los bancos exigen a los adjudicatarios que aporten una parte más significativa de la inversión, ahora su mayor preocupación está en defender sus derechos, moviendo todo tipo de resortes, tanto en la región como en la dirección nacional del PP y, por el momento, solo algunos mencionan la posibilidad de plantear una demanda contra el Gobierno para exigir una compensación por los gastos originados hasta ahora y por el lucro cesante.
El tsunami político ha provocado que todos los escenarios anteriores, incluso el conflicto de la patronal, parezca a estas alturas algo del pasado. No obstante, la canalización del problema pasará, antes o después por CEOE, donde Mirones ha vuelto a coger aire, y por la negociación entre las compañías adjudicatarias del concurso eólico y el nuevo Gobierno. La alternativa, una larga pugna entre el Ejecutivo y las principales empresas de la región, es demasiado improbable porque ambos se necesitan.