El Gobierno dejará en manos privadas parte de las nuevas infraestructuras

La situación financiera del Gobierno regional es buena, si se compara con cualquier otra autonomía, pero eso no quiere decir que el Ejecutivo que preside Miguel Angel Revilla tenga un amplio margen de maniobra. Por el contrario, es tan pequeño como el de cualquier región muy endeudada. La Ley de Estabilidad Presupuestaria se ha convertido en un lazo corredizo que, junto a sus indudables bondades, tiene inconvenientes que, a veces, provocan un estrangulamiento de la acción de Gobierno, tanto que algunos ex altos cargos reconocen que, en ocasiones, ya ni siquiera se busca la operación financiera más barata, sino aquella fórmula que no computase en el endeudamiento admitido por la Ley de Estabilidad.
Es más fácil entender lo que ocurre en las administraciones públicas si se tiene en cuenta su particular sistema contable, en el que no hay amortizaciones. Si alguien decide hacer una obra y la Ley de Estabilidad no le permite endeudarse –el medio natural para fraccionar el gasto– se ve obligado a imputar su coste total al ejercicio en que la contrata. Lo probable es que eso desborde su capacidad de inversión y, por tanto, se vea imposibilitado para hacerla.
Al contrario de lo que ocurre con otras medidas de control, nadie se atreve a saltarse la disciplina de la Ley de Estabilidad, puesto que la comunidad infractora es sometida durante el siguiente ejercicio a un proceso de tutela que obliga a pedir autorización previa para todas y cada una de las operaciones de endeudamiento que realice, lo que produce una situación de semibloqueo político angustiosa.
Pero hecha la ley, han aparecido sutiles procedimientos para soslayar al menos alguno de sus inconvenientes y casi todas las autonomías y el propio Ministerio de Economía, han creado sociedades de financiación estructurada, un eufemismo que encubre el deseo de sacar parte del endeudamiento del cómputo oficial del ejercicio apoyándose en la iniciativa privada para financiar las inversiones y pagarlas en varios ejercicios, como si fuera un simple contrato de servicios.

Un bocado apetecible para el sector privado

Cantabria se suma ahora a esta corriente con la creación de una sociedad instrumental que se encargará de coordinar todas las operaciones de financiación extrapresupuestaria que realice cada una de sus empresas públicas.
La nueva sociedad podrá diseñar y desarrollar proyectos de inversión de cualquier naturaleza, pero lo más llamativo en una consejería gobernada por el PSOE es la disposición a aceptar alianzas con la iniciativa privada para financiar competencias claramente del sector público e, incluso, dejar que sean los particulares los que realicen la gestión de algunos servicios a cambio de un canon anual que pagaría el Gobierno. El sistema es semejante al utilizado por Barcelona para construir su reciente tranvía o al que Esperanza Aguirre está utilizando de manera profusa en Madrid para propiciar la ejecución de ocho hospitales privados que serán utilizados exclusivamente por el servicio madrileño de salud.
En Cantabria no se llegará tan lejos a la hora de dejar en manos ajenas servicios sensibles, como la sanidad o la educación, pero no se descarta que la iniciativa privada financie, construya y gestione otros, como las depuradoras de aguas, por cuyo funcionamiento el Gobierno pagará una cantidad anual suficiente para que la empresa rentabilice los gastos de funcionamiento y amortice la inversión.
Colegios, residencias de la tercera edad, infraestructuras tecnológicas o, incluso, las sedes de algunas consejerías son otros campos que el Gobierno cántabro podría financiar por esta vía extrapresupuestaria. Es casi seguro, también, que la compra de la finca de La Remonta al Ministerio de Defensa y su desarrollo urbanístico se hagan a través de este sistema.
El Gobierno ofrecerá a las empresas privadas los proyectos que desea acometer y atenderá sus propuestas. Los concurrentes saben que, en algunos casos, pueden rentabilizar su participación por varias vías y durante un largo periodo: como financiadores del proyecto, como constructor y como gestores de las nuevas instalaciones. Todo ello hace que el interés del sector privado por estos contratos públicos sea siempre muy alto y que los bancos se hayan provisto de departamentos especializados en esta fórmula de financiación por proyectos.
Para el Ejecutivo tiene bastantes más ventajas que el eludir una obligación legal. Le permite anticipar muchas inversiones, al convertirlas, como ocurre en el renting, en simple gasto corriente –el pago por un servicio que le presta un tercero–. Además de evitar el coste de oportunidad que para los ciudadanos supone el tener que esperar varios años a disfrutar de una residencia, por ejemplo, en no pocas ocasiones la Administración pública puede obtener el servicio a un precio inferior al que le costaría su propia gestión.

Control de las empresas públicas

La creación de una sociedad para centralizar el endeudamiento extrapresupuestario también evitará algunas veleidades. Saber cuál es el endeudamiento real de las administraciones no es tan fácil como parece. Ni siquiera para ellas mismas. La multiplicación de empresas y organismos públicos que se endeudan por su cuenta no sólo ha elevado la deuda real muy por encima de lo reconocido, sino que ha multiplicado el descontrol interno. La prueba está en la inescrutable situación de la Empresa de Residuos durante la anterior legislatura, cuyo volumen real de endeudamiento probablemente sólo era conocido por el consejero de Medio Ambiente, José Luis Gil.
Con la nueva sociedad, la Consejería de Economía no sólo seguirá controlando los recursos presupuestarios, sino que también recuperará el control de los extrapresupuestarios, cada vez más importantes y que, por su naturaleza, escapan del sistema burocrático ordinario.