LA REALIDAD QUE NINGÚN PARTIDO QUIERE VER

Por Alberto Ibáñez

Si alguna vez se produce otra epidemia, es de suponer que habremos aprendido muchas cosas de la actual. Entre otras, que no es un problema de carácter competencial porque hasta el día 13 de marzo cada comunidad autónoma era plenamente soberana en materia sanitaria y ninguna hizo gran cosa para evitarla. Por ejemplo en el abastecimiento de elementos de protección como son las mascarillas, batas y guantes (EPIs) para todo tipo de centros, no solo sanitarios.

Otro aspecto de gran relevancia es que, las autonomías han mantenido la responsabilidad sobre las residencias de mayores y han actuado entre mal y peor, dejándolas abandonadas a su suerte en unos casos, y ocultando datos sobre las muertes que se producían en estos centros, en otros, para evitar el desdoro de encabezar los rankings de mortandad. Paradójicamente, partidos que gobiernan en algunas de las autonomías que obraban así, como la de Madrid, acusaban luego al Ministerio de opacidad o de no computar todos los muertos del país.

La coordinación de responsabilidades entre la sanidad y los asuntos sociales ha resultado un desastre, pero de eso no se ha quejado ningún partido político, lo que resulta fácil de entender, porque todos resultarían salpicados, ya que todos gobiernan en alguna autonomía. Y lo peor de todo es la enorme diferencia de medios que han tenido que sufrir los enfermos –sobre todo los fallecidos–. El esfuerzo económico y de personal que se ha hecho en la oferta sanitaria para el tratamiento hospitalario del Covid ha sido gigantesco, el que requería la situación, porque un caso como este no se puede escatimar. Los equipos de protección individual han llegado tarde, pero tanto el Gobierno central como las autonomías se han visto abocadas a buscarlos por medio mundo y los han pagado a precio de oro, porque cuando todos los países compiten por los mismos recursos, intermediarios y fabricantes aprovechan para hacer el agosto, convirtiendo la venta en una auténtica subasta en la que aviones ya cargados son vaciados para desviar ese material a otro destino donde pagan más.

El gasto ha estado justificado, pero se ha canalizado casi exclusivamente hacia el sistema sanitario, y más concretamente, a los centros hospitalarios, cuando la realidad es que están muriendo más personas en las residencias de mayores (donde se concentra la demanda potencial asistencial), con un gasto por paciente infinitamente menor. Es cierto que los hospitales han tratado muchísimos más infectados, y han salvado a gran parte de ellos, pero con más coordinación de las autoridades sanitarias y sociales también se hubiesen salvado muchas más personas en las residencias –o no se hubiesen muerto en ellas– donde la atención médica solo podía ser escasa, ya que son “sus casas”. Las medidas preventivas y de actuaciones previas han estado ausentes en el circuito residencial.

Que haya habido residencias en Madrid con un centenar de fallecidos, casi tantos como los que lleva toda Cantabria, indica que algo se ha hecho muy mal. No es cuestión de quitarles las responsabilidades a las propias residencias, porque las tienen, pero solo sus medios para atender una catástrofe como esta son nulos. En muchos casos con muy pocos sanitarios, o ninguno, con una ratio de trabajadores por persona mayor y/o dependiente muy inferior para las necesidades que deben de atender, y lógicamente al que tiene un hospital, sin aparataje… Lo admirable es que su personal no haya abandonado sus puestos ante la que se les venía encima, dejando el trabajo o, simplemente, solicitando una baja.

La enfermedad mata pero ha matado más en unas provincias que en otras y en unos lugares que en otros. Las residencias son el caldo de cultivo ideal para el virus, por la edad de sus usuarios, la acumulación de patologías y el contacto entre las personas, pero de haber tomado las medidas preventivas suficientes desde el principio todos aquellos que acusan a otros de no haber reaccionado a tiempo, el número de fallecidos hubiese sido muy distinto.

Cuando dejemos el debate político y entremos a valorar fríamente lo que se ha hecho y lo que se podría haber hecho mejor, habrá muchos políticos que tengan que pedir disculpas por la desastrosa gestión de la enfermedad en las residencias de mayores, completamente desasistidas hasta hace un par de semanas y un poco menos desde entonces. Y ninguna autonomía se va a salvar, pero las que más explicaciones debieran dar son las que han puesto todo el empeño en pedírselas a otros. Sin ese ejercicio de introspección que les lleve a asumir responsabilidades no solo estarán falseando lo que ha ocurrido sino que impedirán despejar una duda dramática que plantearán a partir de ahora cuantos necesiten ingresar a un familiar en uno de estos establecimientos, la de si están actuando bien o si se puede confiar en ellos.

Las personas mayores y las familias en general no se pueden permitir esa pérdida de credibilidad en las residencias, porque necesitan ese servicio, para muchos será su hogar en un futuro y las empresas que las regentan tampoco, porque sin clientela tendrían que cerrar. Por tanto, todas las comunidades están obligadas a poner mucho más esfuerzo de planificación y revisión del funcionamiento de las residencias para garantizar los aislamientos y el tratamiento de las personas residentes, sin que esto excluya, por supuesto, pedir responsabilidades a los propietarios. Lo que no podemos hacer es aceptar que la epidemia tenga niveles distintos de atención según donde se encuentre el afectado, o dar por prácticamente perdida la batalla en los colectivos de edad avanzada.

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