Prevención

De vuelta de las vacaciones nos encontramos con el dato negativo de la siniestralidad laboral. Lejos de remitir, continúa en unos niveles considerados inaceptables para un país desarrollado como el nuestro.
El análisis pesimista de los datos de los accidentes y enfermedades profesionales se debe realizar desde las grandes expectativas generadas con la promulgación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y con el Reglamento de 1997. Se pensó entonces que el problema de la siniestralidad laboral podría solucionarse con una normativa que obligara a su cumplimiento y, a su vez, ir creando una cultura prevencionista de la cual carecía nuestra sociedad laboral, tanto empresarios como trabajadores.
Llegados a este punto podemos reflexionar sobre el verdadero alcance de los objetivos buscados y aquellos que finalmente se están logrando. El fin último, reducir la tasa de siniestros a unos niveles mínimos y comparables a nuestro entorno socioeconómico, aún estamos lejos de conseguirlo, a pesar de llevar varios años destinando una cantidad enorme de esfuerzos y de recursos. Entonces, ¿en qué nos estamos equivocando?
No sería justo centrar el análisis crítico sobre ningún factor concreto e individualizado porque todos tenemos alguna responsabilidad y porque no hay nadie que no esté mejorando en su ámbito de actuación. Lo que ocurre es que, de los cuatro factores intervinientes, empresarios, trabajadores, administraciones y servicios de prevención, tan solo hay uno que realmente tiene capacidad de gestión real y controladora sobre la situación y sobre los demás: la Administración. Ya en su origen nos mandó a la guerra contra la siniestralidad sin darnos armas o instrumentos en forma de recursos técnicos y humanos. Los criterios de acreditación de los Servicios de Prevención Ajenos no han sido homogéneos en el conjunto del territorio nacional, ni tampoco los criterios en la aplicación de la normativa, etc.
Conocemos la preocupación que la Administración tiene ante la falta de recursos para la ingente labor de control y supervisión del cumplimiento de la normativa. Posiblemente sea necesario plantear, a quienes tienen posibilidades de cambiar la situación actual, un giro que, respetando el espíritu de la normativa, cambie aquello que se sabe ya que no es operativo ni razonable en la implantación de la Ley de Prevención. Del mismo modo podríamos potenciar los programas de ayudas a las empresas que, a corto plazo, no ven la prevención como una inversión, sino como un costo añadido
Cuanto antes pongamos en práctica estas recomendaciones más posibilidades habrá de evitar que coincida su implantación con una recesión económica que ya nos acecha y que supondría para los empresarios una preocupación de primer orden. Quien tiene la responsabilidad ha de ser consciente de los errores o de las correcciones necesarias y eso conviene realizarlo cuanto antes para impulsar la prevención.