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Castas laborales

Zapatero nos ha advertido que cuando la patronal habla de reformar el mercado de trabajo, en realidad lo que quiere decir es abaratar el despido. Es cierto. En este mundo dominado por lo políticamente correcto, hay que buscar circunloquios que dignifiquen cualquier idea difícil de digerir por la ciudadanía o, simplemente, para magnificar lo obvio. Se ha extendido tanto, que cualquier colectivo profesional busca sus propios retruécanos cuando percibe que algo resulta demasiado evidente incluso para los legos en la materia y un médico puede despachar a su paciente sin perder un ápice de prestigio diagnosticándole un ‘episodio asíncrono’ aunque no tenga la menor idea de lo que le ocurre. A falta de mejor consuelo, al menos que la explicación tenga un nombre lo bastante sonoro.
Lo que no dijo Zapatero al desvelar la añagaza es que el mercado laboral español susceptible de reforma cada vez es más estrecho, porque en realidad hay cuatro, cinco o seis mercados laborales distintos. Con las mismas leyes, los derechos de los trabajadores son muy distintos, en función de quien pague. Tanto que cualquier joven que busque empleo debiera saber que su futuro profesional va a depender tanto o más del tipo de empresa que elija que de su propia valía.
La primera constatación es que conviene apostar por una empresa grande o por la Administración pública. En España pagan bastante más las grandes compañías que las pequeñas, tienen más conquistas sociales y ofrecen muchas más posibilidades de carrera profesional. Trabajando lo mismo, en una pequeña empresa pueden pasar años hasta conseguir la fijeza, la proyección hacia otro empleo superior es mucho más incierta por la estrechez de su estructura jerárquica y, como la compañía está más sometida a los vaivenes del mercado, el puesto de trabajo corre más riesgos.
Con la misma experiencia profesional y los mismos méritos, de la Administración no se sale nunca; de una gran empresa sólo con una prejubilación dorada o, en el peor de los casos, con una indemnización cuantiosa y, en cambio, la mejor expectativa de quien trabaja en una pyme es llegar a jubilarse en ella a los 65 años. Hasta ese día, rezará para que la compañía le sobreviva y no acabar cobrando del FOGASA.
Con la misma ley en la mano, los derechos de los trabajadores del sector público, los de una gran empresa y los de una pequeña tienen poco que ver y, en lugar de reducirse las distancias, a medida que pasa el tiempo se han ido ampliando, con la aparición de nuevos niveles inferiores en este sistema de castas laborales. Un cuarto escalón puede ser el de quienes se ven forzados a firmar veinte o treinta contratos en un mes, porque nadie les ofrece otra cosa. El pasado año se hicieron 2,7 millones con menos de una semana de duración. Es la ley del ‘lo tomas o lo dejas’ y como España es el país con más alta tasa de temporalidad del mundo, no quedan muchas más alternativas que tomarlo.
Todavía podría añadirse más escaños en la base de este escalafón, el de aquellos falsos autónomos que han de convertirse en tales porque para el empresario resulta más barato que tenerlos en plantilla o el de los inmigrantes irregulares, al margen ya de la legislación. En teoría, todos los demás están protegidos por los mismos derechos pero sus mundos son tan distintos que cualquier padre español sensato volvería a recomendar hoy a sus vástagos lo mismo que hace cincuenta, cien o ciento cincuenta años: Hijo, si puedes saca una oposición. No hemos cambiado tanto.

Reivindicar lo ajeno

Si el expresidente Ibarreche hubiese visitado una empresa cántabra mientras estaba al frente del Gobierno vasco y, tras convocar a los medios de comunicación locales, hubiese lamentado ardorosamente la peligrosidad del tramo de carretera entre Castro y Ontón exigiéndole al ministro de Fomento una actuación inmediata, en Cantabria se hubiese desatado una tormenta política con grado de huracán. Y no por el estado de la carretera, sino por la intromisión del presidente vecino en un asunto que nos incumbe a los cántabros, por mucho que gran parte de los usuarios de ese tramo sean vascos que van o vienen a su residencia en Noja, Laredo o Castro Urdiales.
Ibarreche no se hubiese atrevido a hacerlo, pero Revilla sí. En Aguilar de Campoo, provincia de Palencia, dijo a todo el que quería oirle lo que pensaba de las obras en los dos tramos que restan de la Autovía de la Meseta y que están, no lo olvidemos, dentro de los límites territoriales de Castilla y León.
Por mucho que nos afecte la conclusión de esta carretera, más le afecta a los palentinos y a los vallisoletanos, aunque no se haya oído la más mínima protesta de su presidente por los retrasos que está sufriendo y tampoco sea objeto de polémica en los medios de comunicación castellanos. La Autovía allí no es noticia y puede que eso nos haya llevado a apropiarnos de una reivindicación que, por mucho que nos empeñemos, no nos corresponde. Si empezamos a reclamar como propias las obras de otros es que no estamos tan mal en comunicaciones como algunos se empeñan en hacer ver.
Cada comunidad tiene unas prioridades y Cantabria, desde hace mucho tiempo, ha medido su desarrollo por la cantidad de cemento y de asfalto que debe figurar en los Presupuestos de cada año. Pero probablemente haya llegado el momento de empezar a pensar en otra cosa, porque es evidente que la muletilla de las carreteras se ha gastado. Quizá tengamos que pasarnos a la del tren, pero en ningún caso a reclamar lo que debieran exigir otros. Y esos tramos son de Castilla que, por cierto, tiene un gobierno del Partido Popular que debiera estar encantado de cantarle las cuarenta al ministro socialista de Fomento si las obras se retrasan o no se hacen. Por prudencia y por respeto a la soberanía ajena, es mejor que nuestras instituciones se metan solo en lo que nos corresponde, que ya es bastante.

Tolerantes con lo intolerable

A quienes se hacen ricos en un año habría que castigarles con la muerte doce meses antes. Es un dicho ruso que Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa Real, sacó a colación en el Parlamento Regional, no para suscribirlo, como cabe suponer, pero sí para demostrar que en las distintas culturas hay prevenciones muy fuertes hacia la legalidad de las riquezas repentinas. En casi todas, menos en la nuestra. En España nunca estuvieron bien vistos los nuevos ricos, hasta ahora que se han convertido en auténtico ejemplo. Y al nonagenario teniente general se le revuelven las entrañas al ver la aceptación que tienen determinados comportamientos y cómo los propios gobernantes han colaborado a la corrupción con la falsa idea de que lo importante es crear riqueza, aunque su origen no sea del todo santo, porque al final es un dinero que se reparte por todos los bolsillos.
Oyendo el enorme rapapolvo de Fernández-Campo parece que el mundo se hubiese vuelto del revés: La nobleza (él mismo es conde) pidiendo una revolución purificadora para acabar con la idolatría de personajes y personajillos que se han convertido en influyentes potentados capaces de hacer cómplices de su estrategia a los políticos locales, a las instituciones y a los propios ciudadanos de a pie, que aceptan los desafueros con la ingenua esperanza de participar en el reparto, aunque sea de las migajas. Contra esa tolerancia se pronunció el ex jefe de la Casa Real que plantó cara la noche del 23-F a los militares sublevados y no contra la tolerancia hacia las ideas, costumbres o creencias ajenas. Su artillería verbal se dirige hacia la aceptación como la menor del delito de cuello blanco y alma de cemento que ha ensombrecido el país y ha creado una cultura en la que, de los muchos caminos que se han abierto para hacerse rico, ninguno pasa por el trabajo.
A sus años y con los servicios prestados al Estado Sabino Fernández-Campo no tiene nada que callarse y menos aún por lo que pedir perdón. Ha sido uno de los padres de la Transición, aunque otros saliesen en más fotos, y tuvo que ser discreto por obligación mientras fue Jefe de la Casa Real y teniente general en activo. Ahora es uno de los pocos que se atreve a decir lo que le piensa sobre una enfermedad social que casi nadie quiere reconocer y se manifiesta intolerante con lo intolerable. España, como todos los países que han crecido muy rápido, ha dejado algunos valores en la cuneta, entre ellos el valor de lo público, el del esfuerzo personal o, incluso, el de la ley. Si el problema fuese solo de los políticos, bastaría con cambiarlos o esperar a que fuesen sucedidos por otros, antes o después, pero está mucho más extendido y la propia Justicia pasó por el ojo escrutador de Fernández Campo, que consideró escandalosa la lenidad de las penas impuestas cuando se trata de asuntos que afectan a conocidos magnates.
Lo curioso es que en esta tolerancia hacia el triunfo tramposo no hay diferencias de clases, ya que quienes han hecho grandes fortunas al calor de lo público suelen ser amparados por los políticos, encumbrados por el pueblo llano –véase el caso de Berlusconi– y exonerados por los jueces. ¿Se puede ser más tolerante que aquellos socios del Atlético de Madrid que aclamaban a Jesús Gil aún después de saberse que compró el club por el descarado procedimiento de quedarse con el dinero que ellos mismos habían puesto?

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