El PRC pide prorrogar hasta 2022 el uso de ahorros municipales, unos 275 millones en Cantabria

El Partido Regionalista de Cantabria quiere que se prorrogue hasta 2022 el uso de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos previsto para este año, unos 275 millones de un total cercano a 400 en la región, que es «muchísimo dinero».

Para ello, el PRC defenderá este lunes una iniciativa en el Parlamento autonómico, que espera que sea aprobada por unanimidad, debido a que no es una propuesta «partidista» y, además, redundaría en beneficio de todos los ayuntamientos, de la comunidad y del conjunto del país.

Por eso, los cantabristas han llevado también planteamientos similares a aquellos consistorios donde tienen representación y, también, al Congreso y al Senado. En esta última Cámara, mediante una moción de seis integrantes del grupo mixto, entre ellos José Miguel Fernández Viadero, del PRC, que ha argumentado que el próximo año las circunstancias económicas y sociales derivadas de la pandemia seguirán siendo «adversas».

Así lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la secretaria de Organización del partido, Paula Fernández; el portavoz parlamentario regional, Pedro Hernando, y el diputado autonómico Pablo Diestro, quien además es presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y que se encargará de defender la iniciativa en el Legislativo.

Con ella se pretende, según ha explicado, «dar un impulso» a la economía y afrontar gastos extraordinarios que han tenido que asumir los ayuntamientos en esta etapa «tan complicada» por la crisis del Covid, en la que han tenido que continuar ofreciendo servicios a los vecinos y resolver problemas.

La defensa del uso de los ahorros municipales, que se llevará también a los ayuntamientos, es algo que el PRC viene haciendo desde hace años, a raíz de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que limitó el acceso a estos remanentes, y a la que se han ido sumando otros partidos.

Así, por ejemplo, y según ha destacado el senador regionalista, él y otros cinco representantes de la Cámara Alta –del Partido Aragonés (PAR), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Asociación Socialista Gomera y Teruel Existe–, han registrado una moción para ampliar la utilización de los remanentes locales prevista este ejercicio al próximo, para continuar afrontando situaciones derivadas de la pandemia.

El PAR ha llevado la propuesta a Huesca y ha salido por unanimidad, ha subrayado Fernández Viadero, para indicar que se están «dando pasos» en las cámaras regionales. Por eso espera que en Cantabria sea aprobada por consenso de todos sus diputados -PRC, PP, PSOE, Cs y Vox- y que en el Senado se sumen formaciones, como las que respaldan al Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- o el PP, y que también pueda salir adelante.

Fernández ha recordado que ya en el año 2017 los regionalistas comenzaron una ‘ofensiva’ en las administraciones donde estaban presentes registrando iniciativas para que el Ministerio de Hacienda permitiera el uso de los remanentes de tesorería que impide la conocida ‘Ley Montoro’, consiguiendo el apoyo, primero del PP, y después del PSOE, para que se suspendiera las reglas fiscales.

Hecho que se produjo, por acuerdo del Congreso, el pasado 20 de octubre. Sin embargo, la suspensión se estableció para 2020 y 2021, lo que hace inviable que los ayuntamientos puedan hacer uso de los ahorros que tienen, ya que el volumen propio de los fondos y la complejidad en la tramitación administrativa «impide» que las administraciones locales, especialmente las más pequeñas, tengan capacidad para realizar las inversiones en el
periodo marcado.

Por ello, los regionalistas ya han presentado iniciativas en el Senado y en el Parlamento de Cantabria, y harán lo mismo en los ayuntamientos y en el Congreso para que el Gobierno de España «independientemente de que en 2022 se reactiven o no las reglas fiscales y de gasto, actualmente suspendidas, se habilite el ejercicio como plazo válido al efecto de que las entidades locales puedan ejecutar gastos e inversiones con cargo a sus remanentes, al objeto de hacer frente a los graves y previsiblemente prolongados efectos económicos y sociales causados por la pandemia».

«Defendemos que los ayuntamientos gestionen los mismos; se llegue a máximos en la
disposición de los mismos; no se condicione a qué deben ser destinados; se flexibilice la regla de gasto, ni se sujete a la elaboración de planes económico y financieros; y, aunque no se libere el remanente de una sola vez, se pueda disponer del total de una manera progresiva y en un tiempo razonable. No podemos consentir que el Gobierno de España, tanto el PP como el PSOE, cuadre las cuentas del Estado a costa de los ayuntamientos», ha sostenido Fernández Viaña.