Una asamblea general marcada por la frustración

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Si los excavadores esperaban del presidente regional, Ignacio Diego, algo más que palabras de comprensión ante la situación por la que atraviesan sus empresas, que se están jugando literalmente la supervivencia, debieron sentirse muy desalentados. Pero la presencia de Diego ante la menguada asamblea de AEXCA, que celebraba su reunión anual, fue al menos un gesto de gallardía política habida cuenta de que acudía a ella con las manos vacías o casi.
A las dramáticas cifras sobre la caída de la licitación que le expusieron los excavadores –un 89% en Cantabria en el inicio del año–, el presidente regional contrapuso otra dramática realidad, la de una región atenazada por el déficit y sin apenas capacidad para endeudarse, y en la que los ingresos públicos han descendido desde los 2.200 millones que se recaudaban en el año 2007, a los 1.853 millones del pasado año. Pero gobernar, aunque el margen de actuación sea muy estrecho, es también una cuestión de prioridades, y los excavadores han reclamado la atención que merece un sector básico en la creación de empleo en zonas donde, además, no hay muchas alternativas, como son las rurales.

Un agravio comparativo

Frente al impacto de noticias de continuos reveses industriales, como la marcha parcial de Teka a Turquía, los despidos en B3 Cable o el fracaso de Haulotte, la empresas de excavación agonizan sin que su situación sea motivo de alarma para la Administración cántabra cuando, como puso de manifiesto el presidente de AEXCA, Antonio García-Rivero, en su intervención, “entre los asistentes a la asamblea y las empresas que por desgracia ya han desaparecido, suman más despidos que las tres industrias mencionadas y nadie se ha acordado de ellos ni de sus trabajadores, que tenían un puesto de trabajo tan digno como el de esas industrias”.
A esa indiferencia, a la que quizá han dado pie los propios excavadores con su discreción –aunque han sido los únicos en quejarse públicamente de los recortes en obra pública– se suma el hecho de que apenas se han notado en este sector las medidas para facilitar la financiación puestas en marcha a través de organismos como Sogarca o el ICAF. Incluso ha habido algún caso en que los avales negados por Sogarca a una firma excavadora, le han sido concedidos después por la banca privada, algo que el propio Diego prometió investigar.
Tampoco le están llegado a los excavadores los préstamos y avales del ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas), cuando sí lo hacen a proyectos industriales, como el de la firma belga que va a instalarse en una de las naves de Teka, a cambio de quedarse con parte de su personal. Aquí la divisoria para acceder o no a esos préstamos la marcó Diego en la creación de empleo, como si el esfuerzo por mantener los puestos de trabajo y no incrementar el abultado paro de la región no mereciera también algún apoyo.
Si el Gobierno cántabro precisa de interlocutores adecuados para afrontar la difícil situación económica que atraviesa Cantabria, no cabe duda de que la asociación que agrupa a los excavadores es la que mejor conoce su sector. De ahí que García-Rivero haya instado a Ignacio Diego a poner en marcha cuanto antes la mesa sobre la obra pública ya acordada.
La gran incógnita es saber si se podrá contar a corto y medio plazo con la reactivación de algunas de las obras públicas que Fomento tiene paralizadas en Cantabria, y tampoco aquí caben muchas esperanzas.

Compás de espera en la A8

La conclusión de la Autovía del Cantábrico (la A8), entre Solares y Torrelavega continua siendo la máxima prioridad para los excavadores y para el propio Gobierno cántabro, que ha pedido a la ministra Ana Pastor que retome las obras cuanto antes. Pero la seguridad de que eso se vaya a hacer no acaba de llegar. Al menos existe un resquicio de esperanza en el hecho de que los contratos con las empresas que ejecutaban la obra no se han rescindido, como ha ocurrido en las obras de Los Tornos y San Glorio.
Diego subrayó que, al margen de esas obras ya iniciadas, se necesitan proyectos, tramitados y aprobados que ofrecer a Fomento para que puedan ser licitados cuando haya recursos.
A falta de impulso en la obra pública financiada por la Administración central, los excavadores cántabros y las empresas del sector han de contentarse con la escasa contratación que va a hacer el Gobierno de Cantabria. Diego anunció que se están acelerando las tramitaciones para que, entre abril y junio, se pueda adjudicar toda la obra pública que recogen los Presupuestos regionales de 2012.
El presidente cántabro apuntó también a otras iniciativas que a medio plazo podrían generar carga de trabajo para el sector, como la autorización para construir casas unifamiliares en suelo rústico, las modificaciones en la Ley del Suelo y la futura Ley de la Vivienda. También habló del efecto derivado del impulso a la rehabilitación, la puesta en marcha de varios polígonos proyectados, o los planes forestal y turístico, este último basado en el reclamo de nuevos campos de golf.
El presidente regional puso especial énfasis en el impacto que puede tener para reactivar la economía el pago de lo que las Administraciones adeudan a sus proveedores. Según sus cálculos, esta primavera pueden revertir a las empresas cántabras cerca de 200 millones de euros, entre los abonos por gastos sanitarios y el pago de los ayuntamientos a las empresa locales, aunque el destinatario último de buena parte de ese dinero sean los bancos. “Yo veo un horizonte y creo que hay para un poco más de optimismo”, afirmó Diego al concluir su intervención ante la asamblea de excavadores para quienes, según dijo su presidente, Antonio García-Rivero “nuestro horizonte está ahora mismo en el 1 de abril: hay que pagar nóminas, estamos sin facturar y no tenemos financiación”.

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