Los autores del Plan del Gobierno proponen una integración en el área industrial vasca

Creen que con innovación, alianzas entre empresas y formación se pueden crear 6.000 empleos en el sector en doce años

El primero de los dos planes estratégicos que se van a elaborar en la región ya está en manos del Gobierno, y es el que él mismo encargó el pasado otoño. Las propuestas están circunscritas al sector industrial y tienen un horizonte, el año 2030, en el que los autores creen que el sector puede contar con 6.000 empleos más si se mejora la productividad un 25% a través de una receta compleja basada en la innovación, una mayor interrelación del tejido industrial y un creciente formación de las plantillas. Pero, sobre todo, ofrece dos soluciones estratégicas que se han venido manejando insistentemente en los últimos meses, incluso por el presidente de la CEOE: crear una metrópoli industrial vasco-cantábrica y desarrollar el polígono logístico de La Pasiega. En este sentido, pocas novedades. Ahora solo queda por saber si el de la CEOE, encargado a Deloitte puede ser muy distinto.


La pugna entre el presidente de la CEOE cántabra y el Gobierno regional a propósito de un plan estratégico regional, alentada por el ministro de Fomento, ha deparado ya el primer informe, el solicitado por el Ejecutivo, en el que a lo largo de casi 200 páginas se desgranan las circunstancias de la industria regional, sus oportunidades y sus debilidades. Pero ni es el primero ni será el último. A pesar de la insistencia de Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de la CEOE cántabra, por tener un plan, desde 2012 se han elaborado al menos cinco de distinto tenor, a petición del Gobierno, del CES o promovidos por la Universidad de Cantabria. Por tanto, ni existe la supuesta carencia ni es fácil descubrir nada nuevo, a expensas de lo que venga a aportar el que acaba de concursar la propia CEOE, dispuesta a gastarse tres veces más de lo que ha pagado el Gobierno.

El del Gobierno se circunscribe al área industrial y ha sido realizado por Arenal Grupo Consultor, un despacho sevillano que ha realizado trabajos semejantes para otras autonomías y que ha buscado la colaboración local de Javier Gómez-Acebo, un prestigioso abogado que fue el último presidente del CES.

La industria cántabra ha perdido 1.000 millones de facturación

El estudio de la consultora sevillana, denominado ‘Estrategia Industrial Cantabria 2030’ constata la caída del valor añadido aportado por la industria de la región desde 2010 con respecto a la media nacional, pero especialmente con respecto a la media europea, con la que ha perdido en estos años nada menos que 19 puntos. A pesar de haberse producido un repunte desde 2013, un año que fue fatídico para el sector, la producción industrial regional ha perdido mil millones de euros con respecto a 2008 (llegó a perder 2.000 en 2013). Eso significa que se ha dejado por el camino un 11,2% de su generación de valor, frente al 7,4% de la industria nacional.

No ha ayudado mucho el hecho de que, desde 2008, los inversores extranjeros apenas hayan tenido interés por invertir en la industria cántabra. Tan poco (apenas diez millones de euro por año) que han invertido más las industrias cántabras en el exterior.

La producción de la industria cántabra en 2017 ha sido de aproximadamente 8.600 millones de euros, lo que supone unos 3,5 millones de euros de media por empresa y 245.000 euros por persona ocupada. En la mayoría de las actividades la producción sigue siendo inferior a la de 2007, especialmente en las vinculadas a la construcción (fabricación de cementos o de elementos metálicos para la construcción, madera, vidrio…), en algunos casos con caídas superiores al 33%.

En cambio, hay ocho actividades que van mejor que nunca, como la fabricación de algunos componentes de automoción o la ingeniería mecánica para  terceros, que han crecido más de un 40%. Más del 10% han mejorado las conservas de pescado y la industria de alimentación en general.

Solo hay 93 industrias medianas o grandes

De las 2.483 empresas industriales que hay en Cantabria, el 38,1% no tienen asalariados; otro 25,3 tienen uno o dos; un 12,2% tiene de dos a cinco y un 6,3% de cinco a diez. Eso significa que un 80,5% son microempresas, una proporción no muy distinta, en cualquier caso, a la del resto del país. El problema, para los autores del informe, es que solo hay 93 empresas medianas o grandes, “que son las que pueden llevar a cabo proyectos que supongan cambios estructurales”.

En todos los grupos de empresas industriales se han producido descensos desde 2008 excepto en las grandes, a las que se han añadido dos más, y ya son 24. Salvo esta alegría, el panorama que se deduce del informe es muy desanimante, porque el censo de las pequeñas industrias se ha reducido en 150 (–31,0%) y el de las microindustrias en un 17,2%, al desaparecer 427, la mayoría formadas por autónomos.

Afortunadamente, se han venido creando un promedio de 171 nuevas empresas al año, que han compensado un poco una pérdida de censo que hubiese sido dramática, ya que solo entre 2011 y 2015 se han cerrado 905 empresas industriales en Cantabria. No obstante, solo una de cada veinticinco empresas que se crean en la región tiene fines industriales.

Un tercio de las empresas tecnológicas ha desaparecido

El mundo exige industrias muy avanzadas, pero lo cierto es que en Cantabria el tejido industrial de alta y media-alta tecnología ha quedado muy tocado en estos últimos años, hasta el punto de haber perdido 53 empresas, nada menos que un 34,9%. Solo sirve de cierto consuelo saber que lo mismo ha ocurrido en el resto del país, donde el censo ha caído en un 33,5%. La pérdida se ha concentrado en dos grupos, las dedicadas exclusivamente a investigación y desarrollo –que prácticamente han dejado de existir– y en las fabricantes de maquinaria.

Las industrias cántabras tienen ahora una financiación a corto plazo mínima y casi toda su deuda es a largo plazo, que en la mayoría de los casos ha sido facilitada por otras empresas de su grupo o asociadas, lo que no es un buen síntoma. Tampoco lo es que se hayan reducido significativamente los fondos propios (681.000 euros de media desde 2008) como consecuencia de las pérdidas que han padecido. Esta situación es muy poco propicia para las inversiones, que son escasas.

El principal coste de la industria regional son las materias primas (un 39%), muy por encima del que tienen en personal y en servicios exteriores (un 16% en ambos casos), unos ratios muy distintos al conjunto de la industria nacional, donde el peso de las materias primas es ocho puntos superior. No obstante, el valor de todos estos inputs se ha reducido en 1.200 millones de euros (un 14%) desde el comienzo de la crisis, pero solo en parte (unos 200) por la mayor eficiencia. El resto del ahorro ha provenido, simplemente, de una menor producción.

La industria alimentaria genera diez veces más beneficios que la metalurgia

A pesar de las dificultades, el sector industrial  en su conjunto se ha mantenido en beneficios a lo largo de estos años, pero de una forma muy desigual, ya que casi el 47% de estos beneficios proviene ahora de un solo subsector, la industria alimentaria, que no solo ha conseguido aumentar su producción sino que también ha duplicado sus márgenes. La metalurgia, tan representada en la región, apenas genera una décima parte de los beneficios que consiguen la industrias agroalimentarias.

El 62% de la producción industrial de la región se vende en España, el único mercado para la mayoría, lo que no impide que a lo largo de la crisis haya crecido en 10 puntos el porcentaje de lo que se envía al extranjero, al ser empujados los empresarios por la atonía del mercado nacional. Pero ese es un coto de las industrias de más de veinte trabajadores, que venden fuera el 44% de su producción, mientras que las de menos de veinte solo exportan un 5%.

Dentro del mercado nacional los compradores son fundamentalmente del País Vaco (27,6%) y Castilla y León (22,5%), con la Comunidad Valenciana como tercer destino a gran distancia (11,4%).

La exportación, estancada a la baja

La industria vinculada a la construcción (cementeras, estructuras metálicas, madereras…) ha perdido un 33% de la facturación que tenía antes de la crisis.

A pesar de haberse interesado más por el mercado internacional, resulta sorprendente que a día de hoy, Cantabria exporte casi un 8% menos que en 2008, una evolución que contrasta, según los autores, con la de los años previos a la crisis económica, cuando las empresas cántabras aumentaron notablemente sus ventas en el exterior (nada menos que un 80,6% entre 2003 y 2008). La mayor parte de estas ventas se concentra en la Zona Euro (58%), y especialmente en Francia y Alemania. El 99% de lo que se exporta son productos manufacturados, especialmente componentes de automoción, aceros, química básica, maquinaria, productos alimentarios, caucho y plásticos.

Con respecto a 2008, cabe destacar el salto exportador de la industria alimentaria (94,4 millones de euros más), la industria química (78,4 millones) y los productos de caucho y plástico  (60,2 millones), mientras que ha sido muy negativa la evolución que han tenido los de hierro y acero (–141,2 millones de euros), el material y equipamiento eléctrico (–100,1 millones) y la maquinaria (–93,2 millones).

La mayoría de las empresas industriales cántabras exportadoras venden en el exterior cifras muy pequeñas. En 2016, el 37,0% vendió menos de 5.000 euros y otro el 20,7% entre 5.000 y 25.000 euros, de forma que ese 57,8% solo aportan el 0,13% de las exportaciones.

En realidad, las exportaciones se concentran en las 57 empresas que venden fuera más de 5 millones de euros, y aportan el 87,1% del total. Si subimos un escalón más, se comprueba que las diez que venden más de 50 millones de euros originan el 54,1% de todo lo exportado por la industria regional.

La receta de la Estrategia Industrial 2030

A la vista de estas circunstancias, los objetivos que se proponen alcanzar los autores esta Estrategia Industrial de Cantabria hasta el 2030 son un aumento del Valor Añadido Bruto del 30%, descontando la inflación, alcanzar los 43.000 empleos industriales equivalentes a jornada completa (6.000 más de los que hay ahora) y minimizar los impactos de la actividad industrial en el medio ambiente.

Para conseguirlos, propone actuar en los siguientes ámbitos:

El sector metal-mecánico no ha evolucionado bien en los últimos años, pero sigue siendo estratégico.

Elevar la productividad de las empresas industriales, mediante una mayor dotación de intangibles; más formación de las personas que trabajan en ellas y una adecuada digitalización de los procesos.

También proponen consolidar la innovación como factor fundamental para que la industria cántabra aproveche las oportunidades de desarrollo existentes y combata las amenazas.

Otra directriz es elevar calidad de los empleos industriales y la cantidad de puestos de trabajo cuyo desempeño requiera un elevado nivel de formación, además de proseguir con la internacionalización de la industria cántabra, aumentando su presencia en cadenas de valor global.

Lo autores también sugieren activar el potencial de cooperación y actuación conjunta entre todos los agentes públicos y privados en torno a un objetivo de diferenciación productiva.

La última de estas recomendaciones genéricas es reducir las emisiones y vertidos industriales al medio ambiente, impulsando la economía circular y la implantción de procesos productivos bajos en carbono.

Estas medidas tendrían su mayor eficacia dentro de una estrategia de mucho más calado, sobre la que se viene hablando desde hace meses: una mayor integración con la estructura productiva del País Vasco, que los autores recomiendan y justifican por los servicios que ya están vinculados a la economía vecina. Una política de sinergias “donde se considere de forma compleja e inteligente tanto el desarrollo de la competitividad de las empresas cántabras como el desarrollo de iniciativas de cooperación de interés mutuo”. En este sentido, añaden “Cantabria dispone de un recurso valioso para esta metrópoli industrial vasco-cantábrica, como es el suelo para implantación de nuevos establecimientos”.

En informe también propone como factor acelerador una alianza estratégica con al menos una región europea de 1 a 2 millones de habitantes que disponga de buenas condiciones para la participación industrial y el desarrollo de servicios tecnológicos.

Además, recomienda apostar por una especialización inteligente, ya que sostiene que las políticas genéricas tienen muy pocas posibilidades de éxito, y que se debe propiciar un sistema de colaboración mutua entre empresas y de éstas con las administraciones y agentes de innovación, para alcanzar objetivos comunes.

Dentro de esta especialización inteligente, propone como sectores prioritarios el agroalimentario, la transformación metálica, el químico, la maquinaria y componentes de automoción, la biotecnología, la ingeniería marítima y las comunicaciones por satélite y radiofrecuencia.


Un clima enrarecido y un inesperado ganador del concurso

La presencia reiterada del ministro de Obras Públicas en Cantabria no solo no está aliviando el entendimiento entre el Gobierno cántabro y el central si no que está creando muchas más tensiones. De la Serna mete el dedo en el ojo del Ejecutivo cántabro siempre que tiene oportunidad y éste, a su vez, responde con la artillería a su alcance. Ya ha llevado a la Audiencia Nacional, como amenazó, la demanda para reclamar al Estado los 44 millones de euros que se comprometió documentalmente a pagar para acabar de financiar el edificio de hospitalización de Valdecilla, tras no recibir explicación alguna a su requerimiento formal reclamando estas cantidades que estaban presupuestadas en 2016 y 2017 (“es el único camino que nos queda”, han dicho).

Tampoco ha perdido la oportunidad de criticar la escasa eficacia de las actuaciones estatales en la región. En el debate parlamentario en el que se abordó la paralización que sufre el Subfluvial de Santoña, la vicepresidenta recordó que “es el tercer fracaso del Gobierno central en la región, después de la depuradora de Vuelta Ostrera, condenada a demolición, y el bitrasvase Ebro-Besaya, anulado también por los tribunales”.

En este clima, el que el presidente de la CEOE haya aceptado ir de la mano del ministro De la Serna en la búsqueda de un Plan Estratégico para el desarrollo de Cantabria no podía pasar inadvertido. El presidente de la CEOE cántabra justificaba esta extraña alianza, ya que el ministro no tiene competencias directas en la planificación económica de la región, en la supuesta inacción del Gobierno regional a la hora de planificar un futuro exitoso para la región.

La explicación no dejaba de resultar paradójica, ya que Vidal de la Peña ha sido el responsable de la Mesa creada por el Gobierno cántabro para establecer un Nuevo Patrón de Crecimiento, en la que también están los sindicatos y representantes del Ejecutivo, que debería recoger las ideas allí expuestas. El Gobierno no tardó en reflejar esta incongruencia, añadiendo que, si la Mesa no ha avanzado ha sido por “la inactividad” del propio Vidal de la Peña en ese foro, y ha rechazado que se encontrase con limitaciones presupuestarias: “El Gobierno ha puesto la financiación suficiente” y, a pesar de ello, Vidal de la Peña “no ha sido capaz de empujar y llevar a cabo el seguimiento del proyecto para poder avanzar”, dijo el consejero de Economía.

Un día antes de que previsiblemente fuese sustituido como ponente de esa Mesa, por impulsar desde CEOE otro plan alternativo, Vidal de la Peña dimitió de esa responsabilidad, “por una cuestión de coherencia”, dijo, aunque no ha dejado de pertenecer a esa Mesa, en la que también están los secretarios generales de UGT, Mariano Carmona, y CC OO, Carlos Sánchez.

En medio del rifirrafe pasó desapercibido el concurso del Gobierno para hacer un plan estratégico especialmente orientado al sector industrial, que se adjudicó el 28 de noviembre, en una cuantía sorprendentemente modesta, unos 30.000 euros, si se tienen en cuenta lo que costará el de la patronal, tres veces más. Este plan ha sido elaborado por una consultora sevillana, que ya tiene experiencia en trabajos parecidos y que ganó la licitación de forma inesperada ya que no había sido invitada al concurso convocado por el Gobierno, por el procedimiento negociado, dada la escasa cuantía. La empresa sevillana lo conoció por el Boletín de Cantabria y exigió participar. Su oferta (68 euros menos que la segunda más barata, la de Indra) fue, finalmente, la que ganó el concurso.


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