Luces y sombras de la nueva Ley integral del Agua
Cerca de 300 millones de euros separan a Cantabria del saneamiento de todo su territorio. Son los que se invertirán en el Plan de obras previstas por el Ejecutivo regional y que comenzará a aplicarse el año próximo.
Un proceso, el de la depuración de aguas residuales, que comenzó, de manera bastante tardía, en el año 2001, con la inauguración de la EDAR de San Román, con la que se empezaron a sanear las aguas que se vertían a la bahía de Santander. Que prosiguió con la apertura de la controvertida Depuradora de Vuelta Ostrera, sobre la que continúa pesando una sentencia de demolición, y que tendrá su siguiente hito en la EDAR de San Pantaleón, cerca de las Marismas de Santoña, cuando entre en servicio el mes próximo, casi ocho años después de finalizar su construcción.
Pero 2015 será también el año en el que comience a aplicarse una ley en la que, por primera vez, en Cantabria, se regula de manera conjunta el saneamiento y el abastecimiento de agua, lo que supone que el ciclo del agua se contempla de manera integral.
El Gobierno del Partido Popular ha presentado la ley como una de las de más contenido social entre las aprobadas en Cantabria, basándose en dos aspectos: que nadie podrá ser privado de un recurso tan básico como es el agua, aunque no pueda pagarla, y en el establecimiento de bonificaciones en el canon de saneamiento para las familias con rentas más bajas.
Pero plantea otras cuestiones más discutibles, como la extensión del canon a toda la población, incluso a los núcleos que hasta ahora estaban exentos por no estar conectados a la red de saneamiento. Es decir que se les cobrará aunque no se les esté prestando el servicio. Se rompe así un consenso, mantenido desde la anterior Ley de 2002, y el canon de saneamiento, en vez de responder a los costes de la depuración de aguas residuales, vuelve al principio genérico de que quien contamina paga, se depure o no.
Para socialistas y regionalistas tras esta decisión se encuentra la necesidad del Partido Popular de recaudar los tres millones de euros que supondrá la aplicación universal del canon para las arcas públicas. Algo que también explicaría que, contradiciendo su promesa electoral, el PP no solo no haya bajado el canon de saneamiento, sino que haya seguido incrementándolo de una forma exponencial, si se tiene en cuenta la casi nula evolución del IPC.
Decisión discrecional
Las críticas de la oposición por esa ampliación del pago a todos los núcleos de población llevó al Grupo Parlamentario Popular a incluir una enmienda en la que se facultaba al Gobierno para excluir del canon, mediante un decreto, a aquellos domicilios que no estén conectados a los sistemas de saneamiento. Una facultad discrecional que no satisface al PSOE ni al PRC, para quienes hubiese sido más justo que se mantuviera la exención que se venía aplicando a esos núcleos con carácter general.
En Cantabria quedan 34 ayuntamientos rurales y 275 núcleos de población situados en otros 40 municipios a los que todavía no ha llegado la red de saneamiento. En total, 900 núcleos en los que viven cerca de 62.000 personas que no disponen de redes de saneamiento. “Estamos hablando de unas zonas aisladas –señala el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Angel Palacio– a las que ya les cuesta mucho recibir el resto de los servicios, los educativos, los sanitarios, los culturales; si además de eso les hacemos pagar el saneamiento, es una injusticia”.
Lo que sí existe es un Plan –aunque con fechas de ejecución inciertas, puesto que dependerá de los recursos y de las prioridades que el Ejecutivo de turno establezca en cada momento–, para extender las red de saneamiento a todos esos núcleos. Allí donde esto no sea posible, la Consejería prevé construir pequeñas depuradoras sin consumo energético e instalaciones basadas en sistemas de fitorremediación (usando plantas y algas). La ley llega a considerar las fosas sépticas como parte de la red primaria de saneamiento y establecer que sea la empresa pública MARE la que asuma los costes de tratamiento y control de estos residuos, así como su limpieza y el transporte. El objetivo último es que la totalidad de la población de Cantabria cuente con servicios de saneamiento, que actualmente llegan al 92% de los habitantes.
El Plan, que también incluye el abastecimiento de agua, contempla la inversión de cerca de 300 millones de euros, íntegramente financiados por la comunidad autónoma, repartidos en unas 1.500 obras pactadas con los ayuntamientos, pero que no ha sido presentado ni debatido en el Parlamento como se hace, por ejemplo, con el Plan de Carreteras. Y no porque no estuviese ya completamente redactado al aprobar la Ley, porque fue publicado en el Boletín Oficial el pasado mes de julio, cuatro meses antes de que se debatiese y aprobase la Ley de Abastecimiento y Saneamiento que el Plan viene a desarrollar.
Un derecho básico
Una de las novedades más destacables de la nueva Ley es la de impedir que se pueda cortar el agua a familias que no puedan pagarla. Cantabria se pone así a la cabeza de las autonomías en el reconocimiento del acceso al agua como un derecho básico. Dice la nueva norma que las familias de rentas bajas tendrán garantizado al menos 100 litros por habitante y día. Una cifra que no deja de ser solo indicativa porque no existen sistemas capaces de controlar que solo se suministren esos cien litros diarios. Lo lógico hubiese sido limitarse a establecer que no se pueda cortar el agua, aunque se pueda exigir la deuda.
La bonificación en el canon de saneamiento a las familias con rentas más bajas es la otra medida social que introduce la nueva ley. En ella se establece que quedan exentos de la parte fija del canon los hogares con rentas inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Y en la parte variable, la exención podrá llegar al 60%, en función del número de personas que vivan en el hogar.
Lo cierto es que, trasladado a cifras concretas, el ahorro no es demasiado significativo. Sirva de ejemplo el cálculo hecho por el portavoz socialista, según el cual una vivienda que tenga un consumo de 18 metros cúbicos de agua y un recibo trimestral de 55 euros (que incluye el agua, el canon de saneamiento y la recogida de basura), se podría ahorrar, con la máxima exención, 6,5 euros de la cuota fija del canon y 5,3 euros de la parte variable. Es decir, 11,8 euros al trimestre.
Y puestos a establecer bonificaciones, ¿por qué no hacerlo también con las empresas en crisis? Este fue el sentido de una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que no prosperó, en la que se proponía autorizar al Gobierno a rebajar temporalmente el canon a las empresas en crisis en tanto durase esa circunstancia.
Uno de los aspectos de la Ley que más preocupa al PRC es la atribución de obligaciones en materia de saneamiento a los ayuntamientos rurales. La nueva norma declara de interés de la comunidad autónoma las estaciones depuradoras de aguas residuales que formen parte de aglomeraciones urbanas, mientras que la depuración de los núcleos que cuenten con menos de 25 habitantes, pasa a ser responsabilidad de los ayuntamientos. Los costes y las sanciones que su incumplimiento puede acarrear ha generado, según el PRC, mucha inquietud entre los ayuntamientos afectados. Es cierto que el Plan de Obras contempla la financiación por la comunidad de las instalaciones para la depuración de estos pequeños núcleos, pero sin ninguna certeza en las fechas de realización.
Un canon al alza
A pesar de sus promesas electorales y de convertirlo en un elemento de confrontación con el anterior Gobierno, el Partido Popular no solo no ha reducido el canon de saneamiento, sino que lo ha subido un 78% en lo que va de legislatura. El alza imparable se inició en 2010 cuando, para dar cumplimiento a una directiva europea que exigía acercar el coste del servicio a lo recaudado, el Gobierno PRC-PSOE tomó la decisión de iniciar una subida que, prolongada después por el PP, ha supuesto un aumento del 370% en tres años. Aún así, lo recaudado en 2013 por canon de saneamiento apenas fue la mitad de lo necesario para mantener el servicio de saneamiento: 15,5 millones de euros para unos costes que se elevaron a 31,6 millones de euros. Este déficit de 16 millones de euros por la gestión de una red en la que aún se necesitan más inversiones, invita a pensar que las subidas del canon siguen aún lejos de tocar techo.
