Un horizonte oscuro

A los seis meses de formarse el Gobierno regional no puede decirse que las expectativas sean muy prometedoras. Esta legislatura ha empezado con poco empuje, porque parte de los consejeros acababan de estrenarse en estas lides, no hay presupuestos nacionales desde tiempos de Montoro, la oposición está hecha unos zorros y no hay ni una sola idea nueva. Como unos entrañables piteros ya fallecidos que, una vez acabado su escaso repertorio se ofrecían a tocar lo mismo pero más fuerte, nos hemos limitado a meter más presión al polígono logístico de La Pasiega y al tren con Bilbao. Sobre todo lo demás no se sabe nada. Las empresas públicas están paradas, las nuevas caras del Gobierno siguen sin trascender, ningún consejero puede gastar un euro en nada y se nos trata de consolar con la idea de que a cambio de ese sacrificio tenemos la Cantabria más social de la historia, como si ahora se hiciese algo distinto de lo que se hacía en la pasada legislatura.

La atípica transferencia de veinte millones de euros de las empresas públicas al Gobierno para poder pagar las nóminas de fin de año es un remedo de la trampa que hacen los gobiernos nacionales con las pensiones desde el último mandato de Rajoy, conservando un pequeño fondo de reserva –nadie quiere pasar a la historia con la sombría etiqueta de haberlo agotado– pero acudiendo al endeudamiento para poder pagar cada mes. En Cantabria, el truco solo vale para esta ocasión, porque Sodercan recuperó milagrosamente los 15 millones de euros que había invertido en Sidenor, pero eso no volverá a ocurrir el año que viene, y los compromisos que está adquiriendo el Gobierno regional en materia de salarios le van a poner contra la pared ejercicio tras ejercicio. Después de acumular un déficit presupuestario en Sanidad de 250 millones en cuatro años, al infrapresupuestar los salarios y los medicamentos para poder cuadrar las cuentas, en lugar de ir ajustando la partida al gasto real, como haría cualquiera en estas circunstancias, anuncia que el próximo año subirá los emolumentos del sector público cántabro un 3,5% (que puede acabar suponiendo un 6,5% cuando se negocien otras ventajas).

Todo el mundo tiene derecho a que le suban el sueldo pero, con una inflación interanual del 0,1%  y cuando el INE acaba de publicar unas estadísticas en las que se refleja que los salarios públicos son ya un 50% más elevados que los privados, lo prometido parece absolutamente fuera de lugar. No cabe imaginar decisiones semejantes en una empresa privada, como tampoco cabe entender que, ante las presiones de los propietarios de centros geriátricos, a los que se había subido sustancialmente el precio de las plazas concertadas a cambio de unas mejoras en los servicios, haya decidido renunciar a exigirlas.

Los Presupuestos cada vez tienen menos interés político, porque se han convertido en una mera relación de gastos. El grueso del dinero está previamente comprometido y las nóminas se comen cada año un trozo más grande de la tarta. Este año que acaba desbordarán en al menos 80 millones lo presupuestado. El coste real del personal (sin incluir los organismos autónomos) supone ya el 36% de los gastos totales de la autonomía, y cada ejercicio ese porcentaje sube un poco más. Aunque para el próximo el Gobierno asigna 981 millones de euros a las nóminas (60 más) se volverá a quedar muy corto, como consecuencia de la fuerte subida salarial prometida y de los cientos de contrataciones que ha hecho en educación y sanidad. (Imputar esta deriva al aumento de altos cargos, como hacen algunos, es tratar de echar balones fuera porque todos ellos solo suman el 0,45% de los gastos salariales de la Administración autonómica).

Estos desfases los pagan el resto de las consejerías, obligadas a aceptar quedarse sin capacidad inversora, un sacrificio que puede justificarse un año pero los gastos de nóminas o plazas de residencia siempre van a estar ahí y cada ejercicio van a ser mayores, por lo que el problema no tiene solución. Poner en marcha la máquina administrativa regional cuesta tres millones de euros al día en personal y otro millón largo en gastos corrientes; tras añadir lo que supone atender la deuda, no hay margen para más, por lo que, en lugar de ‘políticos’ vamos a tener ‘administradores’.

Si a estas alturas el problema no alcanza el grado de catastrófico es porque los tipos de interés que estamos pagando por la deuda son extraordinariamente bajos. Así que, después de años de ajustes y saneamientos, y de una cierta recuperación económica, en lugar de habernos liberado del yugo del déficit nos encontramos con que cualquier repunte de los tipos de interés nos dejaría otra vez en situación de ser intervenidos. Buff!!!!

Alberto Ibáñez

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