Las empresas temen la factura del CO2

Las industrias cántabras afectadas por los cupos de emisión de gases con efecto invernadero han acogido con mucha intranquilidad los primeros indicios de cómo será la segunda etapa del Protocolo de Kioto, la que nos llevará desde el 2008 hasta el 2012. No sólo se van a reducir los derechos de emisión de CO2 asignados a las empresas –se calcula que entre un 10% y un 15% en relación a lo tolerado para el periodo 2005-2007– sino que su reparto ya no será totalmente gratuito.
Siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea, que quiere aplicar criterios más restrictivos, el Ministerio de Medio Ambiente sacará a subasta el 10% de los derechos de emisión que se autorizarán para esos cinco años, una posibilidad que suscita el rechazo de las veinte empresas cántabras afectadas, pertenecientes a los sectores siderúrgico, cementero, cerámico, vidrio y papelero. No sólo tendrían que afrontar una puja con otras empresas españolas para asegurarse los suficientes derechos de contaminación –algo que para la actual etapa 2005-2007 les ha sido otorgado gratuitamente–, sino que se verían forzadas a acudir al mercado europeo de emisiones para compensar la reducción que se anuncia, con el agravante de que los precios que está alcanzando la tonelada de CO2, –que llegó a situarse en los 27 euros el pasado mes– son superiores a los márgenes que genera la fabricación. En esas condiciones, resultaría más rentable producir menos, pero eso perjudicaría todos los ratios de la empresa y condicionaría su futuro.
Los derechos asignados a las veinte industrias cántabras para la etapa que concluye en 2007 suman 9.360.730 toneladas de gases de efecto invernadero; bastaría con que la reducción para el siguiente periodo se limitase en un diez por ciento para que, al precio citado, tuviesen que desembolsar algo más de 25 millones de euros sólo para producir lo mismo. Dado que el segundo plan de emisiones abarcará cinco años y no tres como el actual, esa cantidad podría fácilmente doblarse al finalizar 2008, a poco que el precio del carbono continúe la tendencia al alza y parece evidente que, a medida que aumenten las restricciones serán más las empresas que se disputen las toneladas en venta, con la consiguiente subida de precios.

Frenar el cambio climático

Todos los informes científicos sobre el calentamiento del planeta apuntan a que el proceso de cambio climático se está acelerando, con consecuencias que pueden llegar a ser extraordinariamente graves. Para frenar esa tendencia, el Protocolo de Kioto diseñó una herramienta, el mercado de emisiones de CO2, por el que se buscaba que las empresas de los sectores más contaminantes fuesen más eficientes en el control de sus gases contaminantes, asignándoles unos derechos de emisión que sólo podrían aumentar comprándoselos a otras empresas.
La solución no era la panacea, pero partía de cierto pragmatismo. Dado que es poco menos que imposible controlar todas las emisiones de gases con efecto invernadero, consustanciales a muchos ámbitos de la actividad humana, a diferencia de otros gases contaminantes que se generan exclusivamente en procesos industriales, se atajarían exclusivamente en el ámbito donde parecían más fáciles de controlar: las actividades fabriles. Es más fácil pero, en realidad, los sectores industriales sometidos a este control tan sólo son responsables del 40% de las emisiones a las que se atribuye el calentamiento del planeta.
Lo cierto es que, a pesar del esfuerzo global de reducción asumido por los Gobiernos que han firmado el Protocolo de Kioto, los resultados están muy alejados de la meta que se pretende alcanzar en 2012 y, mucho más, de las necesidades que estiman los científicos. El compromiso asumido por España es el de llegar a esa fecha con unas emisiones de CO2 que no rebasen en más de un 15% lo emitido en 1990. Los hechos están demostrando la dificultad de cumplir con una previsión que ya fue tildada de irreal en su momento por las empresas españolas afectadas. Al realizar la asignación para el Primer Plan, los niveles de emisión en España ya superaban en un 38,4% las cifras de 1990 y en Cantabria la evolución no es muy diferente. Según el escenario tendencial que se contempla en el plan energético de nuestra región para el periodo 2005-2011, a tenor de la energía procedente de combustibles fósiles que se consumirá en Cantabria en esos siete años, las emisiones de CO2 aumentarán en un 26%. Algo muy difícil de conciliar con el objetivo del Plan, que es reducir en tres millones de toneladas los gases de efecto invernadero generados en la región.

Reparto más restrictivo

Esa deriva, compartida por otros países europeos, ha llevado a la Comisión Europea a elaborar unas directrices para la redacción de los segundos planes nacionales de emisiones, que entrarán en vigor en 2008. La CE recomienda para ese periodo reducir las toneladas de gases que admitió en la primera fase y no basar las asignaciones en las cifras que las empresas consiguieron en 2005 ya que cree que eso desincentivaría los esfuerzos para reducir más sus emisiones.
Este criterio es rechazado con énfasis por empresas cántabras afectadas, como Cementos Alfa, que ya han hecho fuertes inversiones para dotarse de las mejores técnicas disponibles y ahora no disponen de recorrido para disminuir sus emisiones de CO2. Reducir la asignación de derechos de emisión para el periodo 2008-2012 sin tener esto en cuenta supondría, siguiendo su argumentación, castigar a quien ya ha hecho los deberes.
Para las empresas que han llevado a cabo esa renovación tecnológica, los límites asumidos por España en el Protocolo de Kioto fueron mal negociados y, mientras a España se le permitirá en 2012 la emisión de ocho toneladas de CO2 por habitante, la media europea será de diez toneladas. Esto implicará, en su opinión, un techo al crecimiento que puede acabar fomentando un proceso de deslocalización industrial y, a corto plazo, hará imprescindible acudir a un mercado de emisiones donde el precio de la tonelada de CO2 se ha triplicado en un año. Una evolución al alza que no lleva visos de parar ya que el fuerte déficit del mercado europeo de derechos de emisión podría disparar la tonelada hasta los 60 euros en los próximos años.

Suscríbete a Cantabria Económica
Ver más

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Botón volver arriba
Escucha ahora