A fondo

Solo los ayuntamientos mantienen activa la obra pública en Cantabria

Santander ha programado 63 obras este año electoral

La dotación presupuestaria del Estado para Cantabria en 2019 se ha convertido en el campo de batalla político. El descenso en un 9,3% de la cuantía final, en un momento en que aumentan sensiblemente las partidas para Cataluña, es un casus belli para muchos partidos. PP, Ciudadanos e incluso el PRC han criticado con mucha dureza esta evolución a la baja. El PSOE se defiende asegurando que, al final, se invertirá más dinero que en los ejercicios anteriores. Y es que llueve sobre mojado. Las inversiones del Estado en Cantabria durante los últimos años han sido muy escasas y la ejecución muchísimo más, hasta el punto que ha habido años, como 2016, en que únicamente llegó a la región el 14,7% del dinero presupuestado para obras.


Miguel Ángel Revilla lleva insistiendo varios años en que uno puede viajar de un extremo a otro de la región sin ver una sola máquina de obras del Estado, con la mínima excepción de las que están rectificando el trazado del Desfiladero de la Hermida, y no siempre, ya que la obra ha sufrido varios parones. La realidad es esa, pero también es que en esta legislatura ha costado encontrar obras del Gobierno regional. Los dos organismos públicos más inversores han bajado el ritmo extraordinariamente tras la crisis, y la recuperación económica no ha supuesto una mejora significativa. En el caso del Gobierno central, porque no había proyectos sobre la mesa hasta la llegada de Íñigo de la Serna, y éstos se están retrasando más de lo previsto. En el caso del Gobierno regional, porque está sumido en la precariedad y su prioridad es atender las necesidades sociales. Las obras, en su día protagonistas de la acción de gobierno, se han convertido ahora en un actor secundario.

Solo los ayuntamientos mantienen el tipo. Tras el fortísimo saneamiento que vivieron entre el años 2008 y 2013, su situación financiera ha mejorado mucho, hasta el punto de que algunos terminan el ejercicio con superávit, y empiezan a liberarse de las ataduras de Hacienda que controlaba con mano de hierro las cuentas de muchos de ellos, entre otras, las de Santander. Ahora ya pueden gastar y hacer obras, lo que se ha notado más si cabe en un año electoral, como este, en el que Santander ha llegado a tener en marcha simultáneamente una treintena de obras; ahora está ejecutando 19 y aún tiene previstas 44 más para este año.

Semejante protagonismo de los ayuntamientos no es consecuencia, únicamente, de sus propios recursos. Los alcaldes, especialmente los del PRC, han presionado al Gobierno regional para que haga un reparto más generoso de sus fondos, hasta conseguir trasladar a los municipios parte de la soberanía financiera que tenía la Consejería de Obras Públicas, que de esta manera pierde un poco más de brillo.

El acercamiento de las elecciones ha multiplicado las actuaciones municipales en el entorno urbano. También se han acelerado otros acuerdos, como la cesión de algunos terrenos del Puerto de Santander en el entorno de la Estación Marítima para habilitar un nuevo espacio de 7.000 m2 para los ciudadanos.

Todas estas circunstancias han dado lugar a un auténtico vuelco en la obra pública. Los ayuntamientos, anteriormente la hermana pobre, son ahora los más dispuestos al gasto, hasta el punto que entre enero y septiembre de 2018 licitaron obra por valor de 106,6 millones de euros, mientras que el Estado solo había licitado 19,4 millones y el Gobierno cántabro 32,6. Un podium que no se había visto nunca, ya que por lo general el Estado invierte más que la Administración regional y los ayuntamientos juntos y, a su vez, la autonomía mucho más que los municipios.

Para el sector de la obra pública, e incluso para los ciudadanos, no importa tanto  quién lo licite como cuánto se licita en total, y a pesar del protagonismo de los ayuntamientos la suma de los nueve primeros meses del año pasado no llega a los 160 millones de euros, cuando en algunos ejercicios de la década anterior, solo el Ministerio de Fomento licitó más de 400 millones de euros en Cantabria.

En 2017 los cosas fueron mejor, sin llegar a las cifras históricas, porque el Estado licitó 254 millones de euros, más que los 77 del gobierno regional y los ayuntamientos. El descenso del pasado año, que el PP achaca a una ralentización de los proyectos tras el cambio de gobierno nacional, contrastó con la subida de un 254% en las inversiones municipales, que ya oteaban la llegada de las elecciones.

Un cambio con De la Serna

En realidad, la fuerte inversión estatal de 2017 fue un espejismo. La llegada de De la Serna cambió radicalmente una tendencia de dramático descenso en la inversión que comenzó con el ministro socialista José Blanco, al enfrentarse a la crisis, y llegó a la absoluta parálisis durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy, con la excepción del último. El Estado pasó a invertir mucho menos que la autonomía, y solo así puede explicarse que un simple cambio de ministro, la llegada a Fomento de Íñigo de la Serna, diese lugar a un crecimiento anual de las licitaciones de un 1.446,7% en el último año del PP, según datos de la patronal de la construcción Seopan. Aumentar en quince veces la inversión en obras de un año para otro no tiene precedentes, como tampoco el parón posterior.

Insuficiente ejecución presupuestaria

A pesar de que el exalcalde de Santander aseguraba durante su etapa como ministro que él era el responsable de la mejora de la obra pública en Cantabria, lo cierto es que la ejecución presupuestaria resultó más bien escasa.

La prueba del algodón son las estadísticas del gasto a final de año. En 2017, el Estado empleó solo el 44% de los 102 millones de euros presupuestados, la inversión más baja del país. Pero el peor balance de estos últimos años no se produjo en este ejercicio, sino en el anterior, cuando gastó solo 17 millones de euros de los 122 presupuestados.

En cualquier caso, el dinero que la Administración estatal consigna para la región no permite desarrollar proyectos de envergadura, como el tren de alta velocidad con que el PRC pide unir Cantabria con Bilbao para reducir de forma significativa la duración del viaje.

El hecho de que ni siquiera se haya gastado el dinero destinado a la elaboración del estudio previo siembra dudas sobre el interés de la Administración central por este proyecto.

La evolución de la obra pública promovida por la Administración general tiene forma de montaña rusa. Tras la finalización de las autovías, que consumieron ingentes cantidades de recursos, y la irrupción de la crisis, el Ministerio de Fomento frenó en seco las inversiones en la región y los ayuntamientos y el gobierno regional pasaron a convertirse en los entes más inversores, superando entre ambos la licitación estatal, tanto que en algún momento llegaron a superarla en nueve veces y no por su disponibilidad económica, sino por el hecho de que la obra pública estatal prácticamente ha desaparecido en lo que va de década.

La reforma del entorno de la Estación Marítima ha supuesto una inversión de un millón de euros.

Los 254 millones presupuestados en 2017 por De la Serna fueron un espejismo, al comprobar que más de la mitad no se gastaron, pero desataron la expectativa de un cambio, con muchos proyectos sobre la mesa que, tras su salida, se ralentizaron y el desánimo de los constructores durante su última asamblea general, el pasado diciembre, fue muy notorio.

Solo les reconforta la mejora de la obra municipal, especialmente la del Ayuntamiento de Santander, que ha asumido el papel de locomotora, pero el sector es consciente de que estas pequeñas actuaciones, aunque generan más trabajo que las grandes obras estatales, no son suficientes.

A la vez, se encuentran con una paradoja inesperada: sus antiguos trabajadores con experiencia han abandonado la construcción y las máquinas están obsoletas o han desaparecido. Nadie ha comprado maquinaria nueva en este periodo, y mucha de la que tenían ha acabado, revendida a bajo precio en el norte de África. Así que tampoco resultará fácil atender las nuevas obras, en el momento en que surjan, ni hacerlas a los bajos precios a los que se están adjudicando.

63 obras en Santander

El Ayuntamiento de Santander merece un capítulo aparte si se aborda la situación actual de la obra pública. Solo en 2019 prevé invertir más que en los últimos cuatro años anteriores, que ya estuvieron cuajados de pequeñas obras. Las 63 actuaciones planificadas para este ejercicio supondrán 117,7 millones de euros, casi el doble de los 91 millones de euros que se destinaron entre 2015 y 2018.

Afortunadamente, también empieza a despertarse el sector privado. Las 4.000 solicitudes de obra mayor o menor que se han registrado el año pasado en la ciudad certifican una nueva época de bonanza, al menos para quienes se dedican a la rehabilitación.

Desde 2014 hasta ahora han aumentado un 34% las solicitudes de licencia y cada vez tienen más peso las obras mayores, ya que, a pesar de que el Tribunal Supremo tumbó el Plan de Urbanismo de la capital, se ha pasado de las 260 licencias tramitadas hace cinco años a las 433 de 2018.

Santander ha mantenido el sector gracias a las pequeñas actuaciones, pero entre los proyectos inmediatos hay una muy importante, la integración de las estaciones ferroviarias, que liberará para la ciudad 85.000 m2, ahora ocupados por vías. La inversión será de 226 millones de euros. Algo parecido ocurrirá en Torrelavega con el soterramiento de las vías, en el que se invertirán 100 millones. 

ADIF y Fomento aportarán 166 millones de euros para la obra de Santander y de 52 para la de Torrelavega. El resto lo financiarán los ayuntamientos y el Gobierno regional. El de Santander pagará 20 millones de euros, el 20% de las actuaciones no estrictamente ferroviarias. Con este dinero y con el que pondrá la autonomía se podrá licitar e iniciar las obras del edificio de viajeros y ferroviarios.

Espacios portuarios

El Puerto de Santander también ha sido el foco de nuevas reformas. Gracias a la cesión de parte de sus terrenos urbanos a la ciudad, en diciembre se concluyeron las obras del exterior de la Estación Marítima que han deparado una zona ajardinada, en la que el Ayuntamiento empleó alrededor de un millón de euros. Con ello, la ciudad ha conquistado más de 7.000 m2 de antiguos terrenos portuarios y ha conseguido integrar la Estación Marítima en su casco urbano.

De las 63 obras públicas que el Ayuntamiento de Santander ha programado para este año, 19 ya están en ejecución, por valor de 38 millones de euros. Además de nuevas escaleras mecánicas, centros cívicos, asfaltados y renovación de saneamientos, por fin se finalizará la nueva sede del TUS en Ojaiz, un proyecto que se paralizó hace catorce años y que se reanuda ahora, lo que también permitirá levantar los talleres municipales y una nueva sede para la Policia Local.

El Ayuntamiento también está empujando la obra en vivienda, a veces actuando él mismo como promotor, como ocurre con la próxima construcción de 120 viviendas en San Román y otras 66 de VPO en la antigua fábrica de Tabacalera en la calle Alta.

Las 44 actuaciones que aún pretende acometer antes de acabar el año suponen una inversión de casi 80 millones de euros. Algunas son tan reseñables como el auditorio que construirá en el viejo recinto de los leones de la Magdalena, la rehabilitación del antiguo túnel de Tetuán, o el centro empresarial que se va a levantar en La Albericia.

La semipeatonalización de la calle Cervantes

Una de las obras que suscitaban más opiniones encontradas ha sido la reforma de la calle Cervantes, ya que el Ayuntamiento apostaba inicialmente por su peatonalización y una parte de la ciudadanía no estaba de acuerdo. Las obras, realizadas por SIEC, se iniciaron el 1 de septiembre y han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros. Al final, la solución se ha quedado a medio camino, aunque la mejora es evidente. Las aceras entre Cisneros y Jesús de Monasterio se ensancharon, a costa de dejar un solo carril para el tráfico de vehículos, y una calle hostil para el peatón, por el tráfico que canalizaba y la estrechez de las aceras, ha adquirido un aspecto diferente, mucho más relajado.

Las obras se prolongaron más de lo planificado y tardaron siete meses en concluirse debido a las complicaciones en la renovación la red de abastecimiento de Jesús de Monasterio. Una vez finalizadas, el Ayuntamiento hizo un ensayo de completa peatonalización, para decantarse finalmente por dejar un carril abierto al tráfico, sin descartar que en un futuro –y visto que la circulación viaria en el centro no se colapsa– se puede volver a la peatonalización completa.

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