La amnistía fiscal desvela la fuga de patrimonios a Madrid
¿La mayoría de los defraudadores fiscales están en Madrid o es que la riqueza se concentra cada vez más en la capital de España? Si damos por hecho que la responsabilidad fiscal de los ciudadanos es parecida en todas las provincias –quizá sea más diferente entre países– es inevitable llegar a la conclusión de que los grandes patrimonios se concentran, cada vez más, en Madrid.
De acuerdo con los rendimientos aflorados por los españoles en la reciente amnistía fiscal, la gran bolsa de dinero negro se concentra en la capital del país, dado que cuadruplica la que corresponde a su peso poblacional. En cambio, en Cantabria (1,3% de la población nacional) sólo han emergido 105 millones de euros (el 0,9%) y se han recaudado 10,5, menos que La Rioja, donde viven la mitad de personas.
La huida de los grandes patrimonios hacia Madrid no es un movimiento específico del siglo XIX y comienzos del XX, cuando los propietarios de los latifundios prefirieron convertirse en cómodos rentistas y residir en la capital. Ese fenómeno continúa hoy, pero por otras vías, como la búsqueda de ventajas fiscales, algo a lo que no parece dársele mucha importancia, a pesar del efecto de concentración de rentas que ha producido en favor de la Hacienda madrileña.
Cuando Madrid decidió eliminar su Impuesto de Sucesiones, al establecer una bonificación del 99% en la base imponible creó un efecto aspirador sobre el patrimonio del resto del país. Muchas familias acomodadas de otras regiones, que poseían un inmueble en la capital o tenían posibilidades de adquirirlo, decidieron utilizarlo para convertirse en ciudadanos de derecho –que no de hecho– de Madrid. En un solo año, la Hacienda madrileña registró donaciones por valor de 8.500 millones de euros.
La decisión no fue inocua para otras comunidades, puesto que trasladaba a Madrid unas rentas que ya no tributarían nunca más allí donde se generaron.
Varias otras optaron por aplicar medidas parecidas sobre sus impuestos de Sucesiones y Donaciones, pero con límites, como los que mantuvo Cantabria en las legislaturas pasadas, que mantenían los gravámenes para los grandes patrimonios. El flujo de rentas entre regiones buscando la fiscalidad más favorable disminuyó notablemente tras la igualación a la baja, pero es llamativo que la sensibilidad popular, que se dispara ante muchas otras circunstancias de agravio comparativo, apenas prestó atención a este fenómeno, que ha tenido efectos económicos muy significativos en las arcas de las comunidades autónomas, tanto en las de aquellas que reciben a los propietarios del patrimonio como en aquellas otras que los pierden.
45 veces menos que Madrid
Las diferencias puestas de relieve por la recaudación de esta amnistía fiscal llegan a ser extraordinariamente llamativas. Mientras que en Madrid se han aflorado 4.630 millones de euros, lo que ha aportado al fisco más de 463 millones, en una provincia colindante, como Cuenca, lo recaudado apenas han sido 900.000 euros, quinientas veces menos. Cantabria se queda en 45 veces menos, una proporción que ni de lejos se corresponde con la diferencia poblacional que tiene con la comunidad de Madrid, que no llega a 13 veces.
Ni siquiera puede atribuirse este fenómeno a una concentración en la capital de las cabeceras de las grandes sociedades, puesto que las empresas sólo son propietarias del 7% de lo aflorado. Se trata de patrimonios particulares, que en su mayoría se han gestado a partir de 2007, ya que los ejercicios anteriores estaban prescritos, si cualquiera de los beneficiarios podía acreditar poseerlos antes de esa fecha. Gracias a esta medida extraordinaria, les bastaba con pagar un 10% para regularizar ese dinero escamoteado al fisco.
Las ventajas eran muy evidentes, pero las incertidumbres que rodearon algunos aspectos de esta amnistía fiscal hasta muy última hora provocaron que haya tenido un éxito muy relativo, y hubiese podido ser mucho peor, dado que la inmensa mayoría de las declaraciones tributarias especiales se presentaron en las dos últimas semanas, cuando muchos beneficiarios tuvieron la absoluta certeza de que podían acogerse a la prescripción.
La ventaja más evidente de esta regulación para Hacienda está en que, a partir de ahora, estos contribuyentes tendrán que incluir lo aflorado en sus declaraciones de Renta y Patrimonio.
