La Certificación Energética se devalúa

Las expectativas que había originado la acreditación energética de los inmuebles no se están cumpliendo y los arquitectos técnicos creen que, en buena medida, es por no haber sabido trasladar a los usuarios sobre la importancia de la CEE para mejorar el consumo energético y las responsabilidades que conlleva incumplir la nueva normativa. La consecuencia es inevitable: una devaluación de esta herramienta que el propietario del inmueble acaba considerando un mero papel más.
“A esta devaluación se está contribuyendo desde varios ámbitos”, apunta el presidente del Colegio en Cantabria, Miguel Ángel Berrazueta, que cita entre ellos “la actitud de determinados profesionales, la aparición en escena de intermediarios (especialmente, las inmobiliarias) y el desconocimiento de los usuarios”. El Colegio no estaba muy satisfecho con la pasividad que hasta ahora había demostrado la Administración regional que, finalmente, se ha puesto las pilas y ha anunciado su intención de perseguir las certificaciones fraudulentas, además de elaborar una guía de eficiencia energética.

Se hacen certificaciones sin visitar el inmueble

El Colegio hace un balance muy poco satisfactorio de lo ocurrido desde la entrada en vigor de la norma, ya que detecta demasiadas malas prácticas e incumplimiento de la normativa en la realización de las inspecciones: “Determinados profesionales están ofreciendo la certificación sin visitar el inmueble, es decir, a distancia, lo que les permite ofertar precios muy competitivos”, se quejan. El Colegio también denuncia que “se llegan a vender algunas certificaciones” y que profesionales no competentes están ofreciendo estos servicios.
Si se une el incumplimiento flagrante de la normativa por parte de algunos profesionales, que hacen las inspecciones con las discutibles condiciones en que otros ofrecen hacerlas, es fácil entender que se haya producido una auténtica subasta a la baja que ha conducido a precios que los arquitectos técnicos, consideran “muy insuficientes para hacer un trabajo exhaustivo y suficientemente profesional”.
Atribuyen el problema a la escasa información que se ha transmitido a los propietarios de las viviendas y recuerdan que la Certificación Energética es un informe técnico cuyo objeto es aportar información objetiva sobre el consumo energético del inmueble y las posibilidades de reducir este coste económico mediante medidas de mejora. Una información útil tanto para el propietario como para el arrendatario. Berrazueta pone un ejemplo sencillo: “Del mismo modo que cuando se compra un coche, normalmente se considera relevante el dato del consumo, con mayor interés debiera serlo en la compra de una vivienda”.
“Algunos operadores están aprovechando el desconocimiento general y su posición prevalente para hacer negocio fácil”, lamenta, y apunta hacia algunas inmobiliarias, sin dar nombres. El Colegio que preside dice que algunas de ellas están ofreciendo la Certificación Energética a los propietarios y quedándose, como comisión, con la mitad de los emolumentos que pasa el profesional por el informe técnico.

Criterios erráticos

La responsabilidad del seguimiento de la nueva norma recae sobre las comunidades autónomas, ya que a ellas se les atribuye la labor de registro, control e inspección, pero los arquitectos técnicos reconocen que el propio Ministerio está dificultando esa tarea al emitir criterios erráticos sobre los técnicos que son competentes para hacer estas certificaciones y sobre las obligaciones de colegiación.
Para que al menos quede claro que su colectivo sí puede hacerlas, el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores ha colgado en su página web un listado de sus colegiados que ofrecen las certificaciones energéticas y ha divulgado entre ellos las herramientas informáticas necesarias para realizarlas. Pero las expectativas que originó el nuevo campo de trabajo seguirán frustradas mientras la Administración no acabe de delimitar las profesiones que pueden hacer las CEE y los propietarios de las viviendas no tomen conciencia de la importancia de tener una certificación correcta, para ahorrar energía y para evitar sanciones previstas o las reclamaciones de compradores o arrendadores.

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