Una privatización muy saneada

Si todo transcurre como hasta ahora, el adjudicatario de la concesión del servicio de aguas de Santander para los próximos 25 años podrá obtener de entre 40 y 100 millones de euros, menos lo que ofrezca pagar al Ayuntamiento en concepto de canon. Pero si lo hace mejor de lo que lo está haciendo el propio Ayuntamiento (que, en su opinión, lo gestiona francamente mal) puede mejorar bastante estas cifras.
El negocio es tentador tanto para la iniciativa privada como para la actual Corporación, que necesita dinero urgentemente. El adjudicatario tendrá que pagar un fuerte canon inicial y eso servirá para desahogar un poco las exhaustas arcas municipales. En el propio documento de privatización, elaborado por una comisión interna, se valora como la principal ventaja que el Ayuntamiento puede sacar de la venta. También recibirá un canon anual, que teóricamente se dedicará a mejorar la red de distribución y saneamiento, pero a cambio, el Ayuntamiento ya no podrá quedarse con los superávits que ahora obtiene el Servicio de Aguas (casi cuatro millones de euros este año).
Aunque el razonamiento técnico para justificar la privatización insiste en que este servicio no genera cash flow suficiente para mejorar las canalizaciones de agua y residuos, lo cierto es que es un buen negocio. En el último año ingresó 12,3 millones de euros y sus gastos han sido de sólo 8,57.
La evolución futura no va a ser muy distinta, puesto que el Ayuntamiento le garantiza al adjudicatario subidas anuales de las tarifas de agua y saneamiento iguales al IPC.

Antigüedad y escasez

El abastecimiento de aguas a Santander no es precisamente reciente. Muchas de sus infraestructuras tienen más de cien años, pero lo cierto es que sus ingenieros hicieron un buen trabajo. A pesar de que el Ayuntamiento de la capital apenas ha realizado inversiones en los últimos años, la red ha mantenido una condiciones de suministro aceptables.
El agua procede de las captaciones de La Molina, en pleno valle de Toranzo, a 49 kilómetros de la capital, que aprovechan un conjunto de manantiales y siete pozos profundos de donde se extrae por bombeo. La explotación intensiva de estos pozos no sólo agota el caudal del Pas muchos veranos, sino que extingue el río a lo largo de varios kilómetros, lo que provoca problemas de abastecimiento para los ribereños y una situación ecológica grave. El agua que allí se obtiene llega por bombeo hasta la estación de tratamiento de El Tojo, en Camargo, donde se elimina primero la turbiedad y el color y posteriormente se esteriliza a un ritmo de 1.500 litros por segundo.

El Ayuntamiento reconoce que hay barrios sin sanear

En El Tojo hay un depósito de cabecera, con tres cuencos en los que caben 16.000 m3. Desde allí el agua se envía a Santander por una triple conducción de tuberías de casi diez kilómetros. La recepción y almacenamiento se realiza en cinco depósitos urbanos, emplazados en las cotas más altas de la ciudad para permitir la distribución por gravedad. Dos de ellos (Pronillo y Avellano) tienen 16.000 m3 de capacidad y los tres restantes (MacMahón, Atalaya y Arna) sólo suman 6.300 m3.
El agua se distribuye a los domicilios a través de una red variopinta que suma 350 kilómetros, realizada en todo tipo de materiales y diámetros, y cuyo estado general es bastante precario.
El alcantarillado es una red complementaria de 250 kilómetros, con doce estaciones de bombeo de aguas residuales, algunas de ellas en construcción, cuya conservación tampoco es demasiado buena.
El Ayuntamiento manifiesta en el documento de privatización que apenas invierte en ambas, algo que probablemente no hubiese reconocido nunca de no tener que justificar la conveniencia de entregar la gestión a una empresa privada. Y admite también que lo que invierte es gracias a los fondos de la UE y del Gobierno regional. En concreto, ahora se está tendiendo la nueva arteria de abastecimiento a San Román, para poder atender el crecimiento inmobiliario de esta zona, y por fin se está realizando el colector del Barrio San Martín y Primero de Mayo, donde, a pesar de la enorme cantidad de viviendas construidas en la zona, la imprevisión municipal ha hecho que una gran parte de los vertidos vayan, sin depurar, directamente a la ría de Raos.
El Ayuntamiento también está tratando de resolver ahora el saneamiento de varios pueblos del municipio, donde también admite que muchos de los vertidos van a arroyos y sumideros, algo que no coincide con la tesis oficial mantenida anteriormente que se vanagloriaba de haber resuelto definitivamente el problema con las obras del saneamiento de la Bahía.
El 80% del gasto realizado en estas obras de infraestructura lo ha pagado la Unión Europea con fondos de cohesión, y ese hecho es utilizado por el Ayuntamiento para anunciar que, una vez concluya en 2007 la posibilidad de acceder a estos fondos, no tendrá posibilidad económica real de seguir realizando mejoras en el servicio de aguas.
No obstante, las cifras indican que el servicio no sólo no es deficitario, sino que genera un excedente anual –de cuyo destino no se da cuenta– que podría ser utilizado en la financiación de estas obras.
En realidad, el precio del agua es una tasa que debe financiar el coste real. El hecho de que los ingresos superen notoriamente a los gastos, como ocurre en Santander, es achacado por la oposición socialista al establecimiento de un consumo mínimo excesivamente alto (40 m3) que muchos vecinos han de pagar sin llegar a consumir.

Los precios del agua

Los vecinos abonan el agua en recibos trimestrales. Para quienes gastan menos de 40 m3, la tarifa es de 13,23 euros. Por cada metro cúbico más, el precio es de 0,48 euros (80 pesetas) para las familias y de 0,53 (88 pesetas) para los restantes usuarios.
La tasa de alcantarillado también se calcula por el consumo de agua. La mínima (que se corresponde con los 40 m3 de agua) se tarifa en 5,98 euros (mil pesetas) y en 8,08 para usos no domésticos. Siempre que se sobrepasen los consumos de agua mínimos, el metro cúbico de vertido cuesta a 0,26 euros (43 pesetas) y 0.32 (53 pesetas) respectivamente.
De esta forma, una familia media, que consume 90 metros cúbicos al trimestre, ha de pagar 37,23 euros por suministro de agua en cada recibo y 13,98 por el vertido. En total, algo más de 56 euros.
El concesionario se encontrará con una plantilla de 130 trabajadores (no se especifica si debe conservarlos todos) y abonar complementos de pensiones a 47 personas. Lo que sí es seguro es que, por el momento, deberá respetar el contrato de reparación de averías que el Semas tiene con la empresa Emilio Bolado hasta agosto del 2005 y el de lectura de contadores con Incatema, pero también de este compromiso puede desprenderse con facilidad si prefiere hacerlo con sus propios medios, ya que vence en enero de 2006.

Contadores que no se leen

En la actualidad, hay en servicio 74.714 contadores domésticos y 8.208 de otro tipo. Una décima parte del total no se mueven prácticamente, de lo que se deduce que son viviendas no habitadas, que sólo se utilizan en verano o, simplemente, que los aparatos no funcionan, eventualidad que el Ayuntamiento admite como posible.
El informe municipal realizado para justificar la entrega del servicio a una empresa lógicamente no pone paños calientes a la situación, dado que trata de demostrar que no se puede seguir así. Pero sólo lo consigue a medias, ya que todos los argumentos se resumen en que la gestión privada será más eficaz.
Para justificarlo, desvela todas las deficiencias del Servicio de Aguas. La primera de ellas es la insuficiencia de las infraestructuras hidráulicas y, sobre todo, la necesidad imperiosa de erradicar todos los vertidos residuales que siguen sin canalizarse y, por tanto, sin tratar.

Reparaciones: Sólo las que compensan

Además, admite sin reservas que, en los saneamientos, apena ha realizado más inversiones de reposición que las inevitables por roturas de tuberías o inundaciones. En el caso de los abastecimientos, el Ayuntamiento tampoco ha sido muy generoso en los gastos. Por ejemplo, advierte que apenas ha prestado atención a reducir las fugas (sólo se actúa si son tan voluminosas que repararlas resulta más rentable que seguir dejando fluir el agua).
La situación podría ser entendible en una red moderna, con pocas pérdidas, pero cabe sospechar que eso no es lo que ocurre en Santander, ya que el propio Ayuntamiento confiesa que buena parte de su red de abastecimiento domiciliario es centenaria. Ni siquiera hay un procedimiento para la detección de fugas. Sólo se conocen aquellas que afloran a la superficie. Tampoco existe un sistema de información geográfica, con una cartografía exacta de la red (el trabajo se empezó, pero se abandonó), y los sistemas de telemando de centros de captación y depósitos están en mantillas, lo que obliga a tener más personal de lo necesario, sobre todo en verano.
El Ayuntamiento también admite sin reservas que no tiene recursos para controlar los vertidos que se realizan a la red de alcantarillado y que sólo se actúa “en función de los incidentes que se van produciendo”.
Puestos a desnudarse, el informe municipal admite que de los 444.884 contadores que controla la empresa externa Incatema, se obtiene una tasa de lecturas del 95%, mientras que en los 45.875 que siguen siendo responsabilidad de los trabajadores del Semas, el porcentaje de lecturas es sólo del 81%. Eso no quiere decir que no se cobre ese agua (se aplican, por defecto, los datos de consumo anteriores), pero al Ayuntamiento le sirve para deducir que “la gestión actual provoca una rentabilidad económica inferior a la que se podría conseguir por vía privada”.

Dinero fresco

La comisión municipal que se ha encargado de justificar la privatización de la gestión propone el sistema de concesión (transferencia de la gestión a una empresa privada) a cambio de cederle la recaudación de los recibos por suministro de agua y saneamiento, además de los derechos de acometida y los de alquiler de contadores. No obstante, a pesar de recomendarlo, admite que esta fórmula “no soluciona el problema que plantea la evidente necesidad de financiación para futuras inversiones” y que si la empresa se endeuda, la deuda formará parte del Ayuntamiento.
En realidad, el único argumento de peso entre los que cita para decantarse por la privatización de la gestión es que el Ayuntamiento recibirá un importante canon inicial, y con ese dinero puede hacer obras en la ciudad. Curiosamente, no menciona la posibilidad de acometer con este canon las actuaciones hidráulicas que considera tan necesarias en su prolija explicación anterior. Esas las remite al largo plazo, ya que se irían sufragando con cargo al canon anual que pague la empresa, lo que resulta poco entendible, ya que será previsiblemente inferior al rendimiento neto que el Servicio obtiene ahora en cada ejercicio.