Magefesa y las vacaciones fiscales vascas, las mayores multas de la UE por incumplir las normas comunitarias

España ha tenido que pagar 54 millones, más que los otros 27 países juntos

En los últimos cinco años, España ha pagado casi 54 millones de euros en multas por incumplir la normativa de la Unión Europea. Es el país más sancionado, con muchísima diferencia, tanto que el siguiente, Bélgica, solo ha pagado diez millones. Y una buena parte de esas multas fueron originadas por una empresa de raíz cántabra, Magefesa, que recibió ayudas directas y indirectas consideradas contrarias a la competencia y que las autoridades españolas nunca rescataron, como les exigieron los organismos comunitarios.

El Tribunal de Justicia Europeo es inflexible. Una vez que falla no es fácil torearlo y España lo sabe. Durante décadas estuvo dando largas por el caso Magefesa, hasta que finalmente se vio obligada a pagar unos 24 millones de euros por no haber recuperado las ayudas que los gobiernos de Cantabria y el País Vasco le habían dado a la compañía a mediados de los años 80 para tratar de reflotarla cuando su situación ya era completamente inviable. También las que indirectamente le concedió la Seguridad Social, al no ejecutar la enorme deuda en que incurrió este grupo de empresas. Magefesa había sido creada en los años 60 por un empresario originario de Guriezo, Víctor Picó, un industrial que llenó las cocinas españolas de cazuelas, sartenes, ollas a presión y cubiertos. Dos de las fábricas las instaló en su Cantabria natal: la de menaje (Gursa), en Guriezo, y la cubertera Cunosa, en Limpias. Dos enormes fábricas que llegaron a sumar más de 1.500 trabajadores.

Las vacaciones fiscales vascas nos han costado 30 millones y la tardía ejecución de la sentencia sobre la estiba, tres

Con la crisis de los 80, todo este entramado metalúrgico se derrumbó, a pesar de la potencia de la marca, y las distintas autoridades hicieron lo que pudieron para salvar las fábricas de su ámbito territorial. No pudieron conseguirlo, y las denuncias de otros competidores acabaron haciendo intervenir a las autoridades comunitarias, para dilucidar si estas ayudas eran o no legales. España no pudo demostrar que lo fuesen, y finalmente el país fue condenado por no hacer lo suficiente para recuperar el dinero concedido irregularmente, lo que por otra parte resultaba del todo imposible en ese momento, ya que Magefesa había desaparecido como grupo y las pocas fábricas que sobrevivían estaban intentando ser reflotadas por sus propios trabajadores, que a la vez eran acreedores de la sociedad original.

La UE exigía que Magefesa o sus sucesores devolviesen un crédito de 2.085 millones de pesetas que se le concedió en condiciones más favorables que las de mercado; avales por valor de 1.830 millones de pesetas; subvenciones por valor de 1.095 millones de pesetas, subsidiaciones de intereses por valor de nueve millones de pesetas y subvenciones extraordinarias a trabajadores que perdieron su empleo estimadas en 1.500 millones de pesetas, parte de ellas concedidas por el Gobierno de Cantabria.

El procedimiento contra España se inició en 1989 y se prolongó durante nada menos que 24 años. Finalmente, en 2013, la Unión Europea se cansó de esperar y le impuso a nuestro país una multa de 29.550.000 euros por no haber recuperado las ayudas, que un año después fue rebajada en 5,6 millones, lo que no impide que sea la segunda mayor impuesta por la Unión entre sus 28 estados miembros en estos cinco últimos años.

La primera sanción en importancia también la tuvo que pagar España, y fue consecuencia de las llamadas vacaciones fiscales vascas. Unas exenciones de impuestos a las compañías de nueva creación que se asentasen en esa comunidad que perjudicaban notoriamente a otras, especialmente a las regiones colindantes, como Cantabria, al ofrecer un régimen fiscal mucho más atractivo para las nuevas empresas.

Este caso también se dilató en el tiempo. En 2001 la UE ya conminó a España a que acabase con las vacaciones fiscales vascas y, aunque esas ayudas fiscales pasaron al olvido, doce años después solo se había recuperado una parte del dinero y seguía sin restablecer todos los efectos causados en su momento, siendo condenado el país a pagar 30 millones de euros. Aunque la violación de la legalidad se produzca en la normativa de una comunidad autónoma, para la UE no hay más responsable que el Estado, que es al que le exige el pago, y luego será el Gobierno de la nación el que decidirá si se lo imputa o no a la Administración regional o local que originó el conflicto.

Con las multas de Magefesa y las vacaciones vascas (54 millones entre ambas), España ha pagado más por sanciones comunitarias que los otros 27 miembros de la UE juntos, siete de cada diez euros recaudados. Hay que recordar que, además de los casos anteriores, nuestro país aún tiene que abonar otra sanción cuantiosa, la de estiba, por no cumplir en plazo la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

El caso de los estibadores se ha resuelto con relativa rapidez, si lo comparamos con los otros dos, puesto que se abrió en 2011 y se ha cerrado este verano. Bruselas exigió que se reformase el estatuto español de la estiba para admitir que cualquier empresa de otro estado miembro pueda participar en la manipulación de mercancías en los puertos españoles e inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios. La reforma debía estar ultimada antes de septiembre de 2015 pero hasta que no llegó Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento nadie puso mucho empeño en el cumplimiento de la sentencia, de forma que no se ha restablecido la legalidad hasta el pasado mes de mayo. El retraso le va a costar al país tres millones de euros, una cuantía que la Comisión ha establecido a tanto alzado.

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