Cantabria no se adherirá al Plan Antitabaco, pero lo acatará si se aprueba
El Gobierno de Cantabria (PP) no se va a adherir al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 pero lo acatará si el Ministerio de Sanidad lo aprueba porque no se va a «enfrentar» ni actuar «en rebeldía».
Así lo ha avanzado este jueves a preguntas de la prensa el consejero de Salud, César Pascual, después de que la que la Comisión de Salud Pública de ayer «no llegara a ningún acuerdo» y el Ministerio diera un plazo de 12 horas a las comunidades autónomas para adherirse al documento, lo que es «una novedad».
Según Pascual, lo de la adhesión es «un concepto nuevo», que se debatirá este viernes en el Consejo Interterritorial, porque se han introducido acuerdos de cooperación que no saben «a qué se están refiriendo» o la adhesión incluso «parcial» para poder adherirse a todo excepto, por ejemplo, a prohibir fumar en las terrazas.
«No nos parece serio, creemos que si se hace un plan tiene que ser con todas las consecuencias y con el consenso de las comunidades y no deprisa y corriendo y modificando los documentos como se están modificando permanentemente», ha valorado.
Así, aunque la decisión se tomará mañana en la Interterritorial, el titular de Salud ha anunciado que Cantabria no se va a adherir porque «no entendemos qué es esto de la adhesión» y «no tiene sentido» la adhesión parcial de cumplir una parte del plan y la otra no.
«El plan si se aprueba, se aprueba, de acuerdo, y si no se aprueba, no se aprueba. Y si lo aprueba el Ministerio nosotros como comunidad autónoma lo acataremos, no nos vamos a enfrentar» ni «a poner en rebelión ni en rebeldía», ha dicho Pascual, que ha reconocido estar «totalmente de acuerdo» con el 95% del plan.
Por su parte, la presidenta del Ejecutivo cántabro, María José Sáenz de Buruaga, ha precisado que no se trata de una ley, sino de un plan, una «hoja de ruta», por lo que cree que no es el instrumento para establecer prohibiciones; y ha criticado que es fruto de una «imposición», en el que ha primado la «unilateralidad».
Así, ha señalado que aunque hay «un alto grado de consenso» a la hora de «endurecer» las medidas antitabaco, regular los vapeadores e implementar el impuesto al tabaco; «la mayor discrepancia» se encuentra en la «falta» de una memoria económica y la «falta» de fondos suficientes para poder incluir «con eficacia» las medias que se incluyen en el plan.
«Asistimos a esa fórmula ya clásica y tradicional por parte del Gobierno de la nación que es ‘Yo decido y yo planifico, y tú pagas'», ha criticado.
Asimismo, Buruaga ha reiterado que el Ejecutivo autonómico no está a favor de prohibir fumar en las terrazas, sino que apuesta por las medidas de concienciación y políticas de prevención y educación, así como de incentivos y la autorregulación.
A su juicio, es «bastante más eficaz» establecer una política para incentivar, e incluso distinguir con certificados de calidad los espacios de humo, que prohibir aquello que «no se va a poder cumplir».
«Esa medida va a generar más problemas que soluciones», ha advertido Buruaga, que cree que es «desproporcionada» y «solo sirve para seguir cargando sobre las espaldas de los de siempre, la hostelería, un peso que ya va siendo difícil soportar».
Pascual y Buruaga han hecho estas declaraciones en la visita al primer quirófano híbrido ‘Doctor Andrés González Tutor’, en el Hospital Valdecilla.
