La recaudación de los impuestos vinculados a la vivienda cae un 50%

Ni siquiera será suficiente con este tijeretazo en los Presupuestos. Después de media década de superávits presupuestarios, el Gobierno cántabro se enfrenta a la certeza de que este ejercicio va a concluir con déficit. Una circunstancia que ya parecía olvidada pero que no alarma excesivamente, al entender que, antes o después, era inevitable y el problema es solo coyuntural, como consecuencia de la recesión económica, que se ha dejado sentir mucho más claro en los impuestos cedidos que en los que gestiona exclusivamente el Estado.
Por el momento, el comportamiento de los impuestos estatales en Cantabria es bueno en Renta y espectacular en Sociedades, aunque en este gravamen el enorme peso del Banco Santander, cuya contribución anual por Sociedad supera en cuantía al Presupuesto de Cantabria, hace que la cifra no sea representativa de lo que ocurre con las empresas de la región. Eso puede explicar la paradoja de que la recaudación por IVA, en cambio, presente un descenso superior a la media nacional, lo que puede indicar que, en realidad, el consumo interno ha sufrido un frenazo en seco.
La consecuencias del descenso en la recaudación de los impuestos cedidos a la autonomía ya se han dejado notar. En el Consejo de Gobierno del 26 de junio, la vicepresidenta regional reconocía que el conjunto de los ingresos públicos ha caído en un 5% (la reducción de la recaudación por vivienda está atemperada por la participación en los ingresos del Estado) y anunció varias medidas para contener el gasto público. Después de varios años de acrecentar las plantillas más de un 10% de promedio, la administración regional se conformará con la mera reposición de las bajas.

Los primeros indicios

El pasado mes de octubre la agencia de calificación Standard & Poors advertía que el gasto de las comunidades autónomas no podría seguir creciendo al mismo ritmo que en los años anteriores, porque no había forma de hacer crecer los ingresos en la misma proporción y, además, las nuevas competencias sanitarias y sociales de la Ley de Dependencia se iban a convertir en grandes devoradoras de recursos. Pero aún en ese momento no se atisbaba la importancia del parón inmobiliario. La agencia estimaba que si se producía un descenso moderado de las ventas de viviendas, las autonomías perderían un 37% de los 11.400 millones de euros que obtienen por esta vía, nada menos que 4.200 millones, y si la crisis era significativa, los ingresos caerían a la mitad.
El propio Gobierno cántabro debió ser consciente de que el ciclo se agotaba, dado que en los Presupuestos para 2008 ya reducía, por primera vez en mucho tiempo, las expectativas de recaudación en Transmisiones y en Actos Jurídicos Documentados en más de un 9%, un porcentaje significativo pero que va a ser muy inferior al real.

Una cascada de impuestos

El parón del mercado inmobiliario no afecta sólo a los promotores, que venden menos viviendas, a los constructores, que se quedan sin trabajo o a los fabricantes de ladrillos, tejas, cristales y muebles, que ven tambalearse su actividad. También afecta a las administraciones públicas, que sacan un extraordinario rendimiento de la vivienda, en todas sus fases, desde que el promotor adquiere una parcela hasta que vende el piso terminado.
El proceso es largo y quizá por ese motivo se pierde la visión del conjunto, pero lo cierto es que el adquirente de la parcela ya ha de pagar el impuesto de transmisiones o el IVA y el vendedor abona tributos por la plusvalía que ha obtenido. Como el promotor por lo general pide un crédito, tiene que pagar dos veces el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (1%), en la escrituración de la parcela y en el préstamo hipotecario. Más tarde, ha de volver a pagarlo con las escrituras de segregación de la parcela, con las de obra nueva y con las de división horizontal, además de la licencia de obras al Ayuntamiento…
Finalmente, cuando llega el momento de la venta, el comprador abona un 7% sobre el valor de la vivienda como Impuesto sobre Transmisiones y un 1% más al hacer las escrituras. Como lo normal es que también tenga que escriturar la subrogación del préstamo hipotecario del promotor o uno nuevo, ha de añadir otra vez Actos Jurídicos.
El arrastre fiscal de cada una de las fases sobre la siguiente hacen que al final, los impuestos regionales o locales supongan cerca del 20% del precio que le cuesta la vivienda a quien va a vivir en ella. Y en un negocio que en Cantabria facturaba más de 1.100 millones de euros, eso es mucho dinero.
El primer beneficiario es la autonomía, que grava la vivienda con el Impuesto sobre Transmisiones y con el de Actos Jurídicos Documentados. En solo cinco años, la recaudación por ambos impuestos (que en gran parte están vinculados a la vivienda) pasó de 93 millones de euros a los más de 284 previstos para 2007, tres veces más. Como es obvio, resultaba muy difícil mantener en el tiempo una tendencia semejante y, de hecho, se ha cortado bruscamente. La recaudación se quedará en poco más de la mitad.

Los ayuntamientos, aún peor

Los ayuntamientos no se quedan a la zaga a la hora de aprovecharse de la vivienda, puesto que además de un sinnúmero de tasas, recaudan por la licencia de obras, por el incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Si a esto le sumamos el IBI, que obviamente crece más o menos rápido en función del número de viviendas que se venden, el resultado es que el 46% de todos los ingresos que obtienen los ayuntamientos españoles provienen de la vivienda, sin incluir el valor de las cesiones de suelo obligatorias que obtienen de los promotores. Es evidente, por tanto, que cuando la vivienda se constipa, los ayuntamientos pueden coger una pulmonía.
Escasos de una financiación suficiente, los ayuntamientos se han convertido de esta forma en los principales impulsores de la especulación urbanística. Cuanto más se construía y más aumentaba el valor de las viviendas, más recaudaban. Cuanta más densidad de edificación concedían al promotor, más negocio para ambos.
La política fiscal de los últimos años ha contribuido a agravar el problema. La decisión del PP de suprimir el Impuesto sobre Actividades Económica (IAE) para la mayoría de las empresas sin sustituirlo por otro, obligó a los ayuntamientos a depender aún más de la vivienda y a recurrir a subterfugios para gravarla indirectamente, como las subidas del IBI, un impuesto en el que también se han refugiado algunas subidas de la tasa de basura y alcantarillado, más fáciles de camuflar por esta vía. Así cabe entender que en quince años el IBI haya pasado de recaudar 1.700 millones de euros en España a 6.700, mientras los ayuntamientos tratan de convencer a los vecinos, año tras año, de que únicamente aplican la tasa de inflación. La realidad es que la Ley de Haciendas Locales fija el 0,4% como tipo general sobre el valor catastral para la antigua contribución y 76 ayuntamientos de Cantabria (nada menos que tres de cada cuatro) aplican un tipo superior.

Las pretensiones de Cantabria

La Administración cántabra, aparentemente, va a mantener una buena salud financiera gracias a su participación en los impuestos estatales del IVA y la Renta de las Personas Físicas, que aún mantienen un comportamiento brillante y, dado que Cantabria es la que recibe más recursos por habitante, en teoría, debiera ser la menos interesada en que cambie el sistema de financiación autonómica. Pero, a pesar de eso, la cuantía se ha quedado pequeña. El disparado costo de la sanidad regional y las nuevas prestaciones de la Ley de Dependencia conducen inevitablemente al déficit, incluso en el caso de que los impuestos cedidos vinculados a la vivienda mantuviesen el mismo nivel de ingresos, y el Gobierno es consciente de ello. Claro que el problema no es muy distinto en otras comunidades y todas ellas reclaman más al Estado.
La cifra no está definida, pero Cantabria entiende que el hecho de ser una comunidad uniprovincial y con poca población provoca un sobrecoste de un 20% en los servicios que presta y en el nuevo modelo de financiación autonómica va a pedir ese porcentaje sobre la media aritmética que debiera corresponderle. Defender esta tesis no será fácil, dado que todas las autonomías ponen sobre la mesa aquellas singularidades que justifican sus pretensiones (insularidad, dispersión de la población, bajo PIB, etc.) y desvalorizan las que no les convienen para el cálculo. Agudo, en cualquier caso juega con dos bazas evidentes: Cantabria tiene un voto a la hora de fijar el modelo definitivo, lo mismo que Cataluña o el País Vasco, aunque su población y su peso económico sea muy inferior, y lo va a defender con uñas y dientes, consciente de que el Gobierno de Madrid busca un acuerdo por unanimidad. La otra baza es tan pragmática como la primera: es mucho más barato satisfacer las pretensiones de una comunidad tan pequeña, y retirarla del terreno del campo del “no”, que las de Cataluña o Andalucía. “Lo nuestro puede suponer 300 millones de euros más, mientras que lo de otros, con las mismas pretensiones, pueden ser 3.000 y esa es la diferencia”, reconoce un participante en las negociaciones.

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