Un año crucial para el metal cántabro

En una región donde las empresas metalúrgicas son una parte sustancial de su tejido económico, el colapso de sectores a los que aprovisionan, como la construcción o la industria del automóvil, sólo podía acarrear una consecuencia en términos de empleo. Así lo demuestran las 4.445 personas procedentes de este sector que desde enero de 2009 engrosan los datos del paro regional. Pero, a pesar de que la crisis económica parece haber tocado fondo, los tímidos signos de reactivación puede que no lleguen a tiempo de impedir que esa cifra se multiplique en los próximos meses si los numerosos expedientes de regulación de empleo que optaron por la suspensión concluyen con una extinción de contratos.
Un peligro bastante real, a la vista de que a lo largo de este año se irán cumpliendo los plazos de finalización de muchos de los 112 EREs aprobados por la Dirección General de Trabajo en el sector del metal, y que la carga de pedidos sigue estando muy alejada de los niveles que las empresas necesitan para recuperar la normalidad.

2008, el peor año

Aunque la percepción de la crisis se agudizó en 2009, lo cierto es que el ajuste duro de empleo en las empresas del metal se había realizado en los meses precedentes. Los 2.740 parados que el INEM registraba en enero de 2008, se duplicaban en ese año, situando la cifra de desempleados del sector en 4.251 personas.
El recurso a los EREs de suspensión a lo largo de 2009 (el 80% de los 112 dictados lo son), frenó temporalmente esta destrucción de empleo, y en enero de 2010 la cifra apenas se había incrementado en doscientos parados más, situándose en 4.445. Al menos, en cuanto a paro contabilizado por las oficinas de empleo, porque lo cierto es que la cifra real, aunque difícil de cuantificar, es mucho más elevada, si tenemos en cuenta que los primeros en ser rescindidos fueron los trabajadores con contratos temporales que no generaban derechos de desempleo, así como los pertenecientes a empresas de Trabajo Temporal (ETTs).
La incertidumbre que ahora se cierne sobre los EREs a punto de concluir convierte en prematura cualquier estimación del impacto real que la crisis ha podido sobre las empresas del sector.
De los 112 expedientes presentados en 2009 por las empresas metalúrgicas, sólo doce fueron de extinción de contratos y afectaron a 148 trabajadores; en 21 EREs se optó por la reducción de jornada y en los 79 restantes por la suspensión, una medida que afecta a 7.983 trabajadores.
Intentar que esos expedientes no se resuelvan con la pérdida de más empleo es el reto que los sindicatos se plantean para los próximos meses, pero los insuficientes indicios de reactivación no se lo pondrán fácil.

Pedidos a corto plazo

Una de las mayores dificultades que están encontrando las empresas es la imposibilidad de planificar su actividad con plazos lo bastante largos como para calcular los recursos humanos que realmente precisan.
Los contratos de suministro, que antes se firmaban con varios meses de anticipación se han convertido en pedidos con sólo 15 días de antelación. Pero incluso en estos casos, la demanda que llega a cuentagotas no basta para sostener una plantilla que, a pesar de las ventajas de los EREs que permiten la suspensión de contratos –las empresas pueden enviar los trabajadores al desempleo, aunque deben seguir cotizando por ellos a la Seguridad Social–, continúa suponiendo un coste salarial. De ahí el temor de los sindicatos a que, en los próximos meses, la amenaza de más paro se convierta en una realidad.

Un convenio hasta 2012

El sector cuenta, al menos, con un importante elemento estabilizador. Después de más de un año de tensas negociaciones, las empresas del metal disponen de un convenio colectivo regional que asegura la paz laboral hasta 2012. Los empresarios saben a qué atenerse en cuanto a costes salariales y pueden planificar los dos próximos años.
La importancia de este convenio reside en que no son muchas las empresas cántabras que cuentan con un convenio propio. En concreto, son 34 las que acuerdan sus condiciones laborales y salariales en el seno de la propia empresa, por lo que el grueso de los aproximadamente 25.000 trabajadores de la metalurgia que hay en la comunidad autónoma se rigen por el convenio regional.

Incertidumbre en todos los subsectores

Las noticias puntuales que llegan sobre la reactivación de algunas firmas no bastan para despejar las sombras sobre la industria del metal.
Las empresas auxiliares de los astilleros esperan que llegue desde Gijón un barco para ser remodelado en Astander, aunque la calderería naval cántabra hace tiempo que está acostumbrada a buscar su carga de trabajo fuera de la región.
Tampoco en la industria auxiliar del automóvil se detectan signos de revitalización, a pesar de que las cabezas tractoras del sector, como Nissan o Bosch Treto, no han recurrido a un ERE. Sí se han visto obligadas a hacerlo muchas de las subcontratas que trabajan para las grandes fábricas. Al menos, la reactivación de la industria alemana de automoción ha tirado, en lo que llevamos de año, de algunas empresas locales, como Edscha o Industrias Jacinto Herrero.
En la siderurgia, Sidenor emite señales positivas con la llegada de pedidos y la puesta en marcha del tren de laminación, y Global Steel se defiende gracias al profundo cambio que se hizo en la etapa de Ignacio Colmenares, que reorientó la fundición hacia productos de mayor valor añadido. Ferroatlántica también ha recobrado el pulso con tres de sus cuatro hornos ya encendidos, después de una etapa en la que se vio precisada a plantear una regulación de empleo.
De la recuperación de empresas como éstas depende la suerte de muchas pymes en Cantabria. Como las que se dedican a tareas de mantenimiento industrial, que ha sido una de las actividades que más ha sufrido el recorte de gastos de las empresas, salvo en casos muy especializados. En ayuda de estas firmas de mantenimiento han venido otros sectores industriales que han soportado mejor el embate de la crisis, como el alimentario. Pero su espacio natural, el tradicional sector del metal, del que tanto empleo depende en Cantabria, aún espera que los ‘brotes verdes’ sean algo más que un deseo voluntarista.